El Estado peruano iniciará acciones de inteligencia para ubicar fondos ocultos de los condenados por delitos de corrupción perpetrados durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). El propósito es cobrarse una deuda de 322,9 millones de dólares.
El monto corresponde a la totalidad de dinero que el Poder Judicial ordenó abonar a los sentenciados como reparación por el daño causado al Estado por sus diversos actos ilícitos.
Con los 322,9 millones de dólares adeudados, podría financiarse durante casi cuatro años el Programa del Vaso de Leche, el más importante de asistencia alimentaria para las personas en situación de pobreza en todo el país.
"Se ha detectado que muchos de los condenados por corrupción, para evitar el embargo de sus cuentas y otros bienes, traspasaron la propiedad a testaferros", dijeron a IPS fuentes del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
"Se ha nombrado a un procurador especial para el cobro de estas deudas, quien tendrá facultades para investigar, rastrear y ubicar los activos de los sentenciados por graves delitos de corrupción", agregaron.
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La lista la encabeza el ex presidente Alberto Fujimori, quien debe 2,8 millones de dólares, derivados de sentencias por espionaje telefónico, soborno a congresistas de la oposición, uso de fondos públicos para su campaña de reelección de 2000 y el pago indebido de 15 millones de dólares a su asesor Vladimiro Montesinos con recursos del erario nacional.
Fujimori no ha cancelado al Estado ni un centavo de la deuda, confirmaron las fuentes del Consejo de Defensa.
Las autoridades rastrearán el destino de 669.500 dólares que Fujimori cobró por la venta de un inmueble de su propiedad en 1998, mediante una operación señalada como ilícita por el Ministerio Público.
Del monto mencionado, Fujimori giró un cheque por 150.000 a su hermana Rosa Fujimori, perseguida por la justicia peruana y autoexiliada en Japón. Luego, emitió cuatro cheques de 83.688 para cada uno de sus hijos: Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi, supuestamente para financiar sus estudios en Estados Unidos.
Pero ese dinero transferido a sus hijos terminó en cuentas bancarias en América del Norte y Japón, de acuerdo con un peritaje de la Contraloría General de la República.
El ex mandatario se quedó con 214.000 en efectivo producto de la venta del inmueble. El destino de esa cifra es desconocido.
El procurador público especializado en el cobro de reparación civil en casos de corrupción, Julio Roca, designado el martes 24, está facultado mediante decreto a desplegar acciones para recuperar el dinero.
Originalmente esta tarea estaba a cargo del procurador Pedro Gamarra, pero el gobierno decidió crear otra específica con el abogado Roca a la cabeza.
Carlos Rivera, investigador y abogado del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL), quien ha seguido estos procesos judiciales, criticó la designación de Roca.
"La única procuraduría que había conseguido recuperar fondos y bienes es la que dirige Pedro Gamarra, pero en lugar de fortalecer la oficina de éste con recursos y personal se ha decidido traspasar la tarea al abogado Roca que no tiene ninguna experiencia en la materia", señaló Rivera a IPS.
"Para descubrir dónde ocultan los corruptos sus activos de origen ilícito se necesita a alguien con mucho conocimiento del tema", indicó.
Rivera expresó su sorpresa por el anuncio del gobierno de Alan García, faltando menos de un año para que finalice su periodo presidencial, el 28 de julio del 2011.
"En lo que va del mandato de García, la Procuraduría del Caso Fujimori-Montesinos sufrió reducción de presupuesto, de personal y de facultades para investigar. Y sin embargo, a pesar de todos esos obstáculos, recuperó dinero de la corrupción. Lo lógico era que fortaleciera el trabajo que se está haciendo y no crear otra oficina", expresó Rivera.
Gamarra señaló que la tendencia de los condenados por delitos de corrupción es de no abonar el pago de las reparaciones al Estado.
"Utilizan distintas formas para esconder sus bienes, lo que dificulta la tarea. Pero con las nuevas facultades otorgadas por el Estado será posible efectuar mejores y más efectivas labores de búsqueda", dijo Gamarra a IPS. "Nosotros hemos recuperado mucho de ese dinero", aseguró.
Vladimiro Montesinos adeuda 60,7 millones de dólares, como consecuencia de sentencias por el tráfico de armas a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), espionaje telefónico, desvío de fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para financiar la campaña reeleccionista de Fujimori, corrupción de funcionarios, entre otros delitos.
"Por experiencia sabemos que Montesinos ocultaba dinero en bancos en el exterior, a su nombre y a nombre de testaferros, así que se hará una búsqueda más rigurosa para capturar esos fondos ilícitos", dijeron las mentadas fuentes.
El ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y ex jefe del Ejército (1991-1998), general Nicolás Hermoza Ríos, considerado el "tercer hombre" del régimen después de Fujimori y Montesinos, todavía no paga al Estado una reparación de 5,5 millones de dólares. Las autoridades le descubrieron a Hermoza cuentas secretas en bancos de Suiza con fondos obtenidos por el pago de "comisiones" ilegales por la venta de armamento de origen israelí para el ejército, entre otros.
El ex primer ministro y ex ministro de Economía, Víctor Joy Way, quien durante el régimen de Fujimori representaba a empresas vendedoras de armas de China que hicieron millonarias ventas de equipos al Estado peruano, está sentenciado a pagar 3,9 millones de dólares. No ha abonado nada hasta el momento, según el Consejo de Defensa.
Después de siete años de cárcel, Joy Way salió libre en el 2008 y ha comenzado a participar en las reuniones del equipo de campaña de la candidata presidencial Keiko Fujimori.
El ex ministro de Agricultura Absalón Vásquez, quien postula como candidato fujimorista al gobierno regional de la noroccidental Cajamarca, adeuda 6,4 millones de dólares. La Ley Electoral no impide a los aspirantes a cargos públicos tener deudas con el Estado derivadas de sentencias judiciales para participar en las elecciones.
Uno de los casos más graves lo protagoniza el empresario de televisión José Enrique Crousillat, quien le debe al Estado 53,2 millones de dólares. Crousillat, ex dueño de América Televisión, es prófugo de la justicia desde marzo, después que el presidente García anuló un indulto que erróneamente le concedió.
"Crousillat tiene propiedades escondidas en (la sudoriental ciudad estadounidense de) Miami y Argentina. La conducta de los condenados por delitos de corrupción es similar, aplican distintas artimañas para proteger sus bienes y cuentas de la acción de las autoridades. No van a pagar por su propia voluntad. Hay que presionarlos con la ley en la mano", dijo Gamarra.
Los condenados por corrupción que tienen pendientes deudas con el Estado superan los 90, pero las autoridades del Consejo de Defensa evitaron difundir la lista completa "porque se encuentra en proceso de depuración".
"Lo que podemos decir es que la mayoría son ex ministros, ex altos jefes militares, vendedores de armas y empresarios de televisión, publicistas, ex congresistas, entre otros", dijeron las fuentes a IPS.
