Los indígenas y campesinos pobres que desarrollaron iniciativas a favor del acceso a la tierra, han sido convocados a participar en un concurso mundial que busca premiar la desafiante lucha por su derecho a la propiedad.
"Garantizar los derechos a este recurso otorga beneficios que pueden cambiar la vida como la apertura de oportunidades económicas, el fortalecimiento de la identidad y la dignidad personal", reafirma la convocatoria, cuyo plazo de presentación de iniciativas termina el 3 de noviembre.
El concurso "Derechos de Propiedad: Identidad, Dignidad y Oportunidades para Todos" pretende premiar con 50.000 dólares a las tres mejores iniciativas en esta materia, que hayan logrado impacto sobre el terreno.
La organización convocante, Ashoka, es una comunidad el línea que vincula a emprendedores sociales en todo el mundo y que a través de sus desafíos apunta a dar visibilidad a los problemas sociales más urgentes.
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Omidyar, por su parte, es una asociación filantrópica del fundador del sitio de subastas en línea E-Bay, Pierre Omidyar. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas a través del financiamiento de organizaciones innovadoras que permitan favorecer el desarrollo económico y social de las comunidades.
El desafío está orientado a iniciativas que trabajen para proporcionar tierras a campesinos que carecen de ellas, promuevan la formalización y documentación de los derechos de propiedad, o que trabajan en la enseñanza de derecho, para ayudar a las personas a beneficiarse de las leyes que protegen estos activos, dice la convocatoria.
Miles de entidades ambientalistas, cívicas o religiosas con sus expertos, trabajan en este campo para asegurar la legalidad de una ocupación histórica en el caso de pueblos originarios, o para asegurar el desarrollo de poblaciones campesinas.
Desde que se abrió el concurso a mediados de agosto en Washington se presentaron más de 50 ideas, la mayoría en Asia y África. Apenas seis provienen de América Latina: cuatro de Brasil, una de Colombia y otra de Nicaragua.
Hay un proyecto de la organización no gubernamental Catcomm de Río de Janeiro, que trabaja para concientizar a vecinos de las "favelas" (barrios pobres) sobre sus derechos de vivienda y propiedad, con vistas a los Juegos Olímpicos 2016, que tendrán lugar en esa ciudad brasileña y que amenazan con desplazamientos
También la organización Agros Internacional, que trabaja en México y América Central, presentó una iniciativa en defensa de los derechos de propiedad de campesinos en Nicaragua, que apunta a romper con el círculo de la pobreza rural en ese país.
En Argentina, si bien aún no hubo presentaciones, son cientos los que trabajan en estos temas. Roxana Silva, abogada de la organización no gubernamental Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, sabe del desafío que representa apoyar a los más pobres en el acceso a la tierra.
Silva recibió todo tipo de amenazas e intimidaciones en su labor de representar a los indígenas de la etnia Pilagá, en la nororiental provincia de Formosa. En esta comunidad, los derechos de propiedad fueron reconocidos, pero eso no fue suficiente.
"Evidentemente, los títulos de propiedad que tiene esta comunidad no les garantiza el derecho a las tierras", dijo Silva a IPS. Pero la falta de visibilidad de esta etnia, permitió que el Estado avance en obras de infraestructura que afectan su hábitat y forma de vida.
Frente a casos como éste, el llamado del concurso se reforzó en la región. Victoria Emanuelli, coordinadora del Equipo Changemakers Latinoamérica, con sede en Buenos Aires, explicó a IPS porque la región no puede faltar en este concurso con sus propuestas.
"América Latina es rica en problemas vinculados a los derechos de propiedad", destacó Emanuelli.
Según la coordinadora latinoamericana del desafío, no se trata solo de captar el problema en los pueblos originarios. También apuntan a experiencias de campesinos desplazados en Colombia por el conflicto armado o a los sin tierra de Brasil.
"Lo que buscamos es darle visibilidad a organizaciones que trabajan en estos temas y que hoy no la tienen, pero además queremos detectar modelos que funcionen en el trabajo de asesorar a las comunidades sobre sus derechos de propiedad", añadió.
Un informe publicado este año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indica que en la región hay alrededor de 30 millones de indígenas, pertenecientes a 671 pueblos. Buena parte tienen problemas en la propiedad de la tierra.
Hay, además, problemas de acceso a la tierra de millones de campesinos, acorralados por la expansión del monocultivo, sin acceso al crédito o a herramientas de labor, o desplazados por conflictos armados.
"Garantizar el ejercicio de los derechos territoriales es una de las tareas más difíciles de las democracias del siglo XXI en el contexto de la globalización y de una presión por el control de los territorios y la explotación de los recursos naturales" dice la Cepal.
El perfil de los participantes en el concurso son personas u organizaciones que ya estén trabajando en el terreno y que tengan desarrollada la práctica con las comunidades. No se busca premiar a proyectos nuevos sino a programas que ya estén funcionando y puedan funcionar como ejemplo.
Las iniciativas a destacar serán las que trabajen para que los grupos vulnerables se apropien de sus derechos de propiedad, pero también las que eduquen o asesoren legalmente a los grupos sociales en estos derechos. Una vez cerrado al plazo para recibir propuestas el 3 de noviembre, se abrirá un período en el que el público votará en línea por las mejores iniciativas, desde el 8 de diciembre al 12 de enero próximos.
Finalmente, entre los más votados por el público, un jurado de expertos evaluará y seleccionará a los tres ganadores.
El jurado lo integrarán el director de Omidyar, Matt Bannick, y la Premio Nobel de Economía 2009, la estadounidense Elinor Ostrom, destacada por su labor en la gobernanza económica de recursos comunitarios.
Además de la india Amrita Petel, presidenta de la Junta Nacional de Desarrollo Lechero de su país, Matthew Bishop, de la revista británica The Economist, y el economista peruano Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia.
