Francia trata de ganar aliados para lo que ha dado en llamar una «batalla» contra la inmigración de indocumentados y las redes de tráfico y trata de personas tras la lluvia de críticas que recibió por la expulsión de romaníes.
El ministro de Inmigración francés Eric Besson se reunió el lunes con funcionarios de varios países, entre los que había representantes de Canadá, Bélgica, Gran Bretaña, Grecia e Italia, para discutir políticas comunes de asilo.
Pero también debió responder preguntas de la prensa internacional sobre la política de Francia hacia los gitanos.
"Respetamos nuestros valores republicanos", dijo Besson a los periodistas. "Lo que hemos hecho está acorde con la legislación de la Unión Europea" (UE), aseguró.
La policía francesa desmanteló en las últimas semanas campamentos de gitanos y envió cientos de personas a sus países de origen, la mayoría de Bulgaria y Rumania. Unos 11.000 romaníes fueron expulsados en 2009.
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La mayoría de las personas expulsadas "optaron por ser repatriadas de forma voluntaria", sostuvo Besson. Gran parte de los romaníes no tenían documentos en regla. Francia no arremete contra ninguna comunidad en particular sino contra la inmigración ilegal, indicó el ministro.
"¿Puede nombrarme un país de Medio Oriente o de África donde uno pueda vivir sin permiso?", respondió Besson, al ser consultado por la hipocresía de la política europea sobre migraciones. "Queremos promover la inmigración legal", añadió.
La reunión con sus contrapartes apuntó a aunar una política migratoria común de la UE que promueva la integración.
Pero el encuentro quedó eclipsado por la condena local e internacional contra Francia por la rigidez de su política migratoria, que incluye la decisión del presidente Nicolas Sarkozy de quitar la nacionalidad francesa a los ciudadanos naturalizados que intenten, o maten, a funcionarios públicos u oficiales de policía.
Miles de manifestantes caminaron por las calles de París y de otras ciudades francesas el sábado en protesta por la deportación de romaníes. Se prevé que algunos representantes políticos recomienden esta semana una condena formal contra Francia en el Parlamento Europeo.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidos se mostró preocupado el mes pasado por el "aumento de incidentes y episodios violentos de naturaleza racista contra los romaníes" en Francia.
En un intento por restablecer su imagen manchada, Francia trata de cambiar su retórica y apunta a lo que llama "inmigración irregular", señalan organizaciones de derechos humanos.
"Las medidas adoptadas por las autoridades dispararon episodios de discriminación contra romaníes y otros inmigrantes", denuncian.
"Es extremadamente preocupante la política de estigmatizar a una comunidad", dijo a IPS el portavoz del capítulo francés de Amnistía Internacional, Patrick Delouvin.
"El jefe de Estado participa en la estigmatización y la gente recibe el mensaje que puede discriminar a una comunidad. Hay un clima perturbador en Francia en materia de derechos humanos", añadió.
Los ministros que participaron en el encuentro del lunes evitaron hacer comentarios sobre la expulsión de gitanos.
"Es un asunto francés", declaró James Brokenshire, secretario de Estado del Ministerio del Interior británico.
Pero acotó que Gran Bretaña "cree en el libre tránsito de personas dentro de la UE".
Los 27 miembros del bloque deben armonizar sus normas y aplicar las leyes de manera uniforme, declaró Melchior Wathelet, secretario de Estado del Ministerio de Migración y Asilo de Bélgica, que encabeza la presidencia rotativa de la UE.
"Estos intercambios nos ayudan a ser más solidarios y avanzar hacia una política de asilo responsable", apuntó.
Delegados de los países miembros se reunirán en Bruselas el próximo lunes y martes para tratar estos asuntos. Entre las propuestas hay una iniciativa para crear una oficina europea de asilo que, según el ministro del Interior italiano Roberto Maroni, tratará de "hacer de la UE un lugar de acogida y bienvenida de personas que escapan de una guerra".
Besson se reúne desde hace meses con funcionarios de Italia y de Grecia para "reforzar" las fronteras de la UE del mar Mediterráneo.
Alrededor de 82 por ciento de las personas que ingresan a la UE sin documentos en regla lo hace por Grecia, indicó el secretario de Estado griego Spiros Vougias, quien también participó en el seminario del lunes.
Grecia quiere "dar la bienvenida a quienes buscan asilo de forma legítima", pero no tiene recursos para combatir la inmigración de personas indocumentadas, señaló.
"Esperamos una mayor cooperación europea", añadió.
Resta por ver si la cooperación incluye a los 10 millones de romaníes, discriminados y perseguidos en muchos países europeos.
