«Un día más, un día menos», repite María Lourdes Afiuni al saludar o despedirse de sus miles de seguidores en una red de microcontenidos en Internet. Ella es una jueza venezolana presa desde hace ocho meses, por haber decidido que un procesado fuese enjuiciado en libertad.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, calificó de "arbitraria" su reclusión en sus sesiones en junio en Ginebra. También se lamentó de que Afiuni esté encarcelada por haber aplicado una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del foro mundial.
La activista Ligia Bolívar dijo a IPS que el caso es emblemático porque el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, "transmitió al Poder Judicial un mensaje muy claro en dos sentidos: el poder de condenar a una persona por cadena de radio y televisión, y que nadie se atreva a conceder el juicio en libertad a una jueza presa por haber hecho lo mismo".
El banquero Eligio Cedeño llevaba dos años y 10 meses en prisión preventiva por cargos de corrupción cuando Afiuni le otorgó la libertad condicional, basada en que el código penal fija un límite de 24 meses para la reclusión sin sentencia. Además, acogió normas de la ONU y una requisitoria del organismo sobre el caso.
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Afiuni, de 46 años, fue detenida instantes después de que Cedeño salió de su tribunal y al día siguiente el presidente Chávez la calificó, en una cadena radio-televisiva, de "bandida". Dijo que era "mucho más grave que un juez libere a un bandido que el bandido mismo" y pidió la pena máxima contemplada en Venezuela, que es de 30 años de prisión.
La jueza dictó a Cedeño dos medidas cautelares: la prohibición de salida del país y el retiro del pasaporte, y también la obligación de presentarse cada 15 días ante las autoridades. Pero el procesado huyó días después a Estados Unidos.
Cedeño es acusado de fraude y corrupción por 27 millones de dólares, otorgados por la comisión administradora del controlado mercado de divisas para importar equipos informáticos, que presuntamente no ingresaron al país. Hasta que estalló el escándalo era considerado como muy cercano al gobierno izquierdista de Chávez.
La fiscal general Luisa Ortega ha reiterado desde la detención de la jueza Afiuni, del Tribunal 31 de Control (instrucción), que ésta incurrió en corrupción propia, abuso de autoridad y ayuda a la fuga. También indicó que el primero de los delitos es considerado en la legislación venezolana "de lesa patria".
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul de Albuquerque, ha denunciado como "inaceptable" e "intimidatoria" la detención.
Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, la organización local que más acompaña el caso, aseguró que con él Venezuela escala un peldaño más en lo que algunos especialistas y activistas califican de "rebeldía" ante los órganos jurídicos internacionales.
Desde antes que Chávez llegase a la Presidencia en 1999, "Venezuela desatendió recomendaciones y decisiones de organismos internacionales y regionales de derechos humanos", recordó Bolívar.
Después "la justicia nacional pasó a tumbar sentencias internacionales, como sucedió cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que era inejecutable un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teóricamente inapelable, que ordenaba la reposición de unos magistrados", explicó.
"Ahora se da un paso más: quien ejecuta una decisión de organismos internacionales de aplicación de justicia, va preso", aseguró. Eso explica, consideró, "la lluvia de pronunciamientos internacionales desde el 16 de diciembre a favor de Afiuni".
La presidenta del TSJ, María Estela Morales, ha señalado que "nuestra jurisdicción no será entregada a ningún poder extranjero" y ha calificado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de ser "uno de esos organismos internacionales que se disfraza de protector de derechos fundamentales para sus propios intereses".
También ha manifestado varias veces que "la división de poderes debilita al Estado" y ha propuesto corregir algunas partes de la Constitución de 1999, que en este punto "se contradicen con el régimen" impulsado por Chávez.
Morales y la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, han rechazado los señalamientos de organizaciones humanitarias, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, de que Afiuni corre peligro y soporta un trato discriminatorio en el Instituto de Orientación Femenina, un penal a las afueras de Caracas.
A fines de mayo culminó la instrucción del caso con la decisión de abrirle juicio. El tribunal acogió la tesis de la fiscalía, según la cual se reconoce que no hay indicios de enriquecimiento o promesa de pago, pero sí de que Afiuni obtuvo otros beneficios ilícitos.
Las solicitudes de sobreseimiento, libertad condicional, arresto domiciliario o reclusión donde no deba permanecer confinada por los intentos de agresión en su contra, fueron rechazadas por el juez del caso, Ali Paredes. "No es temporada de medidas cautelares", arguyó, según denunció Theresly Malavé, abogada de Afiuni.
Este viernes 6, los defensores de Afiuni presentaron ante el TSJ la recusación del juez Paredes, después que éste anunció el inicio del juicio para el día 10 y rechazó la demanda de que sea un tribunal con escabinos (ciudadanos elegidos por sorteo) el que siga la causa.
Alegaron "parcialidad manifiesta" de Paredes. Entre los argumentos, presentaron documentos supuestamente extraídos de la página digital del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, en que el juez en encendidas comunicaciones dice: "daré la vida por la revolución y nunca traicionaré a mi comandante Chávez".
El jurista Alberto Arteaga, uno de los articuladores del moderno Código Orgánico Procesal Penal de 1998, consideró que el caso "es un golpe desolador al sistema garantista, basado en la presunción de inocencia e inhibidor de dilaciones indebidas".
Según el académico, a Afiuni se le atropellaron variados derechos, comenzando por la detención, que solo hubiese procedido si hubiese sido hallada recibiendo un soborno.
"Fue esposada y detenida en su propio tribunal, por realizar un acto de su jurisdicción, y se llega al absurdo de imputarle corrupción sin beneficio económico", dijo a IPS.
En Venezuela no existe la corrupción "inmaterial", afirmó. El código establece para el peculado multas "sobre el beneficio obtenido", así que debe ser económico, puntualizó.
Afiuni permanece aislada en una celda de seis metros cuadrados en una zona especial del centro de reclusión y no puede participar en sus actividades, como medida de protección, porque más de una vez alguna presa ingresó a su habitáculo con un arma artesanal.
El caso Afiuni se inserta en una situación grave de la justicia penal en Venezuela, según la no gubernamental Red de Apoyo por Justicia y Paz. El 30 de julio emitió un informe donde resalta que en el país hay 807 jueces penales, de los que 482 no son titulares, lo que les crea inseguridad y entorpece su aplicación de justicia.
Cada juez penal debe procesar anualmente, en promedio, 316 causas, casi una diaria, en un país con una de las tasas latinoamericanas más bajas de jueces penales: 2,84 por 100.000 habitantes.
