La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de declarar admisible la «petición interestatal» presentada por Ecuador contra Colombia por la supuesta ejecución extrajudicial de Franklin Aisalla llega cuando ambos países parecen estar a punto de normalizar sus relaciones.
Tratando de separar los dos ámbitos, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño reiteró que, tal como estaba previsto, el 18 de este mes se reunirá con su par colombiana, María Ángela Holguín, en una esperada cita para tratar los "temas sensibles" pendientes en la relación bilateral.
Pero reacciones de políticos colombianos recogidas por la prensa local una vez conocida la determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 4 de este mes, apuntan a que Ecuador estaría mezclando dos instancias: la diplomática y la judicial. Patiño insistió el lunes en que el restablecimiento de las relaciones plenas y el caso seguido por la CIDH se llevan "por cuerdas separadas". Pero no descartó conversar con Holguín sobre el caso Aisalla, si así lo requiere la canciller colombiana. Hasta ahora el gobierno de Juan Manuel Santos no ha formulado ninguna declaración oficial al respecto.
Ambas naciones vecinas recompusieron relaciones a nivel de encargados de negocios, no así de embajadores, pues está pendiente la entrega de información por parte de Bogotá sobre cómo se desarrolló el ataque a la base clandestina de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008.
Justamente el ecuatoriano Aisalla murió en el marco de ese ataque militar, junto con otras 24 personas, entre ellos cuatro mexicanos, guerrilleros colombianos y el miembro de la cúpula de las FARC "Raúl Reyes".
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El ataque al sitio ecuatoriano de Angostura, próximo a la frontera común, fue ejecutado sin previo aviso de la administración colombiana, entonces en manos del derechista Álvaro Uribe, al gobierno izquierdista de Rafael Correa de Ecuador e incluyó bombardeos desde el aire y operaciones en tierra.
La decisión de la CIDH, adscrita a la Organización de los Estados Americanos y con sede en Washington, es histórica pues, por primera vez en sus 50 años, este organismo aceptó la petición de un Estado contra otro. En este caso, Ecuador acusa a Colombia de violación del derecho a la vida de Aisalla mediante una supuesta ejecución extrajudicial.
La admisibilidad significa que la CIDH se declara competente para conocer el caso y que la petición cumple con los requisitos exigidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El informe de admisión fue firmado el 21 de octubre.
"Celebramos que Ecuador haya recurrido a las vías legales" para solucionar el conflicto que llevó al rompimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia, dijo a IPS en Bogotá el jurista Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que lleva casos ante la CIDH.
"La verdad es que cuando se había avanzado mucho en la normalización de las relaciones, viene esta decisión de la CIDH, que no deja de ser importante, pero que hará ruido en la próxima reunión de cancilleres", señaló a IPS el jurista Iñigo Salvador, director del Centro de Investigación de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Carreño consideró que la admisión del caso y su respectivo trámite están dentro de los mandatos legales de la CIDH, en contraposición a los argumentos del gobierno colombiano, que ahora debe usar este canal para mostrar "su ausencia de responsabilidad o hacer descargos", acotó.
"Vemos importante que se siga en ese trámite, en esa instancia internacional, y no que se proceda por vías de hecho, como hizo el gobierno colombiano. Los conflictos hay que solucionarlos por vías jurídicas, pacíficas. Y someterse a las decisiones de las instancias internacionales en lo que corresponda", planteó Carreño.
Aunque la OEA no condenó a Colombia por el ataque, sí la declaró responsable de violación territorial. El entonces presidente Uribe (2002-2010) presentó excusas públicas a Ecuador y dijo que esos hechos no se volverían a repetir.
Esa "es una declaración de responsabilidad", consideró Carreño.
En la fase que sigue, "cada Estado —Ecuador y Colombia—, tendrá la obligación de aportar las pruebas respectivas para argumentar los hechos en los cuales se basan sus pretensiones. Que eso se haga público y que se conozca a nivel internacional nos parece conveniente para que este tipo de situaciones no se repitan", añadió el jurista colombiano.
"Ecuador sostiene que Aisalla fue capturado vivo y luego ajusticiado por las Fuerzas Armadas colombianas, y probarlo va a ser complicado, pero es importante que se debata el tema", coincidió Salvador.
Después del ataque, Colombia identificó equivocadamente al cuerpo de Aisalla como el del guerrillero colombiano Julián Conrado y, más tarde, como el del ecuatoriano Franklin Ponelia, y adjudicó su muerte a la explosión de una bomba.
Un informe del 11 de octubre de 2008 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia atribuyó la muerte de Aisalla a "lesiones por elementos explosivos y penetrantes que comprometieron severamente el cráneo, las estructuras encefálicas y vísceras torácico-abdominales".
Pero Quito sostiene que fue víctima de una ejecución extrajudicial, por una serie de golpes en la cabeza. Un informe de criminalística de la Policía de Pichincha, provincia donde se ubica Quito, asevera que el cadáver tenía una "fractura multifragmentaria en la región occipital y temporal izquierda de seis por ocho centímetros", además de tres heridas en el tórax.
"La Comisión puede recomendar acciones, pero si se continúa la causa puede desembocar en una sentencia de la Corte" Interamericana de Derechos Humanos, dijo por su parte el procurador general del Estado, Diego García, quien lleva la causa por parte del Ecuador.
"Personalmente aspiro a que no se alargue el proceso y podamos resolver esto en el camino, sin llegar a la Corte", sostuvo. "El derecho a la vida se protege sobre cualquier otra circunstancia", aclaró García, consultado sobre si la decisión de la CIDH descartaba el argumento presentado por Colombia de que Aisalla era un guerrillero que se encontraba en el campamento de las FARC.
"Colombia se equivocó al pretender sustentar su argumentación en lo que hacía esa persona en ese lugar, aquel día. Hubiera hecho lo que hubiera hecho, esa persona tenía derecho a la vida y a ser juzgada de acuerdo a las leyes nacionales e internacionales", enfatizó García.
Ecuador busca que Colombia reconozca los hechos como sucedieron, es decir, "que producida la Operación Fénix, las Fuerzas Armadas de Colombia tomaron control de una zona del territorio ecuatoriano y que, estando en esta zona, el Ejército colombiano ejecutó sumariamente al ciudadano Aisalla", planteó el procurador.
La reunión del día 18 entre los cancilleres busca precisamente aclarar las circunstancias de la muerte, pero en el ámbito diplomático bilateral, no ante el sistema interamericano.
Adicionalmente, Ecuador busca ante la CIDH que el gobierno colombiano se comprometa a no realizar incursión alguna a territorio ecuatoriano y que compense a los padres de Aisalla por los perjuicios que les ocasionó la muerte de su hijo.
"Se trata de un revés para Colombia, que negó sistemáticamente la competencia de la CIDH, incluso abandonando abruptamente la audiencia (convocada para tratar la muerte de Aisalla) en marzo de 2010", comentó Salvador.
* Con aporte de Constanza Viera (Bogotá).
