Ruanda, rodeada de países con severos conflictos, logró erigirse como modelo de desarrollo en África, tras el genocidio de 1994. Pero el gobierno responsable de las mejoras es señalado en un informe de la ONU por silenciar a la oposición y violar los derechos humanos.
Desde los años 90, cuando el país fue devastado por la guerra civil, el salario promedio se duplicó, mejoró la salud, menos gente padece hambre y tiene la mayor cantidad de legisladoras del mundo.
Pero el gobierno que obtuvo esos logros es criticado por callar a la oposición y violar los derechos humanos.
En los últimos 16 años, los ruandeses vivieron a la sombra del genocidio de 1994, en el que uno de cada 10 habitantes del país perdió la vida.
En 100 días fueron asesinados 800.000 miembros de la etnia tutsi, y algunos hutu pacíficos, a manos del violento régimen de esta última comunidad, hasta que fuerzas tutsi, del actual presidente Paul Kagame, lograron controlar la situación.
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El gobierno de Kagame promovió en la última década leyes contra discursos y conductas que promuevan el "sectarismo" o "ideologías genocidas" para evitar que vuelvan a ocurrir los lamentables episodios de 1994.
"El revisionismo, la negación y la trivialización del genocidio son penados por la ley", reza la Constitución.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional señala en un informe divulgado el martes que la legislación no es clara, es vaga y que se usa para acallar las críticas.
"Prohibir declaraciones que promuevan el odio es legítimo, pero el enfoque del gobierno ruandés viola el derecho internacional", dice el documento. "La imprecisa redacción de las leyes se explota de forma deliberada para violar los derechos humanos", añadió.
El informe de Amnistía siguió a la filtración de un documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la semana pasada, sobre el conflicto en República Democrática del Congo (RDC) desde principios de los años 90.
El documento de 545 páginas, todavía no presentado oficialmente, señala que el gobierno de Kagame es responsable de crímenes de guerra y contra la humanidad, incluido el genocidio de decenas de miles de hutu que huyeron de Ruanda tras la guerra civil y se instalaron en la vecina RDC.
Las conclusiones de la investigación de la ONU cuestionan los hechos aceptados sobre la guerra civil de Ruanda, lo que indignó a Kigali.
El gobierno ruandés divulgó un comunicado en el que califica el documento de la ONU de "inmoral e inaceptable" y culpa al foro mundial de no prevenir el genocidio de 1994 y la consiguiente crisis humanitaria.
La canciller de Ruanda, Louise Mushikiwabo, anunció el martes la preparación de un plan de contingencia para retirar los efectivos ruandeses de la misión de paz de la ONU si el foro mundial hace público el informe con la teoría del doble genocidio.
Los que adhieren a la teoría de la ONU en Ruanda suelen ser detenidos por "ideología genocida" y "divisionismo", entre ellos la líder opositora Victoire Ingabire.
"La investigación de la ONU es consistente con lo que nosotros encontramos", dijo Christian Davenport, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Notre Dame.
Davenport, y su colega Allan Stam, de la Universidad de Michigan, estudian la guerra civil de Ruanda y el periodo siguiente con información oficial y de organizaciones de derechos humanos.
"El gobierno de Kagame participó de forma sistemática en hechos de violencia en el conflicto de 1994 y persiguió a los responsables de los hechos de violencia hasta RDC, pero rebasó el área probable de su ubicación para poder extraer recursos del país".
Las visas de Davenport y de Stam fueron revocadas tras una estadía en Ruanda para presentar las conclusiones de su investigación, en 2003, acusados de revisionistas.
"En la guerra civil de Ruanda se perpetró un genocidio contra los tutsi en el marco de un conflicto mayor que dejó víctimas en ambas partes", dijo Stam a IPS.
"El problema es que en Ruanda uno queda fuera de la ley sólo con analizar los hechos. No hace falta negar el genocidio para violar la norma, sólo argüir que ocurrió en un contexto más amplio en el que también murieron muchos hutu", explicó.
Amnistía también denuncia que se recurrió a las mismas leyes para silenciar a la oposición y a la prensa independiente en la campaña para las elecciones presidenciales del 3 de este mes, cuando murieron dos figuras políticas y un periodista.
Kagame fue reelecto con 93 por ciento de los sufragios.
El gobierno anunció en abril la revisión de las leyes de ideología genocida y sectarismo, pero no se conocen detalles sobre el proceso.
"Nos han dado poca información sobre el plazo en que se hará la revisión y si habrá consultas a la sociedad civil", dijo a IPS Erwin van der Borght, director del programa para África, de Amnistía.
IPS consultó a una fuente de la misión de la ONU en Ruanda, pero no quiso hacer declaraciones.
