El gobierno de Gran Bretaña estaría dispuesto a pagar una millonaria compensación a siete ciudadanos víctimas de «entregas extraordinarias», la práctica de Estados Unidos de transferir, sin paso previo por tribunales, a sospechosos de terrorismo a cárceles clandestinas en terceros países donde son torturados.
La prensa británica informa que los ministros y los servicios de seguridad habrían concluido en que la exposición de miles de documentos secretos en un juicio público era un riesgo que no podían correr. Los documentos presumiblemente confirmarían la complicidad británica en la entrega de los sospechosos.
La Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés) representa a dos de los británicos en una demanda contra la empresa de navegación Jeppesen DataPlan, subsidiaria de la Boeing Commercial Airplanes, por su papel en el programa de entregas extraordinarias.
La organización dijo en una declaración estar "profundamente preocupada porque, mientras Gran Bretaña y otros países ahora reconocen y asumen su complicidad oficial en los abusos a los derechos humanos cometidos durante la administración de (George W.) Bush (2001-2009), aquí en Estados Unidos el gobierno de Obama sigue protegiendo a los arquitectos del programa de torturas".
ACLU lamentó que esto ocurría mientras Bush y el ex vicepresidente Dick Cheney "fanfarronean de sus crímenes en televisión nacional".
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"Hasta la fecha, ni una sola víctima del programa de torturas de la administración ha tenido su oportunidad en un tribunal estadounidense. Estados Unidos ya no puede permanecer en silencio mientras otras naciones reconocen la complicidad de sus propios agentes", afirmó la organización.
"Reconocer el legado de la tortura restaurará nuestra posición ante el mundo, reafirmará el imperio de la ley y fortalecerá nuestra democracia", añadió.
"Si otras democracias pueden compensar a los sobrevivientes y hacer responsables a los funcionarios por su apoyo a la tortura, seguramente nosotros podemos hacer lo mismo", indicó ACLU.
La semana pasada, durante las entrevistas televisivas para promover su libro de memorias, "Decision Points" ("Momentos de decisión"), Bush afirmó que técnicas de tortura como el "waterboarding" (submarino) eran legales y protegieron a Gran Bretaña de atentados terroristas.
Sin embargo, el primer ministro británico David Cameron parece no opinar lo mismo. De hecho, fue con el aval de Cameron que abogados de los ex detenidos iniciaron las negociaciones con Londres que terminaron con el acuerdo de reparación, cuyo anuncio oficial sería inminente.
Los británicos que recibirían la compensación son Binyam Mohamed, Bisher al-Rawi, Jamil el-Banna, Richard Belmar, Omar Deghayes, Moazzam Begg y Martin Mubanga.
Mohamed y Al Rawi, demandantes en el caso de Jeppesen, afirman haber sido secuestrados, transferidos a prisiones administradas por Estados Unidos en otros países y torturados.
El gobierno de Obama invocó el llamado privilegio de secreto de Estado para rechazar el caso, y tribunales de apelaciones federales le dieron la razón. Pero ACLU pidió que la Corte Suprema revisara esos fallos.
Gran Bretaña es uno de los países que han asumido su responsabilidad por su papel en el programa de torturas del gobierno de Bush.
Londres tiene prevista una investigación sobre el desempeño de sus funcionarios de inteligencia. Se prevé que la pesquisa concluya con un informe para fines de 2011.
Una alta corte británica determinó que documentos confidenciales debían ser divulgados en las audiencias. Esto podría tomar mucho tiempo de estudio y ser muy embarazoso para funcionarios de inteligencia.
Cuando Binyam Mohamed, prisionero en la cárcel estadounidense de Guantánamo, Cuba, demandó al gobierno británico el año pasado por su complicidad en su encarcelamiento y tortura, causó gran revuelo en Londres.
David Miliband, entonces secretario de Estado para Asuntos Exteriores, intentó que la justicia rechazara la demanda arguyendo que Washington había amenazado con dejar de intercambiar información de inteligencia con Londres si el caso seguía adelante. Pero el Tribunal Supremo falló a favor de Mohamed.
El dictamen señaló que Mohamed había sido sometido a "tratos crueles, inhumanos y degradantes" por parte de las autoridades estadounidenses, y ordenó la divulgación de un sumario de siete párrafos de documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos sobre su caso.
El pago de una reparación a Mohamed inevitablemente afectará la reputación de Miliband.
El único otro caso conocido de un prisionero que recibió una compensación por haber sido víctima de una entrega extraordinaria es el de Maher Arar, sirio-canadiense que fue detenido en el aeropuerto de Nueva York al llegar de África del Norte y camino a su casa en Canadá.
Fue transferido a Jordania y finalmente trasladado a Siria, donde fue encarcelado, incomunicado sin acusación formal y torturado. Las autoridades sirias lo liberaron un año después sin cargos.
El gobierno de Estados Unidos actuó siguiendo información provista por Canadá. Después de una investigación de dos años, el gobierno canadiense hizo una disculpa formal a Arar y le entregó una compensación cercana a los 10 millones de dólares.
Sin embargo, aún permanece en la lista de personas que no pueden ingresar a territorio estadounidense.
