Defensores de derechos humanos urgen a la Iglesia Ortodoxa de Belarús a que, aprovechando su gran influencia en la sociedad, se sume a la campaña para poner fin a la pena de muerte. Dos hombres podrían ser ejecutados en las próximas semanas.
Integrantes de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional mantuvieron reuniones con autoridades religiosas en el marco de su campaña para generar una "presión interna" sobre el presidente Alexander Lukashenko, que lo lleve a declarar una moratoria sobre las ejecuciones.
"No hay nada concreto pese a que autoridades y legisladores dieron algunos pasos positivos y alentadores", dijo Heather McGill, de Amnistía Internacional, en entrevista con IPS desde Belarús, donde se encontraba manteniendo una serie de reuniones con legisladores y jerarquías eclesiásticas.
"La presión externa, como la del Consejo de Europa y de la Unión Europea (UE) no funcionó", apuntó. "Sólo la del ámbito local, con ayuda de la Iglesia, podrá cambiar la opinión pública e influenciar a Lukashenko", añadió McGill.
Belarús es el único país europeo donde se ejecutan personas. Desde hace años es objeto de críticas de la comunidad internacional por recurrir al castigo extremo.
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Además de cuestionar la vigencia de la pena, los detractores arremeten contra la falta de garantías de los procesos judiciales, el uso de la tortura para extraer confesiones y la situación psicológica de los condenados.
No existen cifras oficiales de la cantidad de personas ejecutadas. Organizaciones de derechos humanos estiman fueron unas 400 desde la independencia de Belarús en 1991.
Dos hombres fueron ejecutados después de marzo, pese a la fuerte presión internacional.
El presidente Lukashenko es acusado por organizaciones no gubernamentales de violar los derechos humanos desde que llegó al gobierno en 1994.
Belarús no podrá unirse a organizaciones como la UE ni al Consejo de Europa hasta que no derogue el máximo castigo.
A principios de este año se creó un comité parlamentario dedicado al tema y miembros del gobierno se reúnen para discutir el asunto. Pero hay analistas que sostienen que Lukashenko utiliza la pena capital como elemento de presión para conseguir algo de Occidente.
"Hubo declaraciones de algunos gobernantes, pero nada concreto", dijo a IPS la directora de la no gubernamental Oficina para un Belarús Democrático, Olga Stuzhinskaya.
Amnistía mantendrá conversaciones con el comité parlamentario este mes a fin de tratar de promover una moratoria sobre las ejecuciones. No se puede derogar la pena de muerte sin realizar una consulta popular.
La abolición es difícil, coinciden autoridades e integrantes de Amnistía, dada la alta aprobación que tiene entre la gente.
Ochenta por ciento de la población optó por mantener el máximo castigo en un referendo realizado en 1996. No hay indicios de que el apoyo haya disminuido de forma significativa.
Amnistía espera que la Iglesia Ortodoxa, conocida por su gran influencia en la opinión pública, le ayude a promover la moratoria.
La jerarquía eclesiástica accedió a organizar una mesa redonda con los integrantes del comité parlamentario. Amnistía prevé la participación de expertos que den charlas sobre la pena de muerte y sus alternativas.
"La Iglesia no puede inmiscuirse en cuestiones políticas", precisó McGill. "Pero creemos que puede ayudar", apuntó.
"Además tiene influencia en el régimen", añadió.
"La pena de muerte cuenta con un fuerte respaldo de la población, pero es un hecho que la mayoría no sabe que se aplica en Belarús ni cómo se lleva a cabo", explicó McGill.
"Se informa a los condenados que la apelación confirmó el fallo orginal, se los retira de la celda y se les dispara. No se entrega el cuerpo a la familia ni se les dice dónde fue enterrado", añadió.
"Estamos seguros de que si supieran todo eso no estarían a favor. Pero hay mucho secreto en torno a esto. La única forma de cambiar la opinión pública es educando a la población", señaló. "En eso puede ayudar la Iglesia", remarcó.
Los activistas temen que lo que se pueda lograr llegue tarde para dos condenados del pabellón de la muerte.
Aleg Gryshkautsou, de 29 años, y Andrei Burdyka, de 29, fueron condenados en mayo por asesinato, agresión y secuestro ocurrido el año pasado cuando cometieron un robo. Ambos elevaron un pedido de clemencia al presidente, quien tiene hasta el 17 de este mes para expedirse. No hay indicios de que la vaya a conceder.
