Aunque previsible, el regreso del ex presidente Álvaro Uribe a la política de Colombia causa conmoción y tiene un claro propósito: atravesarse en el camino de dos proyectos bandera de su sucesor, Juan Manuel Santos, el de reparación a las víctimas y el de restitución de tierras.
La misma malhumorada sorpresa expresa Francisco Gutiérrez. "La rumba uribista de ocho años sigue dando de qué hablar", escribe el columnista, mientras el líder del opositor partido Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, anota sarcástico: "Que yo sepa él no se ha ido."
Sorpresiva o no, la vuelta de Uribe tiene un objetivo inmediato: obstaculizar el avance de dos proyectos impulsados por Santos desde que asumió la Presidencia el 7 de agosto: la restitución de tierras a quienes le fueron usurpadas durante el conflicto armado y el de reparación a las víctimas de ese conflicto, con independencia de cuál fue el agresor.
Uribe ha insistido en la misma idea con que ya saboteó el año pasado otro proyecto de ley para reparar a las víctimas. Asegura que no son iguales las víctimas de las grupos armados ilegales y las de los militares con los "falsos positivos", de muertos a los que el Ejército ejecutó e hizo pasar como guerrilleros izquierdistas caídos en combate.
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Los familiares de estos muertos deberán esperar una sentencia judicial antes de recibir indemnización alguna, al contrario del proyecto de Ley de Víctimas introducido al bicameral Congreso legislativo el 27 de septiembre por Santos en persona, para subrayar la importancia que le asigna.
Con igual obstinación, el ex presidente rechaza la idea de quien recibió el testigo de la Presidencia, tras sus ocho años en el poder, de impulsar la restitución de tierras mediante la llamada inversión de la carga de la prueba. Desde ahora, en caso de litigio los poseedores de fincas y haciendas deben demostrar que las adquirieron legalmente.
Argumenta Uribe que esa medida "podría desmejorar la inversión en el campo".
Para el ex senador Petro la obstrucción del ex presidente no tiene un origen personal sino ideológico. "La extrema derecha, un núcleo duro del uribismo, es la expresión política del latifundismo, listo para sabotear las reformas, combinando todas las formas de lucha: políticas y violentas", plantea.
Ésta es solo una de las dificultades que está sorteando el proyecto bandera del gobierno de Santos, miembro del derechista Partido de la U de Uribe y ex ministro de su gobierno, pero distanciado de su mentor tras llegar al presidencial Palacio de Nariño.
Es un plan ambicioso al que miran con escepticismo críticos como el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes (1990-1994). "Son iniciativas justas y populares, pero el fervor no es suficiente para sacarlas adelante si no se cuenta con los recursos", plantea.
Esta falta de recursos es evidente cuando se mira el costo que tendría el resarcir plenamente a las víctimas. No bastará devolverles sus tierras, sino entregarlas sin deudas y éstas ya suman 188,4 millones de dólares.
En vista de esto los compradores de tierras están ofreciendo a los campesinos adquirir su deuda a cambio de un bajo precio por las tierras restituidas.
El gobierno ya detectó la acción paralela de estos negociantes y funcionarios del Ministerio de Agricultura enfrentan estos días a un poderoso grupo de compradores de tierras en los Montes de María, en el norte del país.
Hasta ahora son 75.000 hectáreas las que han vendido los campesinos a 275 dólares por hectárea, que sus compradores revenden 716 dólares. El gobierno está revisando esas compras masivas en un intento por evitar la estafa.
El analista Fernando Barbieri señala otra dificultad, originada en un vacío legal, que tiene en cuenta a los propietarios, pero no a tenedores, ocupantes y poseedores.
El sociólogo e historiador Darío Fajardo suma otro grave obstáculo. "Mientras los beneficiados de la actual situación (de distribución inequitativa de la tierra) y de los recursos del Estado, continúen formando parte del poder, continuará ampliándose la concentración de la propiedad", puntualiza.
Alude el antiguo representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a los miembros del parlamento, que son a su vez terratenientes la mayoría de ellos y que obstaculizarán el proceso de aprobación de una ley que afecta a sus intereses o los de sus amigos.
Una de las primeras medidas de los legisladores ha sido fusionar los proyectos de tierras y de víctimas, lo que Petro definió como "una maniobra entorpecedora".
Con el irregular consentimiento de jueces, notarios y oficinas de registro, se expidieron títulos fraudulentos, que el gobierno ha empezado a encontrar y a anular en una laboriosa operación legal.
Y a todas estas dificultades se suma la indispensable previsión que urge Petro: la víctima puede recibir la tierra pero se arruinará en dos meses porque el modelo actual no está a favor de los productores de alimentos, sino del lado de los productores de biocombustibles.
Los 40 líderes campesinos asesinados cuando reclamaban las tierras usurpadas, son una señal de alerta y, al mismo tiempo, un indicador de otra dificultad, que Petro definió como una de las formas de lucha de los latifundistas: la ola de violencia.
Ha sido necesario construir un mapa de riesgos de 1.102 municipios "donde incluimos la restitución (de tierras) dentro de las variables de criminalidad," informó Eduardo Pizarro, director de la gubernamental Comisión de Reparación y Reconciliación.
Los antecedentes de esta política de restitución de tierras son premonitorios: en los años 50, los intentos de Reforma Agraria fueron ahogados en sangre. Lo que ahora intenta Santos hace temer otra reacción violenta, por la amplitud de sus propósitos, que incidirán en la estructura de tenencia de la tierra.
"Implicaría un salto de superación de la pobreza y la inequidad más grande que cualquiera de los que se han dado en décadas," afirmó Petro.
Según el gobierno "habrá una reorganización del campo, beneficios para las minorías étnicas y una reglamentación fiscal de la tierra".
Aún con reservas, el investigador Fajardo admite que estos cambios en la propiedad de la tierra implicarán una redefinición democrática de la estructura de la propiedad.
Pese a los obstáculos que ya han comenzado a surgir en la ambiciosa empresa, la prensa colombiana comenzó a destacar sus logros.
Por ejemplo, el día 16, el diario El Espectador tituló en su primera página: "En marcha plan de restitución de tierras", al contar la devolución de 312 mil hectáreas a 130.000 familias.
El Tiempo resaltó: "300 mil hectáreas serán entregadas a campesinos", en el título de ese mismo día, al informar que en los próximos seis meses 130.487 familias reclamarán títulos por restitución o adjudicación.
Sin embargo, el ministro de Agricultura, el conservador Juan Camilo Restrepo, siente que el programa avanza "a paso de tortuga". Trescientas mil hectáreas resultan un dato insignificante frente a las 4,5 millones que les fueron arrebatadas a los campesinos.
