La prórroga de un contrato petrolero por 15 años en el parque nacional Laguna del Tigre, uno de los humedales más importantes de América Central, desató una lucha legal contra la medida gubernamental, cuestionada por activistas, académicos e incluso organismos estatales.
La máxima ofensiva que se prepara es una denuncia contra el Estado guatemalteco, bajo el cargo de violentar leyes para asentar una empresa, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana, firmado en 2004, dijo en entrevista Rafael Maldonado, del no gubernamental Centro de Acción Legal, Ambiental y Social.
Mientras, «existen al menos tres amparos en la Corte de Constitucionalidad y en la Corte Suprema de Justicia presentados por varios grupos, los cuales esperamos se resuelvan favorablemente para que sea suspendida esa extracción petrolera», iniciada en 1985 en el norteño departamento de Petén, señaló.
Las 338.000 hectáreas del parque nacional Laguna del Tigre, una de las «zonas núcleo» más grandes de la Reserva de Biosfera Maya, albergan a numerosas especies como la guacamaya roja (Ara macao), el jaguar (Panthera onca) y el cocodrilo moreletti (Crocodylus moreletii), y a sitios arqueológicos como El Perú y El Tesoro.
Por su extensión y riqueza natural, el parque integra la lista de humedales de importancia internacional, definida en el marco de la llamada Convención Ramsar, que entró en vigor en 1975.
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Pese a ello, el 22 de julio el presidente de Guatemala, el socialdemócrata Álvaro Colom, y su gabinete prorrogaron el contrato de explotación petrolera 2-85 de la anglo-francesa Perenco Guatemala Limited, que vencía el 12 de agosto en el campo Xan, situado en el parque Laguna del Tigre.
De esta forma, Colom despreció una propuesta de diputados alemanes, quienes ofrecían al gobierno pagos compensatorios a través de fondos fiduciarios financiados por diversos socios para renunciar a la extracción petrolera en áreas protegidas.
No obstante, en septiembre el gobierno alemán retiró su promesa de contribuir con 60 millones de dólares anuales durante 13 años al fideicomiso para el desarrollo de la iniciativa Yasuní-ITT, en Ecuador, que justamente pretende compensar la no explotación de 847 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en ese país.
La ampliación contractual, que de no anularse judicialmente regirá hasta el 13 de agosto de 2025, no tuvo el aval de los ministros de Ambiente, Gobernación y Cultura, por considerarla lesiva a los intereses del país, y desencadenó una serie de acciones legales.
«Son varios los estatutos legales violentados: la ley de Áreas Protegidas, la ley de Hidrocarburos, la ley que declara como área protegida la biosfera maya», citó Maldonado.
El jurista consideró que existe suficiente respaldo legal como para declarar inconstitucional la prórroga del contrato. «Tenemos cinco acciones que pueden presentarse de manera diferente para detener esta explotación», dijo.
Hasta ahora, la Corte de Constitucionalidad ha rechazado al menos cuatro acciones en contra presentadas por la estatal Universidad de San Carlos, el diputado opositor Aníbal García, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social y el estatal Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).
Rodolfo Rorhmoser, representante de Conap, dijo a este reportero que activó la demanda contra la prórroga de Perenco porque viola no solo leyes nacionales sino también internacionales, como la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, Ramsar, y el mentado tratado de libre comercio.
«Guatemala podría tener responsabilidades muy grandes por daños provocados al no proteger sus recursos naturales», precisó.
Rorhmoser espera que la Corte Constitucional «reconsidere» su accionar, pues en caso contrario podría elevar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
Miriam Monterroso, de la no gubernamental Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre, indicó a este periodista que la prórroga «es ilegal».
La activista criticó la labor de la Corte de Constitucionalidad por rechazar los recursos legales «con argumentos frívolos en lugar de conocer el fondo del asunto y las amenazas al parque natural», asediado también por la tala ilegal, el tráfico de animales y el ingreso no permitido de personas.
A la polémica se sumó un nuevo ingrediente: Sergio Véliz, ex secretario ejecutivo del Conap, fue acusado de alterar el plan maestro 2007-2011 del parque nacional Laguna del Tigre para que el petróleo no apareciera como una amenaza a esa zona.
Pero el peligro generado por esa actividad extractiva es latente.
Francisco Castañeda, del Centro de Estudios Conservacionistas de la estatal Universidad de San Carlos, aseguró en entrevista que la amenaza de un derrame petrolero en el área persiste, con el riesgo de que alcance unos 300 cuerpos de agua interconectados.
Además, indicó, «hay reportes de una disminución de aves, merma relacionada con la chimenea donde se queman los gases de la petrolera, e investigadores estadounidenses han reportado daños en las cadenas de peces cerca de donde se realiza la extracción».
El experto consideró que «éste no fue un buen negocio para el país», pues las ganancias generadas por la petrolera «podrían conseguirse a través del turismo, la pesca y otras actividades que ofrece el parque».
El pozo Xan produjo 4,5 millones de barriles de crudo en 2009, más de 90 por ciento del total de la producción petrolera anual de Guatemala, los cuales generaron al Estado ingresos y regalías por unos 66,6 millones de dólares, según datos oficiales.
Las regalías obtenidas de esta explotación petrolera podrían ser de unos 500 millones de dólares durante los próximos 15 años, mientras que la conservación de la Laguna del Tigre podría generar 700 millones de dólares, según el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la jesuita universidad Rafael Landívar.
El cálculo se basa en el logro de beneficios a través de la agricultura, el turismo, el transporte, el alimento, la biodiversidad, el agua y la captación de carbono.
* Este artículo es parte de una serie de reportajes sobre biodiversidad producida por IPS, CGIAR/Bioversity International, IFEJ y PNUMA/CDB, miembros de la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org).
