«Soy Piedad Córdoba, feminista, humanista y pacifista». Así se presenta esta senadora liberal colombiana, férrea crítica del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), desde que el Ministerio Público le atribuye un alias, usado en supuesta correspondencia encontrada en computadoras incautadas a la guerrilla.
"No soy Teodora Bolívar ni Teodora de Bolívar", repite Córdoba. Para quienes la conocen, ella no escribiría jamás la frase "mi comandante Chávez", que se le achaca.
El procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, jefe del Ministerio Público, ratificó la semana pasada el fallo emitido el 27de septiembre que la destituye del Senado y la inhabilita por 18 años para ejercer cargos públicos.
Ordóñez la acusa de "varios, repetidos, constantes y probados actos de colaboración y promoción" a favor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla izquierdista campesina surgida en 1964.
Esto a pesar de que Córdoba expresa públicamente que la lucha armada "no vale la pena" en el contexto de los gobiernos progresistas de América del Sur, con los cuales la legisladora mantiene cercanas relaciones.
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"La información que fue hallada en los computadores y demás equipos informáticos incautados se consideran lícitos (sic)", expresa el procurador, aunque la legalidad de la prueba se mantiene en entredicho. (Ver recuadro)
Mientras Córdoba da su batalla legal, ya figura en la poco honrosa lista de los inhabilitados en el último año por Ordóñez, que es dominada por corruptos de todo nivel, incluyendo un ex ministro del gobierno de Uribe.
Entre los inhabilitados hay seis políticos condenados penalmente por sus alianzas con los paramilitares ultraderechistas, incursos en crímenes de lesa humanidad, y un general, responsable de desaparición forzada.
También integran esta lista dos ex directores de la agencia de inteligencia Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el secretario jurídico del gobierno anterior, involucrados en espionaje ilegal contra la Corte Suprema de Justicia y contra disidentes como la propia Córdoba.
La defensa de Córdoba argumenta que sólo el Consejo de Estado puede decretar la destitución de un miembro del parlamento. En el Senado se cocina una propuesta para hacer valer esa norma.
La semana pasada el presidente del Consejo, Luis Fernando Álvarez, indicó que Córdoba debe abandonar su escaño mientras esa máxima instancia judicial en lo contencioso-administrativo decide sobre su caso, un trámite que tardaría dos años.
La senadora puede pedir la suspensión provisional de la destitución, "pero eso debe resolverlo el magistrado que asuma el caso", dijo Álvarez. Mientras, la Corte Suprema de Justicia tiene seis meses para decidir si el procurador se extralimitó en sus funciones.
Paralelamente, esa misma Corte investiga si Córdoba tiene vínculos con las FARC.
Hasta la semana pasada la Corte había recolectado unas 50 declaraciones sobre Córdoba, quien logró que las FARC liberaran sin condiciones a 14 rehenes civiles y a algunos uniformados, a los que la insurgencia quería canjear por guerrilleros presos.
Entre los interrogados están policías y militares liberados, así como otros mediadores de paz con la guerrilla y un buen número de desmovilizados de las FARC.
Quizá para reforzar las imputaciones por cuenta de los computadores de la guerrilla, hace unos meses apareció en el escenario un supuesto ucraniano, de acento italiano, que le ofreció a Córdoba armas para las FARC.
La senadora dice que informó sobre la propuesta del extraño personaje al entonces ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia.
El ucraniano llegó a Colombia tras las jugosas recompensas que el gobierno ofrece a cambio de los jefes guerrilleros. En todo caso, la Corte investiga sus denuncias contra Córdoba.
La semana pasada, los investigadores de la Corte habrían interrogado a varios testigos en el restaurante cerca de la occidental ciudad de Cali, donde Córdoba atendió una reunión durante su campaña electoral, y donde el mercenario la abordó.
Por cuenta del ucraniano fueron detenidas 12 personas, ocho de las cuales ya están libres.
Para engrosar el caso Córdoba, la Corte ha escuchado a un buen número de militantes desmovilizados de la guerrilla y a policías y militares liberados, así como a otros mediadores de paz con las fuerzas insurgentes.
"Está muy bien que investiguen", dijo Córdoba a IPS, "es que la persecución que ha sufrido la Corte no tiene nombre", agregó en referencia a las graves presiones sobre los magistrados por parte del gobierno de Uribe, que dispuso que el DAS espiara ilegalmente sus debates reservados y hasta a sus familias.
De hecho, Córdoba tiene previsto pedir a la Corte que recolecte aún más testimonios sobre ella. Concretamente, los de los ex funcionarios del DAS que han negociado confesar a cambio de condenas menos severas.
La senadora suspendida quiere que la Corte, en su caso, inquiera de los ex funcionarios de Inteligencia del DAS cómo la espiaron, quién les dio la orden y con quiénes trabajaba esa agencia en las campañas de desprestigio contra disidentes como ella.
"El ex presidente Álvaro Uribe es responsable de todo y él sabía todo", sostiene Córdoba. A su regreso de los funerales en Buenos Aires de su amigo el ex presidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido el miércoles pasado, anunció que este martes estará en su escaño, "común y corriente".
