Un antropólogo y activista que ha trabajado durante años con los pueblos indígenas en una de las regiones más pobres y marginadas de México fue galardonado con un importante premio de derechos humanos.
Abel Barrera Hernández, fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en el sureño estado de Guerrero, recibirá el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy este año, en reconocimiento de sus esfuerzos para poner fin a los abusos cometidos por militares y policías contra la población local.
Así lo informó el jueves el Centro RFK para la Justicia y los Derechos Humanos.
"Nuestros amigos en el Centro Tlachinollah representan el verdadero coraje en su lucha para exponer y confrontar los actuales abusos en derechos humanos", dijo Claudio Grossman, decano de la Escuela de Leyes de la Universidad Estadounidense en Washington.
"Al ponerse de lado de las comunidades más vulnerables, Abel Barrera Hernández y sus colegas corren muchos riesgos personales, y estamos orgullosos de reconocer su trabajo a través de este prestigioso premio", añadió Grossman, quien también fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 1993 a 2001.
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La distinción fue elogiada por varios activistas de derechos humanos, quienes señalaron que el Centro RFK cuenta con una destacada reputación por mantener un apoyo político y material a sus premiados.
El galardón, que será entregado en Washington en noviembre, "representa un escudo que viene de una organización con mucho prestigio para una región demasiado vulnerable, desprotegida, donde los derechos humanos son letra muerta", dijo el propio Barrera a IPS.
"El premio viene a hacer visible lo que las autoridades quieren que siga siendo invisible. No quieren ver la tragedia, la pobreza, el hambre", añadió.
Informes de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales han expuesto la crítica situación en la que trabajan los promotores de derechos humanos, marcada por los asesinatos, las agresiones y las intimidaciones.
En Guerrero, más de 100 activistas han sido amenazados. Miembros del Centro y de las organizaciones del Pueblo Indígena Me'phaa y para el Futuro de los Pueblos Mixtecos han recibido medidas cautelares de protección dispuestas por la CIDH.
"Creo que este premio llega en un momento especialmente importante debido al tremendo incremento de las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la guerra contra las drogas", dijo Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Centro de Relaciones Internacionales.
"El año pasado, grupos de derechos humanos reportaron que se sextuplicaron las demandas contra el ejército, y las poblaciones indígenas son las que sufren más. Necesitan más vigilancia de parte de la sociedad civil", añadió.
"El Centro trabaja en una situación muy difícil y peligrosa, en el corazón de una de las comunidades marginadas en el país", dijo Maureen Meyer, especialista en México de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), que también galardonó el año pasado a la organización fundada por Barrera.
"Cualquier reconocimiento que reciban es sin duda importante tanto para revelar los abusos a los derechos humanos que ocurren en Guerrero como para darles más protección", señaló.
Barrera, quien originalmente estudió para ser sacerdote católico y luego egresó de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de México, fundó en 1994 el Centro en su ciudad natal de Tlapa de Comonfort con el fin de promover el desarrollo comunitario y proveer educación en derechos humanos y asistencia legal a los pueblos indígenas naua, me'phaa, mixteco y amuzgo.
La región de La Montaña en Guerrero ha sido por largo tiempo una de las más marginadas en México. La mayoría de sus habitantes, muchos de los cuales no hablan español, viven en condiciones materiales similares a muchos pobladores de Malawi, según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas de 2004.
Los recortes en los subsidios agrícolas durante las dos décadas de liberalización económica dificultaron aun más su subsistencia, obligando a muchas familias a emigrar para cultivar amapola (materia prima del opio, la heroína y la morfina), según escribió Todd Miller en un informe el año pasado del centro de estudios Congreso de América del Norte sobre América Latina.
De hecho, la región ha pasado a ser una de las de mayor cultivo de amapola en México. Aunque siempre contó con una importante presencia de las Fuerzas Armadas, la campaña del presidente Felipe Calderón contra el tráfico de drogas incrementó su militarización, y como consecuencia aumentaron los abusos de uniformados contra sus pobladores ante la frecuencia de protestas de campesinos.
"Es un lugar donde la pobreza abismal se encuentra con el tráfico de drogas, y donde el tráfico se encuentra con la militarización, derivando en un patrón sistemático de violencia y abusos", analizó Miller. "Cuando grupos y comunidades se organizan para luchar contra esta pobreza y violencia, también se convierten en objetivos".
De hecho, el personal del Centro, incluyendo al propio Barrera, ha sufrido repetidamente acoso y amenazas de varias fuentes en los últimos 16 años por su trabajo en la protección y promoción de los derechos de la población indígena.
Varias veces fue beneficiado con medidas cautelares de protección de la CIDH que, sin embargo, el gobierno mexicano ignoró.
A lo largo de los años, el Centro desarrolló varias estrategias para realizar su trabajo. Además de proveer representación legal y tratamiento psicológico a las víctimas de abusos, publicó informes anuales y temáticos sobre la situación en Guerrero, creó redes institucionales entre activistas locales y nacionales y organizaciones de derechos humanos internacionales, y trabajó con medios de prensa para crear conciencia sobre las violaciones.
En 2002, el Centro presentó ante la CIDH el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos indígenas que habrían sido violadas por soldados en Guerrero en 2002. La CIDH elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deberá emitir sentencia.
En 2005, defendió el derecho a educación de los habitantes de dos poblados abandonados por el personal de enseñanza que se vio desbordado por la tarea.
Luego de presentar quejas ante la Secretaría de Educación (ministerio) y llamar la atención de la prensa nacional e internacional, el Centro logró que el gobierno designara a 12 educadores y abriera cuatro salones de clase adicionales en la zona.
El mismo año, la organización de Barrera lanzó una campaña contra las desapariciones forzadas en Guerrero, mientras realizaba numerosas investigaciones que expusieron abusos militares, incluyendo torturas, violaciones de mujeres indígenas, detenciones e interrogatorios arbitrarios, intimidación y confiscaciones de tierras.
También asumió el caso de dos defensores de los derechos humanos de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco que habían sido arrestados y fueron luego hallados muertos con señales de tortura en febrero de 2009.
Esos casos derivaron en una nueva ronda de amenazas contra el personal del Centro, que recibió nuevas medidas cautelares de protección de la CIDH. "Que florezca la justicia en la montaña, marchita por la impunidad, por la corrupción, la violencia endémica, el olvido secular hacia los pueblos", pidió Barrera.
* Con aporte de Emilio Godoy (México)
