Nuevos desafíos y una agenda cargada con escandalosos casos por investigar, vinculados a aparatos clandestinos del poder, recibieron al nuevo director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el costarricense Francisco Dall'Anese.
El ex fiscal general costarricense sustituye desde este mes al jurista y fiscal español Carlos Castresana, quien renunció al cargo el 7 de junio al alegar que el Estado guatemalteco no estaba cumpliendo con las obligaciones pactadas en el acuerdo que dio origen a la Cicig.
Avalada por la ONU, esta comisión única en el mundo por sus características, inició formalmente sus actividades en enero de 2008 con el mandato de investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos en Guatemala, y colaborar en su desarticulación.
Dall'Anese es conocido por conducir las investigaciones en los casos de corrupción contra los ex presidentes de su país Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), y ha recordado varias veces que el trabajo de la Cicig es un apoyo de la ONU a petición de Guatemala.
"Pero al final lo que se haga será lo que los guatemaltecos quieran que se haga", resaltó el segundo director de la Cicig, que llegó a Guatemala el 5 de agosto.
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Para lograr sus objetivos, varios son los retos que tiene al frente de la Cicig.
Entre ellos estará el mantener la independencia judicial, sobre todo ante la campaña de las elecciones generales de septiembre de 2011, y "la credibilidad que los guatemaltecos tienen en la Cicig", dijo a IPS la analista política Carmen Ortiz.
"El director de la Cicig tendrá que tomar en consideración en todo momento el ambiente político para evitar que haya algún malentendido, y lógicamente sus procesos de comunicación estratégica tienen que ser muy hábiles y acuciosos en términos de la lectura política que pueda darse a sus acciones", explicó.
Un ejemplo de lo que espera a Dall'Anese es la serie de manifestaciones callejeras y el vivo debate en sectores políticos y en los medios de comunicación tras la detención el día 13 del político opositor Alejandro Giammattei, ex director del Sistema Penitenciario.
El detenido es acusado por la Cicig de ejecución extrajudicial de siete presos de la Granja Penal de Pavón, durante una operación el el 25 de septiembre de 2006 para retomar el control de la prisión, que había quedado en manos de los reclusos.
El debate se centró en si es justo detener a Giammatei por haber participado en un operativo en que los reclusos muertos son señalados de haber mantenido el control desde la cárcel de graves delitos como el tráfico de drogas, extorsiones y secuestros.
Giammatei argumenta, por su parte, que su orden de captura responde a "una persecución política que viene de Casa Presidencial", destinada a evitar su participación en las elecciones del año próximo, después de haber participado como aspirante a gobernar el país en 2007, cuando triunfó el actual mandatario, el socialdemócrata Álvaro Colom.
Organizaciones de derechos humanos defienden que el político debe afrontar la justicia.
Por este caso han sido capturadas ya ocho personas, cuatro de ellas ex agentes de la Policía Nacional Civil, y se han emitido órdenes de detención en contra de otras 10, entre ellas altos ex funcionarios del Ministerio de Gobernación (Interior).
La coordinadora de la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Claudia Samayoa, dijo a IPS que "las estructuras clandestinas y cuerpos ilegales, por naturaleza están enraizadas en el poder, y si la Cicig hace su trabajo eventualmente irá tocando estructuras enquistadas en los partidos políticos y las fuerzas de seguridad".
Samayoa señaló que la Cicig actúa como asesora del Ministerio Público (fiscalía), el órgano coordinador de las investigaciones criminales, y es independiente de los vaivenes del tema electoral, por lo que "debemos defenderla".
La destacada activista abogó porque se extienda el período de actuación de la Cicig, que culmina en septiembre de 2011, porque está claro ya que será insuficiente para cumplir con su mandato.
"Hay nueve casos de ejecuciones extrajudiciales y 120 casos en materia de trata de personas que se sentenciaron en el último año. Éste es resultado del buen trabajo de guatemaltecos que laboran en los órganos de justicia y encontraron espacio para actuar gracias al trabajo de la Cicig", dijo Samayoa.
De acuerdo con la Cicig, en 2009 se cometieron 6.451 homicidios en Guatemala, casi 18 diarios, de los cuales sólo 230 lograron una sentencia judicial.
Jorge Santos, coordinador del no gubernamental Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, dijo a IPS que entre los desafíos que deberá enfrentar Dall'Anese están el impulsar la agenda legislativa en materia de seguridad.
Otra tarea será trasladar su experiencia al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y al Organismo Judicial, que engloba a las altas cortes del país, dijo Santos.
Mientras, el Congreso legislativo mantiene paralizadas algunas de las leyes promovidas por la Cicig, pese a que son consideradas "fundamentales" para combatir la impunidad.
Entre ellas están la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito y las reformas a la Ley de Amparo y Antejuicio para perseguir a funcionarios y ex funcionarios corruptos.
Gudy Rivera, diputado por el derechista Partido Patriota, subrayó a IPS que el trabajo de la Cicig está delimitado a investigar a los cuerpos clandestinos de seguridad, antes de precisar que "como partido siempre hemos respetado y apoyaremos las acciones de la Cicig".
A su vez, el analista político Álvaro Pop acotó que el trabajo de la Cicig en la lucha contra la impunidad es de suma importancia para el proceso de reforma del Estado impulsado por organizaciones sociales y de la sociedad civil.
