La cúpula castrense que gobierna Birmania da a conocer la agenda mediante la cual el poder militar quedará supeditado a una autoridad civil después de 22 años, en el marco de las elecciones generales de noviembre.
Las últimas medidas se conocieron el viernes, cuando altos funcionarios del ejército renunciaron a la fuerza, lo que sorprendió a muchos observadores. Los cambios les permitirán ocupar cargos en el gobierno civil que surja tras las elecciones del 7 de noviembre.
Pero la gran duda es si el esquivo hombre fuerte de la junta gobernante, el general Than Shwe, de 77 años, está entre los que renunciaron.
Periódicos publicados por birmanos en el exilio indicaron que Than Shwe renunció a su cargo de comandante supremo del ejército, pero la noticia no ha podido confirmarse con una fuente independiente.
Than Shwe "y su segundo, general Maung Aye, renunciaron a sus cargos, junto a otros seis altos oficiales del ejército", informó The Irrawaddy, publicado en la septentrional ciudad tailandesa de Chiang Mai.
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"Los ocho hombres de mayor influencia conservarán sus cargos", dice la edición del periódico de Internet, en base a fuentes de Naypidaw.
"Los tres altos comandantes de Myanmar (nombre dado por la junta militar gobernante a Birmania) renunciaron el viernes, informó una fuente militar, allanando el camino para ocupar altos cargos tras" los comicios, informó Reuters en un artículo desde Rangún.
Con Than Shwe, el ejército pasó de 450.000 efectivos a unos 900.000 en este país de más de 53 millones de habitantes.
El anuncio del viernes llevó a una reorganización en filas castrense, lo que permitió el ascenso de jóvenes oficiales, un episodio sin precedentes desde que el ejército llegó al poder tras reprimir un levantamiento popular en 1988. Más de 3.000 manifestantes muertos.
"Es la mayor reorganización militar desde entonces, que involucra a unos 200 altos oficiales", dijo a IPS Win Min, especialista exiliado.
"Con esa gran reorganización, Than Shwe cree que podrá controlar el proceso electoral, y asegurarse el triunfo de su partido, así como a los nuevos líderes militares", añadió Win Min.
La nueva generación de oficiales tiene unos 50 años.
La reorganización del ejército se dio cuatro meses después de que el primer ministro, general Thein Sein, y 26 altos funcionarios dimitieran de la fuerza para participar en las elecciones de noviembre, integrando el Partido de Desarrollo y Unión Solidaria (USDP).
La Constitución de Birmania de 2008, aprobada en un referendo fraudulento, dispone que el nuevo presidente sea un civil "conocedor" de asuntos militares.
La ley fundamental, que dispone cambios políticos en Birmania, subraya la autoridad civil por sobre el ejército.
La última vez que ese orden primó fue en 1974, cuando entró en vigor la Constitución que rigió hasta la sangrienta represión del movimiento democrático de 1988. El gobierno de entonces estaba encabezado por el Partido del Programa Socialista de Birmania (PPSB), creado por el general Ne Win, quien llegó al poder en 1962 tras un golpe de Estado.
En los 14 años de gobierno del PPSB, entre cuyos miembros había muchos militares retirados, parecía que la autoridad civil primaba, a diferencia de los primeros años de la dictadura de Ne Win, cuando el ejército dominó el Consejo Revolucionario.
El gobierno del PPSB sostuvo la fachada de "democracia" organizando elecciones cada cuatro años, pero nunca participaron varios partidos. Los ciudadanos tenían una sola opción, el partido elegido.
"El que piense que hay un interés democrático se engaña", señaló David Scott Mathieson, consultor birmano de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
"Lo hacen para dotarse de una fachada de decencia", añadió
"Crearon leyes tendenciosas que favorecen a su partido", dijo a IPS. "Y emiten señales de que quieren actuar conforme al derecho", añadió.
En protesta por las restricciones, el partido de la líder opositora Aung San Suu Kyi decidió boicotear los comicios de noviembre, lo que llevó a la disolución de la Liga Nacional por la Democracia.
El partido obtuvo un triunfo arrollador en las anteriores elecciones generales, en 1990, pero el ejército se negó a reconocer el resultado.
Para evitar que se repita esa situación, la Constitución garantiza al ejército 25 por ciento de la asamblea legislativa de 498 escaños.
Asimismo, los candidatos del USDP tienen más recursos financieros y libertad para hacer campaña que los de los otros 40 partidos políticos.
