Tres grandes organizaciones de derechos humanos se negaron a comparecer ante la Comisión de Reconciliación y Lecciones Aprendidas de Sri Lanka arguyendo que ésta no cumplía con los estándares en la materia y exigieron una investigación internacional.
Cuando el canciller de Sri Lanka, Gamini Lakshman Peiris, estuvo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, en septiembre, invitó a tres de ellas a comparecer ante la Comisión que investiga violaciones de derechos humanos durante la guerra civil de casi dos décadas.
"Pedimos a organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y el Grupo Internacional de Crisis que vayan a Sri Lanka y compartan la información que tienen", dijo Peiris a IPS.
"No callamos a nadie. Y no tenemos que barrer nada bajo la alfombra", apuntó.
Las tres entidades acusaron a las fuerzas armadas de Sri Lanka y a los insurgentes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE) de crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos, en especial en la última etapa del conflicto que terminó en 2009 con la derrota de los rebeldes.
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Pero las organizaciones declinaron la invitación del canciller. En cambio, el jueves reclamaron una "investigación internacional sobre crímenes de guerras y otras violaciones durante la guerra civil".
La subdirectora del capítulo de Asia-Pacífico de Amnistía, Madhu Malhotra, dijo que su organización aplaudía la oportunidad de comparecer ante una "comisión de investigación creíble".
"Creemos que las investigaciones internas efectivas son fundamentales para la protección de los derechos humanos. Pero la Comisión no cumple con los requisitos necesarios", añadió.
Fue un error cuestionar la credibilidad de la Comisión antes de que publicara sus conclusiones, señaló Peiris ante la Sociedad Asiática de Nueva York.
Los mismos periódicos que acusan a su país de crímenes de guerra hicieron denuncias mucho más graves contra otros estados, señaló el canciller, quien se negó a dar nombres, aunque fue una referencia implícita a Estados Unidos.
¿Por qué no se los cuestiona de la misma forma y con igual intensidad?, preguntó.
"No se absorben los problemas de otros con un espíritu condescendiente asumiendo que no pueden manejar sus asuntos y que hay que hacerlo por ellos", remarcó.
Es contrario a la carta de la ONU.
"Hay que permitir que los países resuelvan sus propios problemas", arguyó Peiris, ex becario de la Universidad de Oxford.
"Si alguien realiza acusaciones con la mayor vaguedad que se pueda concebir, se niega a ser bien específico y esa es la base para desatar un proceso de esta magnitud, las consecuencias serán extremadamente peligrosas, no sólo para la pequeña Sri Lanka, sino para el resto del mundo", declaró.
Al ser consultado por la protección de los testigos que aportan pruebas, Peiris señaló que no hay objeciones al respecto. Pero señaló que hay una disposición que prevé presentar documentos con confianza.
Las tres organizaciones anunciaron el jueves en una declaración conjunta que no comparecerán ante la comisión porque "no cumple con los estándares internacionales de independencia e imparcialidad".
Al igual que su antecesor. también creado por el gobierno en 2009, la Comisión existe en un contexto de fallas de las autoridades para asignar responsabilidad y los continuos abusos de derechos humanos, añade la declaración.
El mandato, la composición, los procedimientos y el clima de derechos humanos en que funciona la Comisión conspiran contra las posibilidades de que el resultado sea totalmente satisfactorio para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias, dijo Malhotra, de Amnistía.
La organización, con sede Londres, está especialmente preocupada por la falta de disposiciones para proteger testigos y el hecho de que ex funcionarios, que defendieron públicamente al gobierno de Sri Lanka de acusaciones de crímenes de guerra, trabajen en la Comisión.
Mientras, un Grupo de Investigación de la ONU, actualmente en sesión, asesorará al secretario general, Ban Ki-moon, sobre los pasos a dar para investigar las acusaciones de posguerra en Sri Lanka.
Peiris dijo a IPS que confía en que el secretario general no tiene previsto pedirle al Grupo de Investigación que indague las acusaciones de crímenes de guerra.
El Grupo de tres miembros, que tiene cuatro meses de plazo para entregar un informe a Ban, no tiene potestades para investigar las acusaciones, añadió.
También se mostró confiado de que ni la Asamblea General ni el Consejo de Seguridad ni el de Derechos Humanos autorizarán tales acciones contra Sri Lanka.
"De ninguna manera", remarcó.
