Cada vez más, las mujeres aúnan esfuerzos para combatir el acoso, ya sea educando al personal del transporte en Nueva Delhi, iluminando las calles de Kigali o implementando nuevas medidas policiales-ciudadanas en Quito.
El 22 de este mes, y previo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este jueves, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) presentó el Programa Global Ciudades Seguras Libres de Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Esta iniciativa busca fortalecer y alentar los esfuerzos ya en práctica, además de generar otros.
En Egipto, HarassMap, el «mapa de acoso», es uno de los métodos más innovadores que usan las mujeres para protegerse en el transporte público.
Se trata de una iniciativa privada dirigida por activistas voluntarias, que permite a las mujeres que son víctimas de acoso reportar el incidente de forma anónima mediante mensajes de texto por telefonía celular, correo electrónico o redes sociales de Internet.
La información se compila en una base de datos que sirve para crear un mapa digital de los puntos de El Cairo y otras ciudades egipcias donde el acoso es más severo.
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«Una de las cosas más frustrantes del acoso sexual en Egipto es que a menudo ocurre en áreas muy transitadas a plena luz del día, porque no hay consecuencias o intervención» de las autoridades, dijo Rebecca Chiao, cofundadora del proyecto.
«Uno de los principales objetivos de HarassMap es hacer que el acoso sexual deje de ser socialmente aceptable, rompiendo el silencio y aportando datos que ayuden a afrontar el problema», explicó.
HarassMap utiliza Ushahidi, una plataforma informática inicialmente desarrollada para ubicar geográficamente los informes sobre la violencia post-electoral de 2008 en Kenia. El programa muestra el lugar y la frecuencia de los casos de acoso sexual en tiempo real desde un sitio web público.
«El mapa ayudará a las mujeres a evitar puntos problemáticos y será provisto a la policía ya organizaciones (no gubernamentales) para que puedan aumentar su presencia en estas áreas», dijo Chiao.
Un estudio publicado en 2008 por el Centro Egipcio para los Derechos de las Mujeres concluyó que 83 por ciento de las mujeres egipcias consultadas dijeron haber experimentado alguna forma de acoso sexual. Entre ellas, manoseos, acecho, abusos verbales y exhibicionismo.
Alrededor de 46 por ciento de las mujeres informaron haber sido acosadas diariamente.
El estudio también reveló que, contrariamente a lo que indicaba la opinión pública, el acoso no parecía ser consecuencia del estilo de vestimenta de la mujer. Dos tercios de las víctimas usaban el pañuelo islámico cuando ocurrieron los incidentes.
Decenas de vídeos fueron publicados en sitios web para mostrar el alcance del acoso sexual y la demora de la policía en responder a las denuncias. Las imágenes, así como una gran cantidad de negativos informes de prensa, han avergonzado al gobierno para que se tome el asunto más en serio, según activistas.
«La policía simplemente se cruzaba de brazos y dejaba que los hombres atacaran a las mujeres», dijo Nehad Abu El-Komsan, presidenta del Centro.
«Pero en los últimos tiempos la seguridad mejoró y ahora, cuando las mujeres piden ayuda, la policía está dispuesta» a hacerlo, señaló.
En Nueva Delhi, las organizaciones feministas han centrado su atención en programas dirigidos al personal de la estatal Delhi Transport Corporation, que emplea a 3.600 conductores y cobradores.
A tal fin, el gobierno del estado de Delhi se asoció con la organización no gubernamental Jagori y con Unifem.
Según una investigación del Centro para la Equidad y la Inclusión, 82 por ciento de las mujeres de Nueva Delhi ven a los autobuses como el lugar donde tienen más probabilidades de ser manoseadas o acosadas sexualmente.
«Es necesario ver más allá de la violación y asegurarse de que el acoso sexual en los autobuses y en lugares públicos se trate como un tema serio y no quede sin abordar», dijo a IPS la directora del Centro, Lora Prabhu.
La ecuatoriana María Caiza, de 34 años, vive en Calderón, un barrio de clase media baja ubicado en el nororiente de Quito. Allí «las calles son inquietantes», dijo.
Caiza viaja todos los días a su trabajo, de empleada doméstica, en una zona rica de la ciudad.
«Las mujeres salimos a trabajar y los hombres piensan que como son hombres pueden tocarnos, o peor», relató.
«Nos protegemos entre nosotras en las paradas de autobús, pero también soportamos mucho. Deberíamos protestar y reclamar seguridad, pero es como si no nos atreviéramos», dijo Caiza.
Quito, de 2,4 millones de habitantes, fue elegida para el programa de Unifem debido a la gran violencia de género que se registra tanto en la esfera pública como en la privada, y a un contexto institucional favorable a la creación de instrumentos para combatirla.
Ocho de cada 10 ecuatorianos han sufrido violencia psicológica, física o sexual, según estadísticas oficiales.
De cada 100 personas que presentan demandas por violencia doméstica en la ciudad, 94 son mujeres, y el año pasado hubo 287 ataques contra mujeres, mientras que fueron apenas 16 los registrados contra hombres.
«Donde yo vivo hubo violaciones», dijo a IPS Michelle Loachamín, de 13 años, agregando que la invade el temor cuando baja del autobús para volver de la escuela a su casa.
«Cualquier hombre que se me acerque me pone nerviosa si estoy sola», señaló.
María Cecilia Pérez, quien hasta 2009 fue directora de inclusión social y género en el gobierno municipal de Quito, dijo a IPS que «toda la ciudad es insegura, pero lo es aún más para las mujeres».
Sin embargo, el municipio ha iluminado parques y otras áreas recreativas, además de implementar patrullajes en coordinación con la policía, añadió.
En los últimos 15 años han operado en Quito siete «centros de equidad y justicia», para abordar los problemas de violencia de género y abusos infantiles, entre otros. También se han creado unidades policiales y tribunales especializados
En algunas de las ciudades más pobres, los problemas son inevitablemente más graves, y las soluciones mucho más difíciles. La ruandesa Mujawayezu, de 38 años, reside con sus tres hijos en Kigali, donde se gana la vida vendiendo frutas y verduras.
«Pandillas de delincuentes me acosaban y amenazaban para que les diera parte de mis ingresos diarios. La mayoría de las veces me veía obligada a pagarles una pequeña suma para proteger mi negocio», explicó.
Buena parte de los miembros de las pandillas eran también sus vecinos.
Pero las cosas empezaron a cambiar cuando el gobierno creó una red general de iluminación pública en todas las áreas suburbanas, para mejorar la seguridad de la población.
«Ahora tenemos policía en la comunidad, y por lo menos nos sentimos seguras y protegidas», dijo Mujawayezu.
* Cam McGrath (El Cairo), Ranjit Devraj (Nueva Delhi), Gonzalo Ortiz (Quito) y Aimable Twahirwa (Kigali).
