Aborígenes de Malasia, conocidos por el nombre genérico de «orang asli», preparan más movilizaciones en protesta por un proyecto de ley que los privaría de sus tierras ancestrales.
Los orang asli representan 0,5 por ciento de los 27 millones de habitantes de este país de Asia sudoriental.
A principios de este año, unos 5.000 indígenas protestaron contra el proyecto de ley en Putrajaya, capital administrativa de Malasia.
En vez de suavizar su postura, los defensores de la iniciativa parecen haber redoblado sus esfuerzos para lograr su aprobación.
El público todavía no conoce el texto del proyecto, pese a que está previsto presentarlo al parlamento en diciembre, para que sea aprobado en enero y promulgado en marzo de 2011.
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Los indígenas perderán casi 80 por ciento de sus tierras, que se usarán para construir nuevos poblados, proyectos industriales y recreativos, incluidas fábricas y terrenos de golf.
"Hay un apuro nefasto por aprobar la ley", dijo Ragunath Kesavan, presidente del Consejo de Abogados de Malasia, que ayuda a los orang asli y les brinda asesoramiento gratuito.
"No entendemos la necesidad de tanto secreto, a menos que sea para anular las protestas", añadió Kesavan.
"Queremos saber por qué no nos consultaron antes", dijo a IPS la líder indígena, Tijah Yok Chopil. "Si se aprueba nos sacarán las tierras, destruirán nuestra cultura y nuestro patrimonio. Nos obligarán a vivir de pequeñas parcelas de tierra que no son sustentables", apuntó.
"Vivimos en simbiosis con nuestra selva", explicó. "Vivimos de ella y sólo tomamos lo que necesitamos. Con el nuevo plan, sucumbirá bajo la motosierra", añadió.
Los orang asli son los pobladores originales de la península de Malasia, antes de la llegada de los malayos. Son 18 tribus, la mitad de las cuales siguen viviendo en, o cerca de, la selva, y otros son semi-nómades.
Casi 77 por ciento de los orang asli son pobres. Según el gobierno, esa es la razón por la que es necesaria la nueva ley, que permitirá que 30.000 personas tengan un hogar en un territorio de entre 0,8 y 2,02 hectáreas con palmeras aceiteras.
El proyecto permitirá que los indígenas se asienten y se alimenten de sus cultivos.
"Podrán tener una vida moderna, una casa con comodidades, un automóvil y televisión, además de ingresos de la palma aceitera", señaló el ministro de Desarrollo Rural, Shafie Apdal, en entrevista televisiva. "Nuestra política es para integrarlos a la sociedad y que disfruten de los beneficios del desarrollo", añadió.
Pero los orang asli y sus defensores sostienen que es otra medida de agresión del gobierno.
Desde hace unos años, los indígenas, junto con activistas, abogados y académicos, presionan al gobierno en varios frentes para que reconozcan su cultura y su patrimonio.
También reclaman su derecho a tener su propio culto frente a las presiones estatales para que se conviertan al Islam en este país de mayoría musulmana.
Además, quieren manejar su propia vida en vez de que se la "administre" el Departamento de Asuntos de los Orang Asli, creado en 1954.
En la protesta realizada en Putrajaya en marzo, los orang asli entregaron un memorando al primer ministro, Najib Razak, pidiéndole un nuevo acuerdo más justo y que incluya la protección de sus tierras ancestrales, el reconocimiento y la perseverancia de su cultura y su patrimonio.
Los orang asli consideran suyas grandes áreas selváticas que les fueron entregadas por sus ancestros.
Pero para el gobierno son propiedad estatal, abierta a la explotación comercial, de acuerdo a las leyes heredadas de la colonia británica.
El gobierno se sigue negando a reconocer los derechos tradicionales de esa comunidad, pero la justicia falló a favor de los orang asli en varios casos de usurpación de tierras por el Estado.
El Alto Tribunal de Johor Baru falló en septiembre a favor de una comunidad indígena expulsada de sus tierras ancestrales en 2003.
Un tribunal de apelaciones dictó en febrero una sentencia histórica al considerar válida la ley tradicional.
También ordenó al gobierno indemnizar a los orang asli con 11 millones de dólares por daños.
Según algunos observadores, el proyecto de ley apunta a sortear el fallo judicial que da validez al derecho tradicional. Activistas y abogados pretenden que el gobierno lo apoye y lo introduzca en una ley.
