Organizaciones ambientalistas de Argentina celebraron este jueves la sanción de una ley que restringe la actividad minera e hidrocarburífera en las zonas de glaciales, para proteger así esas inmensas reservas de agua dulce.
Por 35 votos a favor y 33 en contra, el Senado aprobó esta madrugada la iniciativa que preserva los glaciares y áreas periglaciares. Los legisladores afines al gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández aseguraron que esta vez no habrá veto presidencial como ocurrió con una norma parecida aprobada en 2008.
Fernández había considerado entonces que aquella norma era "excesiva" en los límites que fijaba para la actividad industrial. Para los ambientalistas, el nuevo texto aprobado es mejor que el vetado.
"La norma de 2008 sólo restringía la actividad minera en los glaciares, pero esta alcanza también a los hidrocarburos y a toda industria que utilice sustancias tóxicas", dijo a IPS Hernán Giardini, de Greenpeace Argentina.
Junto a Chile, Argentina alberga los más vastos glaciares de América del Sur, amenazados por el cambio climático y la actividad industrial, particularmente por explotaciones mineras que se multiplicaron en los últimos 20 años.
[related_articles]
Sólo en la noroccidental provincia de San Juan la producción minera creció 950 por ciento desde 2003 y las exportaciones se incrementaron 4.400 por ciento desde entonces, según datos del gobierno del distrito.
Actualmente, San Juan es la principal productora de oro y plata del país, y entre los principales proyectos mineros que acoge está el de Pascua Lama, que será la primera explotación minera binacional del mundo, compartida con Chile.
Por eso, el gobierno provincial de San Juan en pleno se opuso a la sanción de esta Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. "No querían ninguna norma de preservación de glaciares, pero cuando vieron que alguna se iba a votar apoyaron la menos restrictiva y, finalmente, perdieron", dijo Giardini.
Pero también fue resistida por otras provincias del noroeste argentino, como La Rioja, Jujuy y Catamarca, que también alojan grandes inversiones. Se trata de una región árida y con difícil acceso al agua, junto a la cordillera de los Andes, donde se localizan metales.
La Secretaría de Minería de Argentina indica que se registraron 900 nuevos proyectos mineros en el país desde 2003 y la inversión en esta actividad creció desde entonces 1.100 por ciento gracias a leyes mineras que atrajeron inversiones.
De los 20 mayores proyectos que se llevan a cabo, cinco se ubican en San Juan. Uno está en marcha desde 2006, Veladero, y el otro es el proyectado Pascua Lama, los dos controlados por la corporación canadiense Barrick Gold.
La nueva ley ambiental declara que los glaciares son "bienes de carácter público", y prohíbe la "destrucción o traslado" de estas grandes masas de hielo. También fija severas sanciones para quienes infrinjan estos límites.
Pero lo más novedoso de la norma, según resaltaron los legisladores que aprobaron el proyecto, es que designa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales la tarea de realizar un inventario nacional de glaciares.
Una vez hecho el estudio, los expertos del organismo darán el visto bueno a los proyectos de inversión en áreas bajo custodia, y pueden también vetar el avance de explotaciones que ya operan en zonas de glaciares o periglaciares.
La no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) también celebró la sanción de esta norma y destacó que para su aprobación fue clave la participación ciudadana a través de distintas propuestas de organizaciones de la sociedad civil.
"Se logró establecer la preservación de los glaciares y cuencas de alta montaña, que son recursos naturales con un valor estratégico fundamental como grandes reservas de agua", declaró a IPS María Eugenia Di Paola, directora de FARN.
Para Greenpeace, la sanción de la ley fue "un gran paso del Congreso Nacional a pesar de la insistente y desproporcionada presión ejercida desde la corporación minera en contra de una norma que proteja los glaciares".
Según Giardini, las empresas gastaron millones en avisos en diarios de todo el país exhortando a los parlamentarios a no respaldar la iniciativa que finalmente se aprobó, así como en asesores que hasta último momento hicieron presión sobre legisladores de provincias mineras.
La norma también pone bajo la lupa del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales inversiones en grandes obras de infraestructura en zonas de glaciares.
Por ejemplo, el túnel de Agua Negra, otro proyecto de San Juan y Chile, valuado en 800 millones de dólares, que busca habilitar un paso en la cordillera de los Andes para facilitar la salida al océano Pacífico de exportaciones provenientes del Mercosur (Mercado Común del Sur), que conforman Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, en proceso de adhesión plena.
