La familia Zolinger, típico ejemplo de las que emigraron del sur de Brasil a la Amazonia en busca de tierras y fortuna, tiene ahora una segunda oportunidad como extractora de madera, tras contribuir a la devastación de los bosques de Rondônia, donde se establecieron en 1979.
La madera que de él se extrae se considera sustentable.
Antes, en el vecino estado de Rondônia, los hacendados "nos daban solo un año para sacar la madera" de sus extensos predios, porque querían deforestarlos pronto y liberarlos para el ganado o la siembra, dijo a Tierramérica.
Algunos propietarios, considerando demasiado bajo el precio de la madera, "preferían quemar todo el bosque" y destruir incluso caobas y otros ejemplares de gran valor comercial, acotó. La extracción de caoba, amenazada de extinción por la tala excesiva, terminó prohibida. Otras especies también desaparecieron del mercado legal.
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Ese desperdicio obligaba a buscar madera de interés comercial cada día más lejos, lamentó Zolinger. Ahora, a más de 1.300 kilómetros al oeste de su hogar en Vilhena, municipio del extremo oriental de Rondônia, él, su padre y su hermano mayor participan en una novedosa experiencia en Acre.
Antimary, oficializada como área de conservación y aprovechamiento sustentable en 1997, es pionera en el uso controlado de sus frutos, incluso los no madereros, como la castaña, el caucho y varias semillas, adelantándose a la Ley de Concesiones Forestales, que el Congreso legislativo aprobó en 2006 y que sólo en 2008 empezó a generar los primeros contratos de hasta 40 años.
A la empresa familiar de los Zolinger le tocó extraer madera según el plan de manejo de una selva de 47.000 hectáreas, bajo gestión de la Secretaría Estadual Forestal de Acre. Este año pueden talar árboles identificados con precisión en hasta 4.000 hectáreas.
También tenían ese límite en 2009, pero sólo cubrieron poco más de la mitad, pues cuentan con un equipo reducido de 12 trabajadores, además de los tres patrones que también trabajan duro, y las lluvias se prolongaron hasta comienzos de junio. Este año pudieron empezar la extracción en mayo.
El trabajo debe concentrarse en el "verano" amazónico, los cuatro o cinco meses en los que llueve poco. Cualquier lluvia impide el transporte de los pesados troncos por caminos de tierra resbaladiza en una superficie de cuestas y pendientes.
Un mapa detallado del bosque identifica con números los árboles de especies comerciales y tamaño adecuado. Pero no se puede tumbar aquéllos ubicados en la faja azul, un área de preservación permanente de 30 metros de ancho a orillas de los ríos y arroyos, explicó el padre, Oscar Zolinger, de 67 años, que inició a su familia en el negocio maderero.
Esa faja preservada podría reducirse a la mitad si prospera en el Congreso una propuesta de revisión del Código Forestal a la que se opone el movimiento ambientalista.
La medida aumentaría en 25 por ciento la madera extraída en Antimary, porque permitiría talar "más árboles y justo los de mejor calidad y más altos", evaluó "Chico" Zolinger, el hijo mayor. Él estima que la productividad actual de la selva es de entre siete y ocho metros cúbicos de madera por hectárea, y llega hasta 10 metros en las mejores áreas.
La sumaúma (Ceiba pentandra), un árbol enorme de madera blanca y crecimiento rápido conocido como ceiba y palo santo en otros países, es la más aprovechada en Antimary, donde también se cortan especies antes descartadas por su "bajo valor comercial", como el tauari (Couratari oblongifolia Ducke & R. Knuth), pero que ahora tienen mercado ante la escasez de otras "más nobles", informó Chico Zolinger.
El manejo también obliga a preservar grandes árboles para asegurar la buena herencia genética de las especies. Pese a eso, hay expertos forestales escépticos sobre la sustentabilidad del manejo a largo plazo, debido al deterioro genético que causa la tala del mejor ejemplar de cada área.
Antimary es una "experiencia única" en Brasil, su manejo es comunitario, pues la explotación no se concede a una empresa sino a asociaciones de pobladores del bosque, "de manera no onerosa", y las ganancias de la venta de madera se dividen entre las 56 familias residentes, explicó el secretario estadual de Florestas, Carlos Duarte, conocido por el apodo de "Resende", nombre de su ciudad de origen.
Raimundo Tavares da Silva, de 34 años y seis viviendo en el bosque, es uno de los beneficiados, con su mujer y dos hijos pequeños, como miembros de una de las tres asociaciones. El año pasado ganó 3.200 reales (1.850 dólares) y en este ya recibió una primera parte de 2.172 reales (1.280 dólares).
Además, cada familia dispone de 100 hectáreas de bosque donde cosechan castaña, otros frutos y caucho, con el permiso de deforestar hasta 20 por ciento de la superficie, al ritmo de una hectárea al año, para cultivar y criar hasta 30 vacunos, explicó.
También cuentan con escuelas. Y, lo mejor, la extracción maderera obligó a construir una carretera de unos 30 kilómetros que —si bien de tierra convertida en fango cuando llueve— permite llegar a la pavimentada BR-364. "Antes llevaba nueve días arribar a la ciudad más cercana" a pie, destacó Silva a Tierramérica.
En Acre no hay "concesiones forestales privadas", observó Resende. Extender la experiencia de Antimary a los otros tres bosques públicos estaduales existentes, y a otros dos por implantar, exige capacitación previa de los pobladores y lograr que superen la inseguridad alimentaria, para evitar que deforesten.
Acre tiene 88 por ciento de sus áreas boscosas preservadas, que ampliará con la plantación de especies nativas y productivas, como la seringueira (el árbol del caucho), la castaña y el açaí, una palmera de fruto muy demandado, anunció.
El manejo forestal permitió multiplicar por 20 el valor patrimonial de los bosques nativos de Acre, que hace 12 años era de solo 35 reales (20,50 dólares) por hectárea. Y eso es importante para evitar la deforestación, concluyó Resende.
* Este artículo fue publicado originalmente el 16 de octubre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
