Un ciudadano estadounidense discapacitado y de origen puertorriqueño demandó al gobierno de Barack Obama por deportarlo a México y obligarlo a vivir durante cuatro meses en calles, refugios y prisiones de ése y otros países.
Sus defensores dicen que su caso, aunque extremo, es apenas uno de los muchos causados por el disfuncional sistema de inmigraciones del país.
La demanda se presentó el día 13 en nombre del ciudadano estadounidense Mark Lyttle. Lo hicieron la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y sus filiales de los estados de Georgia (sudoriental) y Carolina del Norte (oriental), en tribunales federales de los mismos.
"El caso de Mark es una tragedia que sirve para subrayar las profundas injusticias sistémicas que continúan plagando el sistema de detenciones y deportaciones de nuestro gobierno", dijo a IPS Azadeh Shahshahani, directora del Proyecto sobre Seguridad Nacional y Derechos de los Inmigrantes en la ACLU de Georgia.
"Mark es apenas una de miles de personas en este país que han sido victimizadas" por culpa de un sistema de detenciones y deportaciones que no respeta "la clase de determinaciones individualizadas que son la esencia del debido proceso", agregó.
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Según un informe de la ACLU y Human Rights Watch (HRW) presentado en julio, las personas con discapacidades mentales —incluidos ciudadanos estadounidenses— corren un riesgo aún mayor de ser deportadas erróneamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), porque los tribunales no garantizan audiencias justas a aquellos que no pueden representarse a sí mismos.
"Pocas áreas del derecho estadounidense son tan complicadas como las deportaciones, y de todos modos cada día hay personas con discapacidades mentales que deben comparecer en tribunales sin abogados o sin ninguna salvaguarda que vuelva justas las audiencias", dijo Sarah Mehta, de la ACLU y HRW. "Algunos padecen discapacidades tan severas que no saben sus propios nombres o qué es un juez", agregó.
Las organizaciones urgieron al Congreso a aprobar una legislación que exija la designación de abogados para los discapacitados mentales en tribunales dedicados a temas inmigratorios.
Su informe de 98 páginas, "Deportation by Default: Mental Disability, Unfair Hearings, and Indefinite Detention in the U.S. Immigration System" ("Deportación por defecto: Discapacidad mental, audiencias injustas y detención indefinida en el sistema inmigratorio de Estados Unidos"), sostiene que los inmigrantes con discapacidades mentales a menudo son detenidos sin justificación durante años, a veces sin límites legales.
El estudio documenta numerosos casos en que se impidió que discapacitados mentales apelaran su deportación por no poder representarse a sí mismos.
Algunas de las personas entrevistadas para el informe no sabían sus propios nombres, deliraban, no tenían noción del tiempo o no sabían que la deportación significaba ser expulsados de Estados Unidos.
De los 57.000 inmigrantes detenidos que fueron deportados en 2008, 15 por ciento padecía alguna discapacidad mental.
En el marco de las actuales leyes y prácticas inmigratorias, los inmigrantes detenidos no tienen derecho a abogados designados por los tribunales ni a otras salvaguardas, como evaluaciones de su capacidad para recibir una audiencia justa, señalaron HRW y ACLU.
Según la investigación, las personas con discapacidades mentales no sólo son arrestadas y deportadas sin contar con ninguna garantía, sino que también se las detiene como medida de rutina mientras transcurren sus audiencias.
La ACLU señaló que Mark Lyttle se enfrentó por primera vez con las autoridades inmigratorias cuando estaba por ser liberado de una cárcel en Carolina del Norte, donde cumplía una condena breve por tocarle el trasero a una empleada de un albergue para enfermos psiquiátricos.
"Pese a tener amplias evidencias de que Lyttle era ciudadano estadounidense —lo que incluía su número de seguridad social, los nombres de sus padres, su declaración jurada de que había nacido en Estados Unidos y una revisión de antecedentes penales—, los funcionarios del Departamento de Correccionales de Carolina del Norte lo remitieron al ICE como inmigrante indocumentado cuyo país natal era México", dijo la ACLU.
Lyttle nunca había estado en México, no compartía ningún rasgo cultural de ese país, no hablaba español y no dijo ser mexicano.
El estado de Carolina del Norte tiene un acuerdo con el ICE mediante el cual los funcionarios deben reportar a todos los individuos encarcelados que ellos crean nacieron en otros países.
El ICE comenzó a investigar a Lyttle y lo envió al Centro de Detenciones Stewart en Lumpkin, Georgia, donde pasó seis semanas.
Aunque el ICE conocía la extensa y documentada historia clínica de Lyttle y observó que el hombre no comprendía la investigación de su situación inmigratoria, no le ofreció asistencia legal y lo deportó de todos modos.
La ACLU sostiene que a Lyttle lo dejaron solo y sin un centavo en México, incapaz de comunicarse en español. Las autoridades mexicanas lo enviaron a Honduras, donde lo encarcelaron y algunos guardias lo amenazaron con dispararle.
Los funcionarios hondureños lo enviaron entonces a Guatemala y, finalmente, llegó a la Embajada de Estados Unidos en ese país.
En el plazo de un día, los funcionarios de esa sede diplomática contactaron a uno de los tres hermanos de Lyttle en la base militar donde estaba apostado. Luego de esto, a Lyttle le extendieron un pasaporte estadounidense.
Su hermano le giró dinero y pronto Lyttle abordó un avión hacia Atlanta. A su llegada, los funcionarios de la frontera, viendo su historial de investigaciones del ICE, lo retuvieron e interrogaron durante varias horas antes de dejarlo ir.
Durante los cuatro meses que duró su odisea, Lyttle no pudo tomar sus medicamentos, necesarios para tratar su enfermedad mental, por lo que experimentó ciclos de actividad maniaca y depresión.
Ahora vive en Griffin, Georgia, donde está medicado y en recuperación.
Las demandas reclaman una indemnización por daños y perjuicios por haber violado el derecho constitucional de Lyttle a las garantías del debido proceso.
El gobierno de Obama anunció que en el último año deportó a más de 392.000 inmigrantes indocumentados, una cifra récord.
