Al anunciar la estatización de Agroisleña, una firma estratégica del sector agrícola fundada por españoles hace medio siglo, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, envió una fuerte señal de que la revolución que lidera se profundiza pese a la merma en las adhesiones recogidas en las elecciones parlamentarias.
Chávez ordenó, además de la expropiación de Agroisleña, ocupar en las próximas semanas otras 250.000 hectáreas de tierras y reclamó a la Fuerza Armada Nacional que acelere la formación de milicias populares armadas.
"¿Quién ha visto una milicia desarmada? Eso es una ridiculez. Necesitamos milicias territoriales conformadas por productores, obreros, campesinos, por el pueblo en armas", arengó, dirigiéndose a los jefes militares.
Las milicias son rechazadas por sectores de la población contrarios a Chávez, pues las perciben como el "brazo armado" del sector político que enfrentan.
Chávez "comprendió la lectura interna y sobre todo internacional de los resultados de las elecciones de septiembre como un revés para su propuesta política, y se vio obligado a dar una demostración de que su revolución sigue avanzando", observó para IPS el analista político Manuel Felipe Sierra.
Los comicios del 26 de septiembre para renovar la unicameral Asamblea Nacional le dieron 98 escaños al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y a su pequeño aliado, el Partido Comunista, dos al izquierdista Patria Para Todos (PPT), sus ex compañeros de ruta, y 65 a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Ese cuerpo legislativo estuvo en exclusivamente manos de seguidores del chavismo desde 2005, hasta la escisión del PPT, debido a que la oposición no se presentó entonces a la competencia aduciendo que las autoridades electorales no eran confiables.
En cantidad de votos, el oficialismo sumó en septiembre 5,4 millones, mientras que la Mesa de Unidad Democrática recogió 5,3 millones y el PPT y pequeños grupos centristas de oposición otros 600.000.
"El resultado castigó errores de la gestión gubernamental, pero se mantiene el plan del gobierno y de la revolución para afectar la propiedad, aunque aquí el error está en no aclarar cuáles sectores y empresas de cuál tamaño serán afectadas", dijo a IPS Leopoldo Puchi, quien fue ministro de Familia en 1999-2000, en el primer mandato de Chávez.
Una semana después de los comicios, Chávez retomó su programa semanal de radio y televisión "Aló Presidente" y allí anunció sorpresivamente la expropiación de Agroisleña, fundada en 1958 por inmigrantes de las españolas Islas Canarias y dedicada al financiamiento agrícola y la comercialización de semillas, fertilizantes y otros insumos agrícolas.
"La envergadura de esa empresa, que en 20 de los 24 estados del país vende la mitad de las semillas para siembra y financiaba a 18.000 productores, significa que el Estado consolida su control sobre todo el sector agrícola", destacó Sierra.
Chávez acusó a Agroisleña de vender semillas demasiado caras, especulando con los precios de este insumo y de fertilizantes. "Basta, se acabó. Ahora pasa a ser propiedad popular, propiedad (de la) patria", dijo. Al informarse que trabajadores de la firma pedían que se rectifique la medida, indicó: "Que protesten, es su derecho, pero están expropiados".
Por su parte, la compañía rechazó "absoluta y categóricamente una medida de expropiación". "Nos cuesta mucho creer que una empresa como Agroisleña pudiera llegar a ser expropiada y la única explicación que se nos ocurre por los momentos es que el señor presidente de la República no haya sido suficientemente bien informado", indicó en un comunicado emitido este lunes.
El gobierno también ordenó estatizar todas las tierras en manos de la firma ganadera británica Vestey, varias de cuyas fincas fueron estatizadas en 2005, y acentuar la "lucha contra el latifundio" en llanuras como las del noroccidental lago de Maracaibo, una región que votó masivamente a favor de la oposición para la Asamblea Nacional.
Eduardo Gómez y José Manuel Pérez, empresarios agrícolas elegidos diputados en listas de la MUD, criticaron este lunes "la expropiación de empresas que hacen posible la producción nacional, para favorecer en cambio las de países a los que compramos alimentos", como Brasil, Argentina, Colombia, Nicaragua y Uruguay.
Puede expropiar una empresa por razón de utilidad pública, admitió Pérez, pero, preguntó, ¿dónde está el plan para Agroisleña?"
Desde 2001, el gobierno ha recuperado unos tres millones de hectáreas de tierras que estaban en manos de empresas privadas y ha entregado a decenas de miles de familias permisos para trabajar en unos dos millones de hectáreas.
Según cifras de entidades privadas, Venezuela compra cerca de 70 por ciento de los alimentos que consume la población.
Se informó que los propietarios de Agroisleña, herederos de los españoles fundadores, iniciaron contactos con Madrid para que intervenga ante Caracas en defensa de sus intereses.
Las nuevas expropiaciones fueron acompañadas de anuncios presidenciales de nuevos programas de vivienda, una de las carencias más sentidas por la población, y renovados llamados a "desterrar el burocratismo y la ineficiencia" en el Estado.
Mientras, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela descartaron que se vaya a propiciar un diálogo con la bancada de oposición una vez que se instale en enero la nueva Asamblea. También indicaron que los diputados salientes aún en funciones aprobarán nuevas "leyes revolucionarias" en las próximas semanas.
Según Puchi, "en realidad nunca estuvo planteado que Chávez torciese su rumbo, ni siquiera en la eventualidad de que la oposición hubiese ganado más bancas en la Asamblea Nacional". "Su plan de gobierno sigue, aún cuando medidas como las estatizaciones se presenten de una manera sorpresiva o desordenada", añadió.
Sierra, a su vez, entiende que "el proyecto de Chávez es de confrontación, y por eso confronta a los sectores políticos y económicos que le son adversos". "Las revoluciones no se detienen, y él considera que está al frente de una revolución", dijo.
La otra cara de la moneda en la lucha política que parece sin reposo en Venezuela es que los sectores contrarios a Chávez entienden "que han alcanzado una victoria política, aunque no en números parlamentarios, el 26 de septiembre", según Sierra.
La oposición, "al franquear con relativo éxito la puerta del 26 de septiembre despeja su propio camino para buscar enfrentar y vencer a Chávez en diciembre de 2012", cuando se realizarán elecciones presidenciales para el sexenio 2013-2019, comentó.
En cambio, Puchi no descarta que puedan producirse acuerdos puntuales en la Asamblea, "pero lo que muy probablemente veremos será a políticos confrontados en la Asamblea mientras fuera del ámbito parlamentario seguirá la protesta de sectores de la población social si no les satisface, como en los dos últimos años, la gestión del gobierno".
