Franklin Brito, quien ayunó largos períodos desde 2004 para defender derechos sobre un establecimiento rural de su propiedad, se convirtió en el primer venezolano que sostiene una protesta de este tipo hasta la muerte.
Brito, productor agropecuario y maestro de escuela de 49 años, falleció la noche del lunes en el Hospital Militar de Caracas, donde había sido internado por orden de un juez y contra su voluntad. Medía 1,90 de estatura y pesaba apenas 34 kilogramos.
Protestó primero porque el estatal Instituto Nacional de Tierras (INTI) dio a terceros permisos de ocupación sobre parte de su predio, de 290 hectáreas, y fue despedido de la escuela pública donde enseñaba, así como su esposa Elena Rodríguez, por disentir acerca de un proyecto de cultivos con un alcalde del sudeste del país.
En 2005 y 2008, el INTI negoció acuerdos de compensación con Brito, pero rehusó apoyarlos en documentos, por lo cual el productor siguió protestando "para no hacerme cómplice de hechos de corrupción", según dijo.
Brito fue internado en diciembre de 2009 en el Hospital Militar. Denunció la medida como un secuestro, se negó a recibir atención de médicos militares, reclamó los de la Cruz Roja, y su salud se deterioró hasta que pereció.
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"En los días finales mi padre aceptó que le suministrasen hidratación y algunos medicamentos, con la esperanza de conversar para buscar una solución con gente del gobierno, pero no resistió", dijo a IPS su hija Ángela Brito.
La familia dio a conocer una declaración escrita en la cual destacaron que su esposo y padre "muere en la institución militar donde lo mantenían retenido contra su voluntad".
"El gobierno del presidente Hugo Chávez ignoró la petición de Franklin, el clamor de su familia y los llamados de los organismos internacionales para permitir que tuviera acceso a asistencia médica elegida por él mismo, merecedora de su confianza", se añade en el texto.
"Franklin vive en la lucha del pueblo venezolano por el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia, por el respeto de los gobiernos a los derechos humanos. Deja de ser carne para convertirse en símbolo para todos los atropellados por la soberbia del poder, para los ofendidos por la prepotencia de los gobernantes", proclamó el documento.
Marino Alvarado, coordinador de la organización humanitaria Provea, sostuvo que "la muerte de Brito es consecuencia de una manera de gobernar prepotente e intolerante. Sus peticiones pudieron resolverse en una mesa de diálogo, devolviéndole con corrección unas hectáreas que le fueron arrebatadas arbitrariamente".
Por añadidura "la fiscal general de la República, Luisa Ortega, pidió su traslado al Hospital Militar con la finalidad de garantizarle la vida, pero terminaron garantizándole el derecho a la muerte", dijo Alvarado a IPS.
El Foro por la Vida, una coalición de organizaciones de derechos humanos, asentó en una declaración su "enérgica condena a las autoridades del Estado venezolano, quienes, en vez de garantizar la vida e integridad de Brito y su familia, estimularon permanentemente la impunidad, haciendo uso desmedido del poder para tratar de doblegarlo en sus justas peticiones". "La intransigencia, la prepotencia para gobernar y la falta de sensibilidad condujeron a un resultado que constituye un grave precedente en cuanto a la conducta de los poderes públicos frente al reclamo ciudadano", según el Foro.
La muerte de Brito se produce en plena campaña política para los comicios del 26 de septiembre, cuando se elegirá una nueva Asamblea Nacional, el parlamento unicameral que en 2005 fue ocupado en su totalidad por partidarios del gobierno ante la renuncia a competir de la oposición alegando falta de garantías en el voto.
La coalición opositora Mesa de Unidad Democrática produjo una declaración según la cual Brito "falleció siendo víctima de las atropellantes políticas agrarias del gobierno". Brito "eligió la vía de la huelga de hambre para tratar de hacer valer sus derechos, y en lugar de ser escuchado fue reprimido y sometido a la jurisdicción de un tribunal penal, como si estuviera cometiendo algún delito", dijo Delsa Solórzano, responsable de la Mesa opositora en materia de derechos humanos.
En cambio, el ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo, ex director del INTI, aseguró que "Brito tuvo siempre el apoyo del gobierno, y nunca se planteó expropiar sus predios, como lo quisieron hacer ver los medios de comunicación privados".
La semana pasada Loyo visitó a Brito "en atención a una solicitud de sus familiares". "El encuentro se hizo sin ningún tipo de estridencia periodística, con espíritu de ver, una vez más, cómo podemos ayudar, por razones humanitarias", dijo.
El INTI sostuvo que "otorgó el registro agrario correspondiente" a Brito y destacó que como parte de acuerdos con el productor le entregó un tractor, insumos y enseres, y sobre su propiedad hizo trabajos de deforestación, arreglo de cercas y de vías.
Brito, en vídeos disponibles en el portal YouTube, grabados a fines de 2009, y en su última entrevista, que data de mayo, afirmó que las compensaciones se le entregaron sin documentación de respaldo, a su entender, "para no reconocer la maldad de su demora, porque así se afectaría, creo yo, la imagen del presidente".
Brito rechazó las compensaciones y con la última huelga de hambre, emprendida en 2009, reclamó la intervención de Chávez para zanjar definitivamente el problema.
En junio, la cancillería venezolana convocó a representantes de organismos internacionales para comunicarles su punto de vista sobre el caso. En esa oportunidad, Alfredo Missair, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dijo que "nunca había visto a un Estado tan preocupado por los derechos de un solo hombre".
Tras conocerse la muerte de Brito, el disidente cubano Guillermo Fariñas, quien hizo este año una huelga de hambre de 135 días, dijo que "es un asesinato de Chávez".
"El hecho de que haya sido obligado a estar en un hospital militar y no donde deseaba realizar su huelga de hambre, hace responsable al gobierno de Chávez", añadió Fariñas, quien levantó su ayuno el 8 de julio tras el anuncio del gobierno de Raúl Castro de liberar a los 52 opositores que aún seguían encarcelados.
Un compañero de Fariñas en su denuncia sobre la situación de los presos políticos en Cuba, el albañil Orlando Zapata, falleció el 23 de febrero al cabo de 83 días en huelga de hambre.
