Una empresa procesadora de residuos y una comunidad se mantienen en pugna por la operación de una planta de combustible alternativo para la industria mexicana del cemento.
A pesar de que la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua) exoneró a la compañía Ecoltec, filial de la cementera suiza Holcim, de contaminar cuerpos de agua, un grupo de pobladores mantiene bloqueado el acceso a la planta desde mayo de 2009 en Apaxco, unos 85 kilómetros al noreste de la Ciudad de México.
En una resolución del 27 de septiembre, la Conagua consignó que la planta Macuspana, en funciones desde 2003, no descarga residuos líquidos en el subsuelo ni en el cercano río Salado.
"La autoridad es irrelevante si no se resuelve el conflicto social. La situación se halla en un círculo vicioso", dijo a IPS el director general de Inspección de Fuentes de Contaminación, Sergio Herrera. Éste es el órgano de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) responsable de vigilar asuntos como el de Ecoltec.
En marzo del año pasado, 11 campesinos murieron ahogados mientras limpiaban una planta de tratamiento de aguas negras de la zona. El 5 de mayo, en la planta de Ecoltec se produjo una fuga de acrilato, un derivado de la industria química y de pinturas, considerado neurotóxico por afectar al sistema nervioso.
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Poco después, habitantes de la zona constituyeron el Movimiento Pro Salud Apaxco-Atotonilco, responsable de bloquear el acceso a la instalación industrial.
Pero, casi año y medio después, la Conagua verificó "la inexistencia de infraestructura hidráulica para la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores de propiedad nacional, incluyendo el subsuelo, por lo cual, no resulta técnica ni materialmente factible el vertido o descarga de aguas residuales a bienes nacionales", según el dictamen.
Sin embargo, "el río Salado está contaminado", dijo a IPS Arturo de León, académico de la Facultad de Medicina de la estatal Universidad Autónoma de México e investigador del no gubernamental Centro de Diagnóstico y Alternativas para Afectados por Tóxicos.
El Centro lleva a cabo una investigación clínica sobre las causas de mortalidad y las enfermedades más frecuentes en la zona desde 1980, cuyos resultados estarían listos en noviembre.
Ecoltec, fundada en 1993, procesa materiales como baterías eléctricas, pilas de teléfonos móviles, neumáticos y desechos industriales para producir combustible que las cementeras de la región emplean en sus hornos.
Apaxco se sitúa en un corredor donde operan 115 industrias, incluyendo una refinería de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), y varias cementeras, entre ellas una de Holcim.
"Vamos a cumplir con las estipulaciones y a seguir negociando con la población", dijo a IPS el portavoz de Ecoltec, Gustavo Gastelum.
La empresa y representantes de Pro Salud sostuvieron una reunión el 12 de octubre y está pendiente un nuevo encuentro en busca de que se levante el bloqueo de la fábrica.
La compañía y sus críticos tratan de ponerse de acuerdo sobre un estudio independiente para conocer la situación de la planta. "Nos preguntan qué vamos a cambiar en nuestra forma de operar de Ecoltec, piden que con la autoridad ambiental solicitemos la resolución definitiva de la denuncia popular", explicó Gastelum.
Dentro del complejo industrial hay unas 3.000 toneladas de residuos que deben ser retirados, pero los manifestantes han impedido ese movimiento.
El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, vigente desde 2004, cataloga la incineración de residuos en hornos de cemento como una de las fuentes de mayor generación de esas sustancias, como dioxinas y furanos.
En septiembre de 2009 y en mayo de este año, Pro Salud presentó denuncias ante la Profepa, pero ese procedimiento administrativo se halla detenido por la imposibilidad de retirar el material y de que la fábrica funcione.
"No tiene sentido tener los residuos almacenados, son un peligro inminente", dijo Herrera.
La Profepa mantiene activos 80 procesos administrativos contra industrias presuntamente contaminantes en todo el país, aunque no ha ordenado clausuras.
Para Herrera, reformas a las leyes generales de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de Prevención y Gestión Integral de los Residuos mejorarían las labores de inspección.
El programa de controles de la Profepa abarca a 6.784 compañías, de las cuales 3.615 son de tipo industrial. Desde 1997 ha emitido 4.356 certificados, de los cuales 2.248 conservan vigencia. De éstos, 1.648 corresponden al sello Industria Limpia.
