Mitigando heridas abiertas del progreso en la Amazonia

«Queremos una verdadera indemnización», reclama Luis Nascimento de Freitas, un pescador de Vila Teotonio, el poblado ubicado en la orilla del río Madeira que será inundado al formarse la represa de la Central Hidroeléctrica Santo Antonio.

Vila Teotonio, condenada a la inundación. Crédito: Mario Osava/IPS
Vila Teotonio, condenada a la inundación. Crédito: Mario Osava/IPS
El consorcio que construye la central ofrece una vivienda mejor a las familias desalojadas, reconoce. Pero advierte que no serán indemnizados debidamente por "la pérdida de su fuente de ingresos", que es la pesca y el turismo.

"Los nativos somos los únicos perjudicados, viviremos en una bella casa, pero sin dinero en el bolsillo", insiste.

La insatisfacción de Freitas refleja los conflictos generados por las plantas hidroeléctricas que se multiplican en la Amazonia brasileña y peruana. El progreso, que exige siempre más energía, atropella indígenas, pescadores y otros pueblos ribereños sacrificando su hábitat tradicional y por ende la diversidad biológica y cultural.

Aún así, Santo Antonio Energía (SAE), la asociación de siete empresas y fondos de inversión que ganó la concesión, sostiene que la central que construye inaugura un "nuevo paradigma" en Brasil al llevar a cabo una gigantesca obra de infraestructura, que promueve desarrollo social y la valorización de los recursos naturales.
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Las 104 familias que vivían al lado de la cascada de Teotonio pudieron elegir entre recibir 120.000 reales (69.000 dólares) en promedio, para adquirir una vivienda en otro lugar y sobrevivir en la transición, o mudarse al nuevo poblado construido para acogerlas, distante dos kilómetros.

La Vila Nova de Teotonio cuenta con 72 viviendas coloridas y saludables, hechas de placas prefabricadas y con grandes patios, escuela, canchas y equipos de esparcimiento, además de tiendas comerciales para los que poseían restaurantes y otros negocios en el viejo y rústico caserío de madera.

Solo 42 familias se mudaron este mes al nuevo poblado, donde se pretende restaurar la tradición pesquera y culinaria del anterior, al acercarse la orilla de la represa dentro de tres o cuatro años. La mayoría prefirió el dinero y adquirir una casa en la ciudad más cercana.

"Pero quien sale, vuelve. Gastan el dinero y vuelven a la pesca, no saben hacer otra cosa", precisa José dos Santos, que "por presión familiar" compró una vivienda en Porto Velho, la cercana capital del occidental estado de Rondonia.

"Nací y viví acá, ahora tendré que buscar otro negocio", lamenta el pescador y dueño de dos embarcaciones para turismo de pesca.

La represa afectará 1.175 familias rurales y 504 urbanas en proceso de reasentamiento o indemnización. Cerca de un cuarto negocia sus reclamos, organizadas en el Movimiento de Afectados por Represas (MAB).

Las quejas por más indemnizaciones no se contradicen con las mejoras en el tratamiento a los desalojados. El MAB, solo ahora reconocido como interlocutor, estima que son más de un millón de familias las expulsadas por hidroeléctricas ya construidas en Brasil y que a 70 por ciento de ellas no se les ha respetado sus derechos.

Es una situación inimaginable hoy, en que la aprobación ambiental de los proyectos exige indemnizar y reasentar a los afectados. Sus costos hacen parte del presupuesto y eso ayuda a encarecer la energía en Brasil, según los críticos de las exigencias ambientales.

La central hidroeléctrica de Santo Antonio tiene que desarrollar 28 programas para mitigar o compensar impactos ambientales y sociales, como condición para su construcción y futura operación.

Hasta ahora nada ocurrió pese a los temores de tragedias que causarían Santo Antonio y Jirau, la otra central hidroeléctrica que se construyen 120 kilómetros arriba sobre el mismo río Madeira, ambas iniciadas hace dos años y con un tercio de la obra ya hecha.

No se registró ninguna epidemia incontrolada de paludismo o malaria y tampoco una explosiva migratoria a la ciudad de Porto Velho, a 10 kilómetros de Santo Antonio.

Por el contrario, "hubo una fuerte reducción de la malaria" en áreas de impacto directo de Santo Antonio, asegura Jose Carlos de Sá, analista de Relaciones Institucionales de la empresa, atribuyéndolo al programa de prevención de la hidroeléctrica, que distribuyó más de 14.000 mosquiteros impregnados de insecticidas a la población y variados equipos a la alcaldía local.

Los 19.950 casos diagnosticados de malaria el año pasado en el municipio de Porto Velho fueron 12,9 por ciento inferiores a los de 2008, según la Secretaría Municipal de Salud. Datos parciales apuntan tendencia similar este año.

Pero "no se puede afirmar que ese resultado sea producto del trabajo de Santo Antonio", sostiene Tony Katsuragawa, biólogo coordinador de Epidemiología del Instituto Investigaciones en Patologías Tropicales (Ipepatro).

Es que la malaria se redujo en toda la Amazonia desde 2005, sin causas comprobadas, pero que pueden incluir una combinación de factores naturales, como estiajes más prolongados, deforestación y ciclos de la enfermedad, matiza.

Además, la tendencia varió en las nueve distintas regiones administrativas del municipio de Porto Velho y los datos mensuales del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud indican un aumento de casos en algunas regiones a partir de 2008, cuando empezó la construcción de Santo Antonio, señala.

"No ocurrió la explosión" vaticinada debido a la aglomeración humana en las orillas del río, reconoce el investigador, pero la situación del paludismo cambió también en todo el país y la gran prueba vendrá cuando se llene el embalse de la central hidroeléctrica, multiplicando locales propicios a la reproducción de los mosquitos vectores.

Tampoco estalló la explosión demográfica con el aflujo de 100.000 personas buscando empleo en Porto Velho, un municipio con 426.558 habitantes, según el censo oficial de este año, 91.973 más que en 2000. Las hidroeléctricas atrajeron poco más de 40.000 personas, según la alcaldía.

Los efectos sí se sienten en los precios elevados de inmuebles y en el déficit de escuelas, pero, con las dos obras ofreciendo cerca de 30.000 empleos directos y grandes empresas instalándose en la ciudad, no se agravó el desempleo.

En Santo Antonio, entre 84 y 86 por ciento de los empleados son antiguos residentes del lugar, asegura Eduardo Bezerra, de Relaciones Institucionales de Odebrecht, la constructora que encabeza la sociedad concesionaria. Inicialmente la meta era tener 30 por ciento de mano de obra local.

Para capacitar a los trabajadores necesarios, Odebrecht creó en Porto Velho el programa Acreditar (creer en portugués), que ya se extendió a otras ciudades e impartió cursos básicos y técnicos a 54.000 jóvenes y adultos en todo Brasil.

Santo Antonio se presenta también como la primera gran central brasileña de turbinas tipo bulbo, impulsadas por la fuerza del curso de agua, no por su caída. Por eso no necesita un gran embalse, disminuyendo el impacto ambiental.

Sus 44 turbinas generarán una potencia de 3.150 megavatios. Es que aumentará por un cambio en la altitud del embalse y no hay una cifra precisa.

Pero tantos avances no redimen el pecado de bloquear un gran río amazónico, destruyendo ecosistemas, biodiversidad y la vida de miles de personas, para enriquecer las constructoras e industrias de gran consumo energético, según ambientalistas como Telma Monteiro, coordinadora de Energía de Kanindé Asociación de Defensa Etnoambiental.

En su opinión, "no es verdad" el empleo alardeado de mano de obra local, porque los consorcios contratan a empresas que traen su personal de lejos. Además las concesionarias de las dos hidroeléctricas en el río Madeira violan las leyes, al modificar los proyectos aprobados, sin hacer nuevos estudios de impacto ambiental, afirma.

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