Se acumulan las sentencias y condenas de la justicia de Colombia en los procesos contra los implicados en facilitar ilegalmente la reelección presidencial de Álvaro Uribe en 2006 y en un nuevo intento de ser candidato, frustrado en febrero. Un escándalo donde queda historia por contarse.
"Empieza a hacerse justicia", dijo a IPS el opositor parlamentario Germán Navas, uno de quienes en 2004 demandó a la ex legisladora Yidis Medina por haber aceptado prebendas para cambiar su voto, lo que resultó clave para que Uribe pudiese presentarse como candidato por segunda vez, tras llegar al gobierno en 2002.
Medina llegó al bicameral Congreso legislativo en mayo de 2004, para sustituir durante tres meses a Iván Díaz, miembro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que entonces debatía la posibilidad de aprobar la reelección presidencial inmediata, hasta entonces prohibida en Colombia.
Uribe transfirió la Presidencia a su ex ministro Juan Manuel Santos el 7 de agosto, después que en febrero la Corte Constitucional consideró ilegal su pretendida tercera candidatura consecutiva.
La ex legisladora se sumó a quienes se oponían: 18 miembros de la Comisión de un total de 35, relató Navas, uno de los protagonistas en denunciar las ilegalidades que reconstruyó los hechos para IPS.
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Pero a última hora cambió, argumentando la importancia de la inversión social anunciada por el gobierno de Uribe en su natal Barrancabermeja, un municipio petrolero del departamento de Santander, afectado duramente por el conflicto interno entre la guerrilla izquierdista, los paramilitares de extrema derecha y las fuerzas del Estado.
El cambio de Medina impulsó demandas de Navas y otros parlamentarios ante el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuraduría General de la Nación.
Medina negó los hechos y evadió entonces la justicia.
Pero temerosa ante la posibilidad de un atentando en contra suya o de sus hijos grabó un testimonio como protección, que entregó a Daniel Coronell, director de Noticias Uno, bajo el compromiso de publicarlo sólo en situación de gravedad o previa autorización suya.
El secreto a voces, aunque sin pruebas confirmatorias sobre las irregularidades en la votación que permitió a Uribe ser reelegido se mantuvo hasta 2008, cuando ya se gestaba otra maniobra constitucional a través de un referendo popular, para impulsar un tercer mandato del derechista presidente.
Pero hechos circunstanciales abrieron el camino a la verdad: el periodista Alfredo Serrano quiso escribir un libro sobre la diputada Medina y para promocionar la idea, acudieron al diario El Espectador, que entendió que tenía entre manos una historia compleja y noticiosa, y le dedicó su primera plana.
De inmediato, Coronell anuncio la difusión del testimonio del que era depositario.
La Presidencia trató de neutralizar el impacto y antes de esa difusión emitió un comunicado de 14 puntos, para denunciar un complot contra Uribe orquestado por Coronell y Medina.
La ex legisladora, asustada e indecisa entre entregarse y huir, acudió al abogado Ramón Ballesteros quien pidió pruebas. "Yidis Medina trajo dos maletas con documentos", dijo el abogado a IPS.
"La prueba del delito perfectamente archivada. Currículos de las personas que recomendó para cargos públicos, copias de actos administrativos para sus nombramientos, cartas de agradecimiento, pagarés firmados en blanco y renuncias sin fecha", recordó Ballesteros, quien condicionó su defensa a la entrega de Medina ante la Fiscalía General de la Nación.
"Durante la indagatoria aportó elementos probatorios que fueron valorados por la CSJ, originando una crisis de Estado entre el Ejecutivo y el poder Judicial", añadió.
En 2008 la CSJ condenó a la ex legisladora a tres años y cuatro meses por cohecho, "hecho punible de doble vía, en el que tan culpable es quien ofrece como al que acepta", anotó el también abogado y periodista Navas, del izquierdista Polo Democrático Alternativo.
Por esa razón, la Fiscalía, la Procuraduría y la CSJ abrieron la investigación por el mismo delito contra los entonces secretarios de la Presidencia, Alberto Velásquez y Bernardo Moreno, y los ministros de Protección Social, Diego Palacios, y de Interior y Justicia, Sabas Pretelt.
También inició un proceso contra Teodolindo Avendaño, un legislador que aceptó ausentarse durante la votación, a cambio de una notaría, y que ahora cumple una condena de ocho años de cárcel.
El avance de las investigaciones motivó que el 24 de agosto, ya con Uribe como ex presidente, la Procuraduría inhabilitara por 12 años al ex ministro Pretelt para ejercer cargos públicos y ordenara su destitución de como embajador ante Italia.
"Se sirvió de su cargo para formular ofrecimientos que afectaron el trámite de la reelección", reza el dictamen.
"La justicia avanza, la fiscalía investiga, y se prevén prácticas probatorias y sentencias judiciales muy pronto", agregó Ballesteros.
La consideración del abogado incluye la sentencia condenatoria contra Luis Guillermo Giraldo, promotor del Referendo Reeleccionista. Los señalamientos contra Giraldo y la Asociación Colombia Primero que impulsaba el proyecto y manejaba sus recursos, se iniciaron en 2008.
Fueron promovidos en el parlamento por el liberal Carlos Piedrahita y el propio Navas quien, recordó, "demostré con documentos el fraude procesal".
A Colombia Primero pertenecían contratistas del Estado, que hicieron auto préstamos para evadir la superación de los topes legales de financiación, entre otros delitos. Los libros contables presentaron diferentes vacíos e inconsistencias.
Giraldo lo negó todo hasta poco antes de iniciarse el juicio contra él y otros siete integrantes de Colombia Primero.
Entonces aceptó cargos de fraude y falsedad de documento a cambio de la pena mínima de 54 meses y detención domiciliaria.
Ese preacuerdo fue rechazado después por un juez penal, en una medida ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá.
"Lo negaron porque esos beneficios se otorgan cuando el acusado se acoge a la justicia al inicio de la investigación en un acto sincero de contrición, facilitando la investigación y dando a conocer el escenario criminal. No es éste el caso", dijo Ballesteros.
El juicio se produciría antes de 60 días y a la práctica probatoria seguiría la inmediata sentencia.
"Es especulativo decir el tiempo de condena, pero todo hace pensar que habrá privación de libertad", dijo Ballesteros. La suma de anomalías ocurridas desde 2004, revisadas a la luz de las decisiones judiciales podría dejar un consecuencia adicional: la reversión de los actos legislativos que aprobaron la reelección presidencial.
Ello sucedería "en caso de configurarse demandas en contra del proceso que la permitió", enfatizó Navas.
"Es un tema pendiente", agregó Ballesteros. "Hay vicio de fondo por el acto criminal que permitió la aprobación. Los últimos hechos reviven el tema " concluyó. Así que la historia de las consecuencias de la consumada y de la frustrada reelección de Uribe está lejos de haber terminado.
