MÉXICO: Plaguicidas, el enemigo cerca del hogar (Parte II)

«La gente no quiere a la empresa, debiera irse. Ya ocurrió un accidente», comenta un anónimo taxista mientras se traslada a la planta de agroquímicos de la firma Agricultura Nacional, en esta ciudad del sur de México.

Pobladores de Izúcar de Matamoros bloquearon la planta. Crédito: Emilio Godoy/IPS
Pobladores de Izúcar de Matamoros bloquearon la planta. Crédito: Emilio Godoy/IPS
La noche del 24 de marzo, el paisaje cambió para los cerca de 70.000 habitantes de este municipio del estado de Puebla, situado a unos 200 kilómetros al sur de la capital mexicana.

Una explosión en la fábrica de insecticidas, herbicidas, fungicidas y plaguicidas del grupo mexicano Dragón liberó 300 kilogramos del insecticida dimetoato que intoxicaron a unas 750 personas.

"La planta está clausurada por el ayuntamiento desde el día del accidente y luego de lo que pasó no queremos que vuelva a operar", señaló a IPS el profesor jubilado José Rincón, miembro del Consejo Ciudadano de Izúcar de Matamoros, formado a raíz del percance.

El dimetoato se usa para la fabricación de plaguicidas. Una exposición prolongada a ese material puede ocasionar irritación ocular, náuseas, mareos, fallo respiratorio e incluso la muerte, según el catálogo de la gubernamental Comisión Intersecretarial para el Control, Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.
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En el complejo industrial, ubicado en la orilla de la carretera, se procesan unos 130 derivados que contienen ingredientes activos peligrosos como el pentaclorofenol, el ácido 2,4- dichlorofenoxiacético, el endosulfán y el paraquat.

La corporación extraía de sus crisoles 14 productos altamente nocivos, 30 marcas bajo el rango de moderadamente tóxicos y otras 37 con el sello ligeramente dañino, según las categorías de la gubernamental Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Esa instancia ha autorizado 7.313 marcas de plaguicidas para aproximadamente 200 empresas, entre ellas transnacionales como la alemana Bayer y la estadounidense Dow Chemical.

"Es una vergüenza que esas sustancias sigan usándose y que el gobierno no haga nada", dijo a IPS Fernando Bejarano, director del no gubernamental Centro de Análisis y Acción sobre Tóxicos y sus Alternativas (CAATA).

"Son ejemplos del rezago de una falta de política pública preventiva en materia de sustancias tóxicas. Nos quedamos con la idea de la autorregulación, de un enfoque neoliberal", acotó.

Esa organización no gubernamental persigue el cumplimiento mexicano del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, firmado en 2001 y en vigor desde 2004, que busca suprimir o controlar contaminantes como dioxinas, plaguicidas y furanos.

El endosulfán está autorizado para su uso en 42 cultivos, como el maíz, el algodón, el fríjol, hortalizas y el café, según datos de CAATA. En 2006 este país norteamericano importó 731 toneladas del insecticida.

Luego del accidente, Agricultura Nacional, que en Izúcar emplea a 200 personas, trasladó 3.500 toneladas de materiales a otras procesadoras en distintas zonas del país.

En las horas posteriores, los opositores a la planta bloquearon la entrada, de lo cual sólo quedan unas carpas. Los papeles amarillos de clausura sellan las puertas de la fábrica.

"Nosotros no sabíamos nada de estos temas, hemos aprendido en el camino de nuestra lucha", contó Rincón.

El Consejo Ciudadano organiza una consulta ciudadana, mientras proyecta una marcha de protesta para el domingo 2 de agosto.

El grupo Dragón, dueño de Agricultura Nacional, se asentó en la región en 1986 para procesar polvo y piedra para fabricar fertilizantes. Pero en 1992 agregó a sus operaciones la producción de insecticidas y plaguicidas.

A partir de esa fecha, un grupo de pobladores empezó la resistencia y tenían razones para hacerlo, por un accidente ocurrido a kilómetros de Izúcar.

El 3 de mayo de 1991 la planta de insecticidas de Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa) estalló en la localidad de Córdoba, a 345 kilómetros al sureste de la capital mexicana, y derramó 18.000 litros de paratión metílico, 8.000 de paraquat, 1.500 de pentaclorofeno y 3.000 de 2,4- diclorofenoxiacético, conocido como 2,4-D.

Este último fue utilizado para fabricar el llamado "agente naranja", lanzado por Estados Unidos a las junglas asiáticas durante la guerra de Vietnam, a finales de los años 60 e inicios de los 70, con graves consecuencias ambientales y sanitarias.

Si bien la tragedia de Córdoba no provocó víctimas, esparció una nube tóxica que transportó dioxinas por toda la ciudad y contaminó también los mantos freáticos (aguas subterráneas).

En toda la ciudad se dispararon los casos de cáncer y otras enfermedades graves, aseguró a IPS la Asociación de Enfermos y Afectados de Anaversa, nacida a causa del accidente y que ha luchado por indemnizaciones y atención médica par las víctimas.

Las muertes derivadas de las consecuencias de la explosión superan las 2.700, según las estimaciones de la Asociación. Por el estallido, la empresa pagó una multa de unos 9.300 dólares, empacó y se concentró en sus instalaciones de Izúcar.

En México existe una maraña legal en torno a las sustancias perjudiciales, pues nueve leyes, 11 reglamentos y 36 normas específicas, de las cuales 20 tratan sobre plaguicidas, se refieren al manejo de éstas.

Con miras a la quinta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Rotterdam, el Comité de Examen de Productos Químicos recomendó la inclusión del crisotilo o amianto blanco, el endosulfán y los compuestos de tributilestaño, nocivos para la salud humana, en los procedimientos de ese tratado internacional.

Vigente desde 2004, el Convenio de Rotterdam hace obligatorio el procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos. Esto quiere decir que un país debe avisar a otro sobre prohibiciones y limitaciones respecto a una sustancia nociva.

La cuarta conferencia que tuvo lugar en Roma en diciembre de 2008, se acordó dejar fuera a esos materiales, a pesar de la intensa campaña de activistas en todo el mundo. La próxima ocurrirá en 2011 en la ciudad suiza de Ginebra.

En Izúcar, la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección Ambiental resolvió en 2009 que la compañía violó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sin especificar las irregularidades y las medidas correctivas impuestas.

Pero tras el accidente dispuso su clausura por seis meses para practicar una auditoría ambiental.

"Debe fortalecerse la prohibición de productos que está probado que son nocivos. En el país no se aplican los principios científicos de precaución y de sustitución ni hay política de seguridad química", indicó Bejarano.

CAATA elaboró una carta dirigida a Cofepris con un resumen de los antecedentes del endosulfán: prohibiciones en más de 60 países, su status ante el Convenio de Estocolmo e investigaciones en México.

"Hemos escuchado que van a trasladar la planta a otro municipio en Puebla. Esa es una falsa solución, porque en lugar de contaminar aquí lo harán en otro sitio", dijo Rincón.

En Córdoba, la Asociación pidió la remediación del terreno donde operó la fábrica, pero nunca se llevaron a cabo esas tareas de limpieza. En 2007 la tragedia fue la protagonista del documental "El perro que ladra a la luna", de las periodistas españolas Charo Ruiz y Sandra Soler.

En 1996, los pobladores de Izúcar se anotaron un tanto temporal, pues la fábrica fue cerrada por las autoridades, pero logró reiniciar operaciones. Ahora lo mínimo que quieren es una victoria total.

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