Condena a muerte abre grietas entre Malasia y Singapur

Malasia y Singapur, países del sudeste asiático que han mantenido varias disputas políticas en el pasado, se encuentran hoy en medio de una nueva tormenta. Activistas exigen la liberación del malasio Yong Vui Kong, de 22 años, condenado a muerte en una corte singapurense.

Abolicionistas en Malasia entregaron un memorando a la Alta Comisión de Singapur en Kuala Lumpur el 10 de agosto arguyendo que el joven había sido privado del debido proceso.

Yong tenía 18 años cuando fue detenido en 2007, acusado por las autoridades singapurenses de traficar 47 gramos de heroína.

El legislador malasio S. Manickavaasagam amenazó con colocar un ataúd frente a la Alta Comisión de Singapur si Yong era ahorcado.

"No hablamos de un diferendo político que no tiene sentido para nadie más que para los gobiernos de Singapur y Malasia. Hablamos de la vida de una persona. Debería preocuparnos más que no hubiera emociones ni protestas públicas", afirmó un abogado singapurense, Joshua, quien no quiso dar su nombre completo.
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The Straits Times, periódico estatal de Singapur, realizó una encuesta en 2005 según la cual 96 por ciento de los entrevistados dijeron estar a favor de la pena de muerte.

El Código Penal de este país establece el máximo castigo para casos de posesión de drogas, tráfico de más de 30 gramos de heroína, venta ilegal de armas y asesinato.

Pero cada vez hay más partidarios de la abolición. Los activistas se sirven de medios electrónicos como blogs y vídeos colocados en el sitio YouTube y Vimeo para sortear las estrictas leyes que impiden las protestas y el control de la información en la prensa estatal.

La Campaña contra la Pena de Muerte en Singapur, organización independiente creada en 2005, tiene más de 1.400 miembros en su perfil en la popular red social Facebook.

La desgarradora escena de la familia de Yong entregando de rodillas un pedido de clemencia con 109.346 firmas al presidente S. R. Nathan fue vista el 24 de agosto por miles de personas en todo el mundo.

No obstante, al abogado de Yong, el activista de derechos humanos M. Ravi, le fue informado que el presidente no tenía "discreción constitucional para perdonar".

"Es potestad del gabinete", dijo a Ravi el juez del Alto Tribunal, Steven Chong.

Los comentarios del magistrado perjudicaron y comprometieron el derecho constitucional de Yong de apelar y pedir clemencia.

La campaña de Yong "ha sido toda una aventura que ha crecido fuera de fronteras", señaló la organización en una declaración por el Día Mundial contra la pena de Muerte, celebrado el domingo.

El sentimiento contra la pena de muerte que se generó en Malasia fue mucho mayor que el de este populoso y diminuto estado insular.

La página de Facebook, "Salve a Yong Vui Kong" reunió cerca de 21.000 seguidores.

El díscolo adolescente cambió y se dedicó al budismo, se afeitó la cabeza y enseña los principios de la religión a sus compañeros de cárcel. La lengua materna de Yong es el chino, pero en la prisión aprendió malayo e inglés y quiere hacer campaña contra el abuso de drogas, informó su abogado.

Activistas malasios pidieron en agosto al gobierno de Singapur que reconociera que el joven Vignes Mourthi, de 23 años, había ejecutado de forma injusta en 2003.

El alboroto siguió a una nueva información aparecida en "El otrora alegre verdugo: Justicia de Singapur en el banquillo", escrito por el autor británico Alan Shadrake.

El libro publicado en junio incluye entrevistas con activistas de derechos humanos, abogados, policías y el ex verdugo de la prisión de Changi, en Singapur.

Mourthi fue condenado por una conversación que mantuvo con un funcionario de la policía secreta. Pero no se informó al tribunal que el oficial estaba acusado de violación, sodomía y soborno cuando declaraba para ese caso, cargos por los que pasó 15 meses en prisión, indicó Shadrake.

"Singapur mató a una persona inocente a sangre fría", señaló N. Surendran de la organización de Malasia, Abogados por la libertad.

La fiscalía de Singapur señaló que el libro deja dudas sobre la imparcialidad, la integridad y la independencia de la justicia del país y pidió la detención del autor de 75 años por desacato al tribunal, quien ahora está libre tras previo pago de una fianza.

"No creo que se vaya a abolir pronto la pena de muerte, pero quizá la obligatoriedad desaparezca", dijo a IPS Shadrake, días antes de la sesión en el Tribunal Supremo del 18 de este mes.

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