Luis Miguel tiene 21 años y es oriundo del valle haitiano de Artibonite. Adoptó este seudónimo intentando pasar desapercibido en la pequeña granja de la norteña región dominicana de Cibao donde trabaja como capataz.
Al volver a la choza de lata que comparte con su hermano, trae la cena: cogote y patas de pollo, junto con un poco de arroz y aceite para cocinar. La vivienda tiene un ancho de 3,5 por 4,5 metros.
Luis Miguel rara vez sale de la hacienda, salvo para comprar provisiones en su pequeño pueblo ubicado al sur de la central ciudad de Bonao. Supervisa el trabajo de los peones y custodia la granja para evitar que la roben.
"Tengo ocho trabajadores a mi cargo, cuatro de ellos mujeres. Son todos haitianos", dice. Eso es lo habitual en la mayoría de los establecimientos rurales pequeños.
Está satisfecho de ganar el equivalente a unos 195 dólares por mes.
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Una típica comida que incluya pollo, arroz y frijoles en un "comedor" cuesta alrededor de tres dólares. Esto representa la mitad de su jornal, así que Luis no come afuera.
Don Jorge, el dueño de la granja, cultiva berenjenas chinas y un frijol llamado "vainita". En esta época le va bien gracias a acuerdos como el Tratado de Libre Comercio entre América Central, Estados Unidos y República Dominicana.
De este modo no recurre a intermediarios. "Puedo vender directamente en el mercado y así ganar un poco de dinero extra. Además, ahora mi producto puede venderse en el exterior. Mejores precios, más dinero", resumió.
No obstante, como muchos pequeños productores rurales, soporta fuertes restricciones a sus ganancias y se ve obligado a pagar bajos salarios a peones poco calificados.
Tradicionalmente, la agricultura ha absorbido a la mano de obra haitiana excedente de las plantaciones de caña de azúcar, especialmente desde que esa industria redujo su producción.
Pero después del terremoto que el 12 de enero azotó a Haití, la cantidad de inmigrantes de esa nacionalidad se disparó, y no hay cultivo que no dependa de esos trabajadores. A tal punto que cualquier amenaza a esta vulnerable población también pone en riesgo a la economía dominicana.
En 2006, tugurios haitianos ubicados en la noroccidental provincia de Montecristi fueron incendiados en represalia por el asesinato de una pareja dominicana.
El ejército dominicano deportó a cientos, y la violencia expulsó a muchos. Los cultivadores de banana quedaron despojados de su fuerza laboral y esto repercutió en la cosecha.
Además, los agricultores enfrentan importantes desafíos. La industria cafetalera actualmente padece el abandono del gobierno, elevados costos de producción y deficiente financiamiento y tecnología.
Las plantaciones se ubican en regiones montañosas que carecen de electricidad, acueductos, buenas carreteras y servicios sociales. Los cultivadores de café dependen de la mano de obra barata, pero esto también les crea problemas.
Las bajas pagas no logran atraer a los dominicanos, que por eso han sido reemplazados por haitianos. Estos no tienen formación y muchos padecen el hecho de no hablar español, según sus capataces.
La fuerte presencia de haitianos en la agricultura es la extensión natural de que tradicionalmente se emplearon en la zafra azucarera. Las empresas de este rubro reclutaban, transportaban y deportaban haitianos según su propia conveniencia.
Michel llegó de Haití en la segunda mitad del siglo. Él, sus hijos y sus nietos ocupan una casita de madera que apenas alcanza para contenerlos a todos.
Pero el principal obstáculo que enfrentan es la falta de legitimidad social y política.
Pese a que Michel vive en República Dominicana desde hace tanto tiempo, no posee cédula que certifique su ciudadanía. Sin ella, técnicamente no es posible acceder a servicios básicos, y los derechos políticos están en riesgo.
Si bien el gobierno dominicano fue ampliamente elogiado por su respuesta al terremoto haitiano, no se mostró igualmente caritativo con la población de trabajadores migrantes haitianos radicados desde hace tiempo en su territorio. En cambio, se abocó a una política de exclusión.
La misma buscó justificarse mediante la polémica definición de ciudadanía contenida en la Constitución, que niega este privilegio a todo aquel que sea hijo de "extranjeros que están en tránsito o residen ilegalmente" en República Dominicana.
La ironía de que Michel pueda ser definido como extranjero en tránsito pese a haber sido contratado legalmente y haber vivido en este punto durante décadas no les importa a las autoridades civiles.
Aunque posee los documentos que lo avalan como trabajador, su nombre alcanza para que le rechacen la postulación. Escriben "haitiano" en un papelito y lo colocan en una carpeta, que se acumula junto con montañas de archivos desorganizados donde nunca será encontrado.
Como Michel es considerado "ilegal", a toda su familia le resultó complicado adquirir la documentación legal. Si bien su nieto, Michel Jr., ganó un premio en una competencia de rap en la sudoriental ciudad de Higüey, no puede trabajar como artista ni ingresar a ningún centro turístico por carecer de cédula.
