Con el apoyo de una multitud de manifestantes y el respaldo de presidentes latinoamericanos, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa trata de desactivar la sublevación policial por recortes de beneficios que instaló el caos en buena parte del país y pone en riesgo la democracia.
También luego se pronunció en el mismo sentido el Departamento de Estado de Estados Unidos, mientras que la Unión de Naciones Suramericanas está convocada de urgencia.
Oficiales y subalternos de la Policía Nacional se levantaron este jueves, reclamando la derogación de la ley de Servicio Público aprobada el día anterior por la unicameral Asamblea Nacional, que, entre otras cosas, recorta en esta fuerza condecoraciones y algunas bonificaciones, y alarga los períodos para ascender en la carrera profesional.
La situación se agrava por momentos. El mandatario permanece protegido por las máximas autoridades policiales en el hospital de esa misma fuerza, a donde fue llevado tras estallar los incidentes en el cuartel del Regimiento Quito, al norte de la ciudad. Pero el centro de salud sigue rodeado de efectivos rebeldes.
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Mientras, la Plaza de la Independencia, frente a la sede del gobierno, se ve llena de manifestantes. También se reportan ataques policiales con gases lacrimógeno a la población en distintas partes de la ciudad.
Ante el caos desatado por el levantamiento policial, el gobierno declaró el Estado de Excepción "para garantizar la debida protección de los ciudadanos", informó el ministro de Seguridad Interna, Miguel Carvajal. También ordenó una cadena nacional indefinida e interrumpida de radio y televisión, a la que deben adherir todos los medios.
El aeropuerto Mariscal Sucre fue cerrado por efectivos de la fuerza aérea, del Ala de Transporte número 11, y todos los vuelos, tanto despegues como aterrizajes, fueron suspendidos.
"Esto demuestra que no solo son policías sino que hay ramificaciones del movimiento en las Fuerzas Armadas", comentaron los presentadores de la televisión pública.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, hizo una llamado a la población desde el balcón del Palacio Presidencial "para que salga pacífica y valientemente a las calles principales de las ciudades a expresar el apoyo a su gobierno y a rechazar el golpe de Estado".
A la vez pidió a la multitud reunida en la plaza que marche al Hospital de la Policía para "rescatar al presidente".
Patiño y otros ministros que se dirigieron a los simpatizantes dispusieron que, mientras tanto, algunos grupos de partidarios se quedasen a resguardar la sede gubernamental.
Alexandra Ocles, secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, dijo que grupos de partidarios están viajando desde las provincias hacia Quito en respaldo de la democracia.
La sublevación que se inició en la madrugada generó una situación inédita de falta de patrullaje en las calles, problemas en el tránsito, suspensión de la actividad del sistema educativo y cierre de los aeropuertos. La estatal Radio Pública del Ecuador reportó de saqueos en Guayaquil, y de asaltos a bancos en Quito y otras urbes.
Poco después de estallar la crisis, bancos y comercios cerraron sus puertas para prevenir más problemas.
Los amotinados se atrincheraron en sus cuarteles detrás de vehículos blindados, mientras familiares y simpatizantes quemaban neumáticos en los alrededores de las sedes.
"HAY QUE PARAR EL GOLPE"
Simón Pachano, director del programa de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), calificó de "complicadísima" la situación. En entrevista con IPS dijo que el presidente "no dejó otra salida que la fuerza".
"Correa debió haber quemado fusibles, pero se fue a meter en la boca del lobo", cuestionó.
El economista Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de 2008 y distanciado más tarde de Correa, dijo a IPS que "es un intento de golpe de Estado que hay que pararlo". "Hay fuerzas que están aprovechándose", acusó.
"Los miembros de tropa de la policía y de las Fuerzas Armadas pueden tener razón en sus reclamos, pero la vía no es la adecuada. No pueden utilizar las armas para reclamar condiciones laborales", apuntó Acosta.
"Lo que hay que defender es la democracia y la Constitución, aunque ello no significa que debemos aguantar la prepotencia del presidente", añadió.
Pachano, sin embargo, no cree que se trate de un golpe de Estado. "Esto no fue planificado", insistió. Lo que, en cambio, pronosticó es que Correa puede acudir al mecanismo de "muerte cruzada", previsto en la Constitución, por el cual disuelve la Asamblea Nacional y asume todos los poderes.
"Correa tendría largo tiempo para manejar el país a su antojo, si es que logra controlar a la fuerza pública, pues la Constitución vigente obliga a que se registren nuevamente todos los partidos, con lo que las nuevas elecciones solo se podrían dar dentro de muchos meses", explicó.
CORREA EN EL CUARTEL
El presidente Correa se trasladó en la mañana de este jueves al Regimiento Quito, uno de los principales cuarteles de la capital, para tratar de convencer en persona a los sublevados, y les habló desde una ventana en un segundo piso. El argumento fue que él les había aumentado los sueldos y que por ello se recortaban las bonificaciones.
Los policías, agrupados al pie de la ventana, le contestaron a gritos que no era así, que los sueldos se los había subido el presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005), lo cual provocó la ira de Correa que entró a polemizar con los que le contestaban.
Correa repitió varias veces que no se derogaría la ley. "Ni un paso atrás", repitió varias veces. Esto exaltó aún más los ánimos y, cuando quiso retirarse, algunos policías se arremolinaron, le lanzaron agua y objetos. Ante eso, el mandatarios los desafió: "aquí estoy, si quieren mátenme".
Estallaron entonces dos bombas lacrimógenas, mientras la escolta presidencial (que depende del ejército) lo sacaba del recinto y lo llevaba de inmediato al hospital de la Policía Nacional, situado al lado del cuartel.
El traslado fue con dificultades porque el lunes 20 fue operado por cuarta vez de una de sus rodillas, cuando se le implantó una prótesis de titanio para reemplazar la articulación. Aún camina con muletas.
Más tarde, en una entrevista con Radio Pública del Ecuador, el presidente declaró que estaba recibiendo suero, pero que el hospital estaba rodeado y que sabía que policías trataban de entrar a su habitación, por el techo y los pasillos, con objeto de secuestrarle o afectar su integridad personal.
Correa insistió en la entrevista en lo que había hecho por las fuerzas de seguridad y acusó a la oposición de fraguar un golpe de Estado, aprovechando la desinformación sembrada entre la tropa de las Fuerzas Armadas y la policía.
En declaraciones desde Cuenca, ubicada 400 kilómetros al sur de Quito, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Luis Ernesto González, dijo que la institución militar respalda al gobierno y que "está en alerta para precautelar la seguridad del país" y que intervendrá si es necesario, luego de evaluar la situación.
A todo esto, policías que aparecían con su rostro cubierto o de espaldas en varios canales de televisión insistieron en que solo declinarían su medida de hecho cuando se derogue la Ley de Servicio Público.
La norma, cuyo proyecto original fue enviado por el Poder Ejecutivo en agosto, fue discutida en dos debates y modificada ligeramente por la Asamblea. Cuando la recibió Correa, emitió cuatro vetos, y así volvió a la Asamblea que la aprobó el miércoles con la aceptación de tres de esos cuatro vetos presidenciales.
