La economía y la democracia de Zimbabwe no mejoraron con las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) hace ocho años, lo que deja serias dudas sobre la efectividad de la medida.
En 2002, la UE impuso sanciones contra el presidente Robert Mugabe, 98 miembros de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF), de las fuerzas armadas, de la policía, jueces, entre otras figuras, y contra sus compañías.
La decisión obedeció al deterioro de los derechos humanos y al clima de inestabilidad política reinante en el país.
La medida incluye la prohibición de viajar al territorio de la UE, el congelamiento de activos, un embargo sobre armas y otros materiales bélicos y que puedan servir para reprimir a la oposición local.
[related_articles]
"Las sanciones no pretenden perjudicar a la población de Zimbabwe, sino a quienes están vinculados a los círculos de poder. Por eso la UE sigue siendo el principal socio comercial de este país detrás de Sudáfrica", indicó.
Para reforzar sus dichos, Dell Ariccia dijo a IPS que la UE aporta 18 millones de dólares a un proyecto para ayudar a recuperar el importante sector azucarero del país. Además mantiene una participación activa en numerosas iniciativas humanitarias.
Pero el historiador Tafataona Mahoso discrepa con él. "Las sanciones son una guerra económica contra el pueblo de Zimbabwe. La vida de la gente empeoró y retrocedió a lo que era en 1953", señaló.
Los millones de zimbabuenses que emigraron a los países vecinos y a otros de Occidente, donde terminaron aceptando empleos que no hubieran hecho aquí, son un ejemplo de ello, indicó Mahoso.
Las empresas no pueden adquirir equipos porque no acceden a las líneas de crédito, explicó Mahoso. El gobierno se esfuerza en proveer servicios públicos porque está obligado a funcionar con una economía en efectivo.
"Sancionar a una economía es sancionar a su población", sostuvo.
"La economía es como un río y las sanciones son como veneno, cualquier persona que dependa de él se verá perjudicada", añadió.
Pero no todos comparten la visión de Mahoso.
"No existen sanciones de la UE ni de otros países occidentales contra Zimbabwe y su población", dijo a IPS el director de la organización de derechos humanos ZimRights (Zimbabwe Human Rights Association), Okay Machisa.
"Las verdaderas sanciones sufridas por los zimbabuenses fueron las que impuso el régimen en 2008 y que coartaron la libertad de expresión y de asociación", añadió, en alusión a las denuncias de fraude en las elecciones de ese año que impidieron el triunfo absoluto del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC).
En febrero de 2009, la ZANU-PF llegó a un acuerdo para formar un gobierno de coalición con la facción del MDC del primer ministro Morgan Tsvangirai, y con la de Arthur Mutambara.
Los problemas económicos del país no tienen nada que ver con las sanciones de la UE, son un resultado directo de políticas económicas pasadas, sostuvo el artista Biko Mutsaurwa.
"La crisis es consecuencia de las políticas neoliberales adoptadas por el gobierno en los años 90 a instancias de las instituciones multilaterales de crédito", indicó, refiriéndose al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional.
"El hecho de que sólo 98 personas y sus empresas sufran las sanciones y que las consecuencias se sientan en todo el país revela el grado de corrupción y de plutocracia reinante", añadió.
"Las personas sancionadas sintieron las consecuencias de las medidas", señaló Dell Ariccia, al ser consultado su eficacia para instaurar un sistema democrático más equitativo. "Sino, no hubieran lanzado una campaña para levantarlas", añadió.
"No cambió nada", según el periodista independiente John Chimunhu. "La represión continúa y las personas sancionadas transfirieron su botín a Hong Kong y siguen saqueando el país", añadió.
