Tamaulipas se ha convertido en el hoyo negro del crimen organizado en México. Hay poco registro de la acelerada desintegración social que vive ese estado fronterizo desde hace seis meses, pues la prensa local está totalmente silenciada.
"No tenemos opción, simplemente no tenemos opción", dijo a IPS, vía telefónica, el corresponsal de un periódico nacional que pidió reservar su identidad. Como otros, este periodista se negó a enviar a su diario información sobre el asesinato del alcalde de Hidalgo, un pequeño municipio vecino de Ciudad Victoria, capital del estado situado en el extremo nororiental de México.
El alcalde, Marco Antonio Leal García, fue emboscado y asesinado el domingo 29 en la tarde, cuando viajaba en automóvil con su hija de 10 años, que resultó herida en las piernas. Apenas el 13 de agosto había sido muerto su antecesor en la alcaldía, Cesáreo Rocha Villanueva.
El lunes 30, los diarios de Ciudad Victoria publicaron esquelas del alcalde asesinado, pero no la noticia de su muerte, debido a que todas las redacciones fueron amenazadas, supuestamente por grupos del crimen organizado.
Tamaulipas es un estado fronterizo de algo más de tres millones de habitantes, con una superficie equivalente a los territorios sumados de El Salvador y Costa Rica. Comparte una extensa frontera con Texas y tiene uno de los principales puertos sobre el Golfo de México, Tampico.
[related_articles]
En esa zona del noreste operan el narcotraficante Cartel del Golfo —que controla las ciudades fronterizas— y una violenta organización conocida como Los Zetas, formada por militares desertores que habían sido entrenados en técnicas de combate y contrainsurgencia por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).
"Los Zetas originales comenzaron ejecutando blancos selectos con eficiencia militar y economía de balas", dijo a IPS Jorge Luis Sierra, periodista especializado en seguridad y militarización.
"Pero después comenzaron los excesos, y ahora Los Zetas ya no son los viejos soldados desertores, sino unidades que mezclan civiles, policías, ex militares y sicarios de otras bandas, que practican tres estrategias juntas: actúan como narcos, como terroristas y como guerrilleros al mismo tiempo", agregó.
Al asesinato del alcalde Leal García lo precedió un fin de semana muy violento, con explosiones en las ciudades de Reynosa y Tampico y el estallido de un coche bomba frente a las instalaciones del canal Televisa Victoria, que el viernes 27 amaneció con su señal apagada.
El domingo se produjo un enfrentamiento de más de nueve horas entre militares y delincuentes en la región del río Pánuco, límite sur de Tamaulipas, que fue registrado por usuarios de la red social Twitter.
Pero no son los únicos casos, ni los peores. Seis días antes de las elecciones de julio, fue asesinado del candidato favorito a gobernador del estado, Rodolfo Torre Cantú, del Partido Revolucionario Institucional. Y apenas la semana pasada, efectivos de la marina de guerra encontraron en un rancho del municipio de San Fernando los cuerpos de 72 inmigrantes masacrados, presumiblemente, por haberse negado a trabajar para Los Zetas.
Del asesinato de los inmigrantes "hay varias lecturas: una es que Los Zetas son el grupo más brutal y violento que hemos conocido; dos, que es posible que hayan sido detectados, y mataron a todos antes de irse del lugar, y tres, que otro grupo haya cometido la acción y se la haya atribuido a Los Zetas para exterminarlos de la zona", conjeturó Sierra.
Los Zetas, explicó, nunca reivindican sus acciones. Su "política comunicacional" es el acto mismo. En cambio, sus enemigos están empleando tácticas de guerra psicológica, como los coches bomba. En este sentido, "matar a 72 inmigrantes y atribuirlo a Los Zetas puede ser un acto de propaganda y formar parte de una estrategia de guerra psicológica", dijo.
Como sea, Los Zetas encontraron años atrás una mina de oro en el secuestro de indocumentados.
Según estimaciones basadas en datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, unas 500.000 personas de América Central y del Sur cruzan por año este país sin permiso. Y más de 10.000 fueron secuestradas en los seis meses transcurridos entre septiembre de 2009 y febrero de este año, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Estas personas son extorsionadas y puestas en el dilema de incorporarse a las filas de Los Zetas o pagar por su liberación y continuar su camino a Estados Unidos.
La CNDH asegura que cada mes son secuestrados unos 1.600 inmigrantes.
En la inauguración de un foro sobre trata de personas en Ciudad de México, la diputada federal Rosi Orozco aseguró que el mercado de este delito representa una de las tres principales fuentes de ingresos para el crimen organizado y "ha crecido en la mayor parte de los estados, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional".
Aunque esto ocurre en todo el país, se recrudece en la "frontera chica" de Tamaulipas, una faja de municipios en el noroeste del estado que es clave para el tráfico de drogas y donde disputan el Cartel del Golfo y Los Zetas, a los que se sumó recientemente —según testimonios de habitantes— el Cartel de Sinaloa, que lidera "El Chapo" Joaquín Guzmán Loera.
"Hay una deficiencia asombrosa de inteligencia" en todo el aparato de seguridad, "sobre todo si consideramos que éste no fue el primer caso de secuestro masivo de indocumentados", cuestionó Sierra. "¿Cómo es posible que el crimen organizado haya secuestrado y asesinado a 72 inmigrantes sin que lo haya detectado inteligencia militar?".
El peor de los escenarios es que esos territorios de ingobernabilidad se amplíen más y alcancen "puntos estratégicos: instalaciones petroleras, áreas financieras, oficinas de gobierno, grandes concentraciones de personas", dijo. Nada de eso está descartado.
