Activistas de Taiwán reclaman mecanismos democráticos y mayor transparencia para «contener» los riesgos que suponen una serie de acuerdos suscritos entre Taipei y Beijing.
Desde que el presidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, llegó al gobierno de la isla en mayo de 2008 lleva adelante una "diplomacia de papeles" en un intento por "reconciliarse" con China, tras una década de tensiones.
Desde entonces, Taipei y Beijing suscribieron 12 tratados, incluido el controvertido Acuerdo Marco de Cooperación Económica (AMCE) a través del estrecho de Taiwán.
Está prevista la firma de más documentos sobre inversión y cooperación médica en diciembre.
Las relaciones parecen haberse distendido. El gobierno del Partido Nacionalista Kuomintang (KMT) arguye que su política contribuyó a acelerar los acuerdos bilaterales, el turismo y el flujo de capital.
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Pero muchos activistas taiwaneses discrepan y critican los efectos secundarios de los tratados.
"Tras la firma del AMCE, el impacto de la economía china dejó de ser un riesgo abstracto y se hizo real, favoreciendo una excesiva dependencia económica que perjudica la distribución de ingresos y atenta contra los derechos humanos", señaló Son Yu-lian, secretario general del Frente de Trabajadores de Taiwán.
"No podemos ignorar a China", reconoció. "Pero tenemos que tratar de evitar una excesiva dependencia y preservar estándares básicos de derechos humanos, justicia social, democracia y transparencia en nuestras relaciones con China", añadió.
El Frente de Trabajadores de Taiwán es una de las 20 organizaciones que en julio conformaron una alianza para impulsar la participación de la sociedad civil y la transparencia del gobierno en las negociaciones de tratados entre Taiwán y China.
La primera gran tarea de la Alianza para Controlar el Acuerdo a través del Estrecho fue realizar una "revisión ciudadana" del AMCE.
El acuerdo fue suscrito el 29 de junio por el presidente de la Fundación de Intercambio por el Estrecho, Chiang Ping-jun, y su contraparte chino Chen Yunlin, de la Asociación para las Relaciones a través del Estrecho de Taiwán (Aret).
El tratado de libre comercio es muy amplio. Sin embargo, el gobernante KMT, con 74 asientos de los 112 que tiene el parlamento, más que los 33 escaños del opositor Partido Democrático Progresista (PDP), hizo caso omiso de los reclamos de revisión del Acuerdo Marco.
"El manejo del AMCE que hizo el gobierno de Ma no cumple con los requisitos de transparencia de un sistema democrático", señaló el portavoz de la Alianza Lai Chung-chiang.
La organización reunió a especialistas y a otras instituciones para revisar el tratado en detalle. Luego envió las conclusiones a los legisladores del partido gobernante, al PDP y los cinco legisladores independientes, que suelen votar con KMT, y lo hizo público.
En un informe divulgado el 11 de agosto, la Alianza reclamó que se elimine un artículo que autoriza a crear una "comisión conjunta de cooperación económica" que tendría la potestad de negociar otros acuerdos sin contar con la revisión ni autorización del parlamento.
El estatuto que rige las relaciones con China, promulgado en 1992 y revisado en 2002, sólo permite a la Fundación de Intercambio del Estrecho negociar cuestiones "pragmáticas" o "técnicas" con Aret, señaló el profesor Max Huang Kuo-chang, del Instituto Sinica de Investigación Asociada a Estudios Legales.
El documento "no prevé" que la Fundación negocie grandes tratados ni le "delega" poderes permanentes, explicó.
La Alianza de la sociedad civil también pide a los negociadores de este país que propongan artículos que aseguren que la implementación del tratado no atentará contra los derechos humanos y laborales, el ambiente y la equidad de género.
Según el secretario general de Responsabilidad Social Corporativa, Tseng Chao-ming, ya existe ese tipo de artículos en los preámbulos o en cláusulas separadas de otros acuerdos de libre comercio, suscritos por China, pero no se han incluido en el AMCE.
Ahora la Alianza está atenta a lo que ocurrirá en diciembre.
"Los acuerdos deben incorporar fuertes garantías de protección de los derechos humanos como la participación de personas en pruebas de nuevos medicamentos", señaló Lai.
La presión de Beijing para negociar el retiro de más de 1.600 misiles que apuntan a Taiwán muestra que las relaciones entran en un "periodo mucho más complejo en el que se tratarán asuntos extremadamente sensibles", advirtió Lai.
"Taiwán tiene que tener un mandato legal y un sistema de revisión y de control democrático con un alto grado de responsabilidad y transparencia antes de que comiencen conversaciones sobre asuntos políticos", indicó.
