En Estados Unidos «a menudo prevalece algo similar a una mentalidad de turba», donde se busca que el castigo sea el más duro posible, dijo el activista y experto Bryan Stevenson sobre uno de los pocos países industrializados que continúan implementando la pena capital.
El sureño estado de Texas, que ocupa el primer lugar en materia de pena de muerte, 463 hombres y mujeres fueron ejecutados desde 1976, cuando se reinstauró ese castigo en Estados Unidos. El oriental Virginia hizo lo mismo con 107 individuos, mientras que seis estados han ejecutado a una sola persona en los últimos 34 años.
Actualmente hay 3.279 personas sentenciadas a muerte en el país, según Equal Justice Initiative (EJI), una organización sin fines de lucro con sede en el sudoriental estado de Alabama, que defiende a acusados que reciben tratos injustos.
IPS dialogó con Bryan Stevenson, fundador y director ejecutivo de EJI, directivo de la entidad no gubernamental Penal Reform International y profesor de derecho en la Universidad de Nueva York, sobre la situación de la pena de muerte en Estados Unidos.
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IPS: ¿Considera probable que en los próximos 10 años se concrete la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos?
BRYAN STEVENSON: No es probable que se llegue a una abolición total en Estados Unidos en ese plazo, pero creo que en la próxima década se puede lograr un avance muy importante hacia la abolición.
En los últimos dos años, dos estados abolieron la pena capital mediante leyes. En el plano nacional, la proporción de sentencias de muerte y ejecuciones se ha reducido mucho. Las dudas sobre la confiabilidad, el costo y la efectividad de la pena de muerte han hecho de ésta un castigo que cada vez más personas están preparadas para abandonar si no tienen ninguna objeción moral hacia ella.
IPS: ¿Qué cambios avizora para las políticas relativas a la pena capital en el futuro cercano, y a más largo plazo?
BS: Luego de 15 años de estar fuera de un intenso escrutinio y de la evaluación de casos de pena capital, pienso que la cantidad de condenas erróneas está obligando a tribunales y políticos a mejorar los procedimientos y oportunidades en pro de la justicia.
Así que creo que habrá una mayor presión para mejorar la calidad de la representación legal para los acusados (que corren riesgo de ser sentenciados a muerte) y para los prisioneros que aguardan ser ejecutados, aumentando la protección para aquellos que padecen enfermedades mentales y (alentando) un renovado debate sobre la discriminación racial y la imposición arbitraria de la pena capital.
También pienso que las normas y prácticas internacionales crearán una mayor tensión entre Estados Unidos y sus aliados sobre este tema.
IPS: ¿Por qué hay una cantidad desproporcionada de negros y latinoamericanos condenados a muerte? ¿Qué sugiere este patrón sobre las relaciones raciales y las desigualdades de clases en el Estados Unidos de hoy?
BS: La tendencia racial contra las personas de color las desfavorecen, las colocan en desventaja y las vuelven objetivos vulnerables en el sistema de la justicia penal de Estados Unidos. En muchos lugares se presume que las personas de color son culpables cuando se las arresta y se las lleva a juicio.
La raza es correlativa a la pobreza, por lo que el hecho de que muchas personas de color no consigan una adecuada asistencia legal también es un problema, y estos factores conspiran con la creación de una drástica sobre-representación de las minorías raciales condenadas a muerte.
Sin embargo, es importante reconocer que las desigualdades raciales en las sentencias existen en relación a todos los delitos penales y las sentencias en el país.
El menor poder político de las minorías raciales y su severa sub-representación en los roles de toma de decisiones en el sistema de la justicia penal y los vestigios que quedan de la esclavitud, la subordinación racial y el apartheid continúan hallando su expresión en el sistema estadounidense de la pena de muerte.
IPS: La mayoría de los estadounidenses apoyan la pena de muerte, y Estados Unidos es uno de los pocos países industrializados que continúa usándola. ¿A qué atribuye esto?
BS: Estados Unidos nunca se tomó realmente en serio sus normas y valores nacionales en lo relativo a las políticas de la justicia penal. Estamos tan confiados en nuestro compromiso hacia los derechos humanos que, cuando surgen violaciones a los derechos humanos, no reaccionamos ni cerca de lo que yo creo que deberíamos.
También pienso que la política del temor en Estados Unidos ha influido de un modo tremendo en las políticas de la justicia penal. Con muy poco liderazgo de parte de los políticos, a menudo prevalece algo similar a una mentalidad de turba donde el castigo se convierte en una competencia sobre quién puede ser el más duro. Esa dinámica explica en parte por qué Estados Unidos no está a tono con el resto del mundo occidental industrializado.
IPS: ¿Qué opina usted de la desigual destribución geográfica de las sentencias de muerte en los distintos estados de Estados Unidos?
BS: Pienso que hay diferencias regionales en relación a cuánto compromiso han demostrado los estados al tratar problemas históricos de injusticia en el sistema de la justicia penal.
En el sur profundo, donde predominó la esclavitud, donde la violencia y el terrorismo racial marcaron las vidas de las personas de color durante décadas, donde (las leyes segregacionistas conocidas como) Jim Crow y la segregación (en sí) existieron hasta el pasado muy reciente, hay mucha menos preocupación por las sentencias racialmente dispares, así como compromiso con la defensa de los indigentes y recursos adecuados para los pobres.
Allí se ve una alta proporción de sentencias de muerte, de condenas erróneas y de representaciones poco confiables. Aunque estos son problemas nacionales que pueden hallarse en prácticamente todas las jurisdicciones, son más pronunciados en estas partes del país.
