Los romaníes son la minoría más grande de Europa, entre 10 millones y 16 millones de personas. Pero su peso numérico no impide que tengan menos oportunidades y sufran una nueva ola de persecuciones. Su bienestar no es prioritario para las instituciones de la Unión Europea (UE), según activistas.
La comunidad romaní supera en cantidad a la población de muchos países europeos.
El jefe de Estado de Francia, Nicolas Sarkozy, arremetió en las últimas semanas contra los gitanos.
A fines de julio, las autoridades francesas autorizaron la destrucción de campamentos y la expulsión masiva de romaníes a Bulgaria y Rumania. La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, insistió entonces que era un asunto específico de los gobiernos implicados.
Tras la deportación de unos 1.000 romaníes en agosto, la Comisión Europea, finalmente, cuestionó la legalidad de la medida en un documento no divulgado.
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El órgano con sede en Bruselas explicitó sus dudas respecto de si las medidas tomadas por París no violan una ley de 2004, conocida como "directiva sobre el libre movimiento", que prohíbe la deportación de grupos de personas de un país de la UE a otro.
La compensación de unos 129 dólares por niña o niño deportado y de más de 386 dólares por adulto "no es suficiente" para exonerar a Francia de infringir los "principios de libre movimiento".
"La respuesta de Bruselas fue muy lenta", dijo a IPS Sophie Kammerer, de la Red Europea contra el Racismo.
"Francia anunció la medida a fines de julio y el primer comunicado de prensa de la comisionada europea de justicia Viviane Reding fue divulgado a fines de agosto. Pasó casi un mes sin reacción. Al menos ahora la Comisión analiza el asunto seriamente", añadió.
La legislación de la UE dispone que las órdenes de deportación deben cursarse por escrito un mes antes de hacerlas efectivas y deben dar la posibilidad de apelar la decisión, indicó Kammerer. "Es claro que la norma no fue respetada", apuntó.
"Los campamentos fueron desmantelados un día y se pidió a las personas que se marcharon al otro día", añadió.
Reding no mencionó estar dispuesta a iniciar acciones legales contra Francia. Además, la Comisión Europea vaciló en reaccionar contra el gobierno de ese país, sugirió su portavoz, Matthew Newman.
"La Comisión Europea estuvo durante años muy involucrada en cuestiones de los roma", declaró Newman.
"Destinamos importantes sumas de dinero a su integración. Es sorprendente escuchar decir que no prestamos atención al asunto. Si algo hemos hecho es tratar de llamar la atención sobre la discriminación que sufren", añadió.
Francia adoptó un tono desafiante en las conversaciones que mantuvo con autoridades de la UE.
No hubo "deportaciones colectivas", señaló Éric Besson, ministro de Inmigración del gobierno de François Fillon, la semana pasada, cuando visitó Bruselas, sino que se pidió a algunos gitanos que se fueran de Francia por su participación en robos y "mendicidad agresiva".
Francia fue objeto de "acusaciones escandalosas e innecesarias", añadió Besson.
La iniciativa francesa se parece mucho a una adoptada por Italia en mayo de 2008, pero no hecha pública.
El "paquete de seguridad" italiano dispuso el desmantelamiento de campamentos romaníes y la deportación automática de las personas que no pudieran probar que tenían un empleo regular. Desde entonces, miles de gitanos fueron expulsados de Italia.
El último ataque contra esa comunidad comenzó en julio, cuando el alcalde de Copenhague, Frank Jensen, urgió a las autoridades danesas que se aseguraran de que los "delincuentes romaníes" fueran detenidos y expulsados. Poco después, más de 20 personas fueron deportadas de Dinamarca.
Alemania, Bélgica, Gran Bretaña y Suecia están entre los países que tomaron medidas contra los roma o declararon su intención de hacerlo.
Mientras, políticos de extrema derecha aprovechan en muchos países de Europa para explotar sentimientos contra esa comunidad y la tendencia a culparlos por distintos delitos.
La agrupación extremista de Hungría, Jobbik, pidió que los gitanos vivieran apartados del resto de la población. El Partido Socialista, por su parte, respondió que esperaba que no pretendiera erigir "campos de concentración".
La discriminación contra los gitanos se tornó violenta en Eslovaquia a fines de agosto. Un hombre armado asesinó a seis integrantes de una familia romaní y a otra mujer en Bratislava. El estereotipo negativo de la comunidad, promovido por algunos políticos influyentes, fomenta ese tipo de acciones, según activistas de derechos humanos.
El director de la Oficina de Información sobre los Roma Europeos, la principal organización defensora de esa comunidad, Ivan Ivanov, advirtió hace cinco años de la agresión que sufrirían de varios gobiernos europeos.
Además urgió a la Comisión Europea a tomar medidas contundentes contra Francia por infringir la legislación de la UE y a diseñar una estrategia para combatir la discriminación.
La Comisión Europea no tiene una unidad específica con funcionarios dedicados a velar por los intereses de los gitanos, pese a que constituyen la principal minoría étnica de Europa.
El departamento de empleo, por ejemplo, sólo tiene un funcionario dedicado a lidiar con los asuntos que afectan a esa comunidad.
"Las instituciones europeas no deben analizar caso por caso, pero deben tener un enfoque adecuado", señaló Ivanov. "Los romaníes son ciudadanos europeos y deben beneficiarse de los mismos derechos que los otros", añadió.
