Organizaciones no gubernamentales impulsan transformaciones de fondo en el sistema de migraciones de México aprovechando la crisis provocada por la masacre de extranjeros indocumentados en Tamaulipas.
"La posición de las autoridades migratorias no muestra una real perspectiva de derechos humanos y no responde a la realidad que vive el país en esta materia", dijo a IPS Diana Martínez, sub-coordinadora de defensoría de la no gubernamental Sin Fronteras, dedicada a la asesoría legal de inmigrantes irregulares y a la promoción de sus derechos.
El asesinato de 72 inmigrantes en la localidad de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas, cuyos cuerpos fueron hallados el 24 de agosto, desató la peor crisis migratoria conocida en este país.
La matanza, a la cual sobrevivieron al menos un ecuatoriano, un hondureño y un salvadoreño, llevó finalmente a la renuncia de Cecilia Romero al cargo de comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM).
Romero, ex senadora del gobernante Partido Acción Nacional, se había aferrado al puesto que asumió el 6 de diciembre de 2006, pero la olla a presión en que se ha convertido el fenómeno migratorio hizo insostenible su permanencia al frente de esa repartición dependiente de la Secretaría (ministerio) de Gobernación.
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Al igual que sus predecesores, Romero poco pudo hacer para disminuir la corrupción que afecta al INM, relacionada con el tráfico de personas indocumentadas en ruta hacia Estados Unidos, y para combatir los abusos que éstos sufren a manos de agentes migratorios, policías y bandas criminales, según múltiples denuncias.
La decisión tomada el martes 14 fue el fusible que el gobierno de Felipe Calderón hizo saltar para apaciguar el disgusto de los presidentes Álvaro Colom, de Guatemala, Mauricio Funes, de El Salvador, y Porfirio Lobo, de Honduras, quienes en la última semana llegaron a México en busca de explicaciones y acciones en resguardo de sus connacionales a su paso por este país.
Al menos 31 cuerpos han sido identificados en medio de una tarea que resulta sumamente difícil, entre los cuales hay 12 salvadoreños, cuatro guatemaltecos y un brasileño.
"La salida de Romero es una victoria para los defensores de los inmigrantes", destacó ante IPS Rubén Figueroa, protector de los indocumentados en la localidad de Huimanguillo, en el sudoriental estado de Tabasco.
Anualmente, unos 500.000 latinoamericanos atraviesan México en dirección a Estados Unidos, según cifras de expertos y organizaciones no gubernamentales.
A su paso, se topan con detenciones arbitrarias, extorsiones, robos, violaciones y secuestros, especialmente a manos de Los Zetas, una agrupación criminal que domina el secuestro de inmigrantes irregulares.
"El Estado mexicano tiene que diseñar una verdadera política de Estado en materia migratoria integral, que no se agote en una gestión de flujos de personas sino que tenga como centro los derechos humanos", planteó Martínez.
El Senado ya aprobó reformas a la Ley General de Población, de 1974, para que los inmigrantes, independientemente de su estatus legal, puedan presentar denuncias por abusos en su contra y acceder a la justicia.
El ingreso al país sin los documentos requeridos y el suministro de ayuda a los inmigrantes indocumentados ya no son delitos en este país.
En estos momentos, el gobierno preparara una iniciativa de Ley de Migración, que sustituiría a la Ley General de Población.
La iniciativa propone crear un sistema de protección de los derechos de los inmigrantes, tipificar adecuadamente el delito de tráfico de indocumentados y sancionar a las personas que empleen a estos ciudadanos en situación irregular, a semejanza del marco legal existente en Estados Unidos.
Además, estipularía la estadía legal por razones humanitarias de las víctimas o testigos de algún delito y la distribución de competencias de responsabilidades migratorias entre las instancias relacionadas con esa temática.
Organizaciones de defensa de los inmigrantes instaron al gobierno mexicano a autorizar la visita oficial del abogado chileno Felipe González, relator especial de trabajadores migratorios y miembros de sus familias, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de los Estados Americanos.
En su informe de marzo de 2009, el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mexicano Jorge Bustamante, recomendó reformas legislativas para evitar la impunidad de los abusos cometidos contra estos ciudadanos.
Además, sugirió que el gobierno de México informe anualmente el número de detenciones y condenas contra los autores de estos delitos. Bustamante visitó el país en marzo de 2008.
El tema de la matanza ha llegado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que desarrolla su 15 periodo de sesiones entre el 13 de este mes y el 1 de octubre en Ginebra. Las organizaciones esperan que este cuerpo emita un pronunciamiento en sus conclusiones.
"Si México emprende una reforma migratoria puede dar el ejemplo ante lo que ocurre en Estados Unidos", planteó a IPS Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, surgida en 1998 para promover la defensa de las comunidades asentadas en la zona fronteriza entre México y su vecino del norte.
Los más de 12 millones de hispanos que residen sin documentos en Estados Unidos, la mitad de los cuales es de origen mexicano, están a la expectativa de una reforma migratoria que legalice su estadía en ese país, pero cada año esa esperanza se diluye.
"Es el momento para hacer cambios de fondo y que los derechos de los inmigrantes sean respetados" en México, concluyó Figueroa.
