Varias organizaciones de la sociedad civil esperan que el nuevo gobierno de Colombia cambie radicalmente la política de derechos humanos del anterior y que Estados Unidos use su influencia en ese país para garantizarlo.
Este mes el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos probablemente certificará que Colombia está cumpliendo con las condiciones de derechos humanos requeridas para recibir parte de la asistencia militar que le brinda.
Pero en el año transcurrido desde la última certificación tuvieron lugar numerosas violaciones a los derechos humanos en el país, señalaron varias organizaciones no gubernamentales colombianas y estadounidenses en un comunicado emitido el lunes.
Esas entidades consideran que, como los hechos que denuncian ocurrieron durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), Colombia tiene la oportunidad de revertir esa tendencia bajo el mando de su sucesor, Juan Manuel Santos, y que Estados Unidos, que cada año aporta cientos de millones de dólares a Bogotá, puede presionarla para que lo haga.
El certificado requerido solamente afecta a la ayuda militar estadounidense, y apenas un porcentaje de la misma. Además, en una década el Departamento de Estado nunca dejó de certificar que Colombia cumpliera con las condiciones impuestas en relación a los derechos humanos, como una suerte de factura por la asistencia.
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Requerir esa certificación es útil en cualquier caso, "porque el Departamento de Estado, al anticiparse a estas decisiones, a veces se retrasa en certificar y debate con el gobierno colombiano las serias cuestiones de derechos humanos", dijo Lisa Haugaard, directora ejecutiva del Latin America Working Group, una de las 18 organizaciones que firman el comunicado.
"Ésta ha sido la única herramienta de que hemos dispuesto para ejercer presión no sólo sobre el gobierno colombiano, sino sobre el Departamento de Estado", declaró a IPS.
Las entidades de la sociedad civil quieren que el Departamento de Estado no emita el certificado avalando la situación de los derechos humanos en Colombia.
Ha sido un año particularmente malo en este sentido, explicó Haugaard. "Hemos visto un considerable retroceso, particularmente en lo relativo a investigar y juzgar efectivamente los abusos cometidos por el ejército", dijo.
El año pasado quedaron varias infracciones sin investigar. Por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos", cometidas por miembros de la fuerza pública para obtener premios y días libres en la guerra contrainsurgente. Tras fusilar a sus víctimas —atraídas mediante engaños—, los militares las vestían con ropas de guerrilleros para inflar las cifras de sus "éxitos" de combate.
Más de 62 fiscales están a cargo de 1.273 procesos por las muertes de 2.077 colombianos, que tuvieron lugar desde 2002, año en que Uribe asumió el gobierno. Pero los resultados son lentos, según las organizaciones.
En respuesta al escándalo de los falsos positivos, 27 efectivos militares fueron destituidos en 2008, pero ninguno fue acusado por los crímenes, señalan.
Los activistas también escriben que 31 sindicalistas, siete líderes comunitarios y uno indígena fueron asesinados en lo que va de 2010, y que hubo "un aumento exponencial en las amenazas contra los defensores por correo electrónico desde abril de 2010".
Destacan además las operaciones expandidas de organizaciones delictivas y paramilitares, así como las evidencias de la cooperación entre militares y paramilitares.
Seis de las entidades que firman la declaración —la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro para la Política Internacional (CIP), Human Rights First, Latin America Working Group, Lutheran World Relief y la U.S. Office on Colombia— enviaron el 19 de agosto una carta a la secretaria de Estado Hillary Clinton. Allí pidieron a Estados Unidos que presionara para lograr una reforma en estas áreas y para proteger a los defensores de los derechos humanos.
Ahora esperan que el nuevo gobierno colombiano le dé una oportunidad a esa reforma.
El gobierno de Uribe fue objeto de críticas por considerárselo responsable de muchos abusos a los derechos humanos. Entre ellos, un famoso escándalo de espionaje en el que se hicieron públicas grabaciones de conversaciones telefónicas de magistrados, defensores de derechos humanos, políticos opositores y periodistas.
La mayor parte de las acusaciones por las escuchas clandestinas, ilegales según el derecho colombiano, recayó sobre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una agencia de inteligencia que funciona bajo la órbita del presidente.
El DAS creció considerablemente en tamaño y potestades desde su fundación en los años 50, pero luego de los escándalos de las escuchas, y especialmente tras el descubrimiento de la grabación de un diálogo entre un juez de la Suprema Corte y un funcionario adjunto a la embajada de Estados Unidos, Uribe ordenó desmantelarlo. Sin embargo, esta medida aún no se cumplió.
Estas acciones del DAS son la antítesis misma de la condición de que Colombia respete los derechos humanos, impuesta para que Estados Unidos le conceda su asistencia, señalan las organizaciones firmantes del comunicado de esta semana.
Por su parte, Santos ha dado señales de que se distanciará de los antecedentes de Uribe.
En su discurso de asunción, el 7 de agosto, dijo que hará más por defender los derechos humanos, y en las semanas posteriores su gobierno continuó enfatizando que estos temas serán mucho más atendidos que durante el mandato de su predecesor.
Sin embargo, Haugaard observó que, mientras fue ministro de Defensa del gobierno de Uribe, Santos "implementó políticas que aumentaron las matanzas de civiles".
"Pero también, después de la presión y las protestas internacionales, puso en práctica algunas políticas que empezaron a reducir la cantidad" de esas matanzas, agregó.
"Así que él es alguien que escucha lo que la comunidad internacional piensa, pero también alguien que estuvo implicado en los problemas en primer lugar", resumió.
En la declaración, las organizaciones piden al Departamento de Estado no extender la certificación hasta que los casos judiciales en curso den resultados claros y hasta que se haya avanzado en el combate a "la rampante impunidad de Colombia".
