Los antecedentes democráticos de sus populares padres pueden haber ayudado a Benigno Aquino III a llegar a la Presidencia de Filipinas. Pero menos de dos meses después de haber asumido el cargo, el pasado también le puede estar jugando en contra.
Aquino se postuló a la Presidencia gozando de la simpatía pública, luego de la muerte, en agosto de 2009, de su madre Corazón, quien se convirtió en presidenta tras la revolución del Poder Popular contra la dictadura de Ferdinand Marcos (1965-1986).
Esa revuelta, a su vez, se originó en la ira de los filipinos tras el asesinato, en agosto de 1983, de Benigno Aquino Jr., padre del actual mandatario.
La campaña de Benigno Aquino III se basó en el compromiso de continuar con el legado de integridad de su padres. Calcomanías, afiches y camisetas ostentaban las imágenes de sus progenitores, lo que atrajo a muchos votantes desencantados con la entonces presidenta Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010).
Hasta ahora, Aquino ha ganado puntos políticos manteniendo la promesa de que los funcionarios públicos dejen de usar sirenas para abrirse paso en los embotellamientos del tráfico en Manila, o negándose a vivir en el Palacio de Malacanang y ordenando quitar de la ciudad sus fotografías.
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"Su estilo de presidencia le cae muy bien a la mayoría de los filipinos", dijo Juan Santos, un empresario que votó a Aquino, destacando su "sinceridad" y "simplicidad" en contraste con los "privilegios" concedidos durante el gobierno de Arroyo.
Aquino, de 50 años, asumió el cargo el 30 de junio con una histórica popularidad de 88 por ciento en este país de 94 millones de habitantes, según la firma encuestadora Social Weather Stations.
Sin embargo, el capital político que posee será sometido a duras pruebas a raíz de los varios desafíos que tiene por delante, y que han salido a la superficie pese a, o tal vez a causa de, las altas expectativas que genera entre los filipinos.
La lista incluye la delicada cuestión de la reforma agraria en Hacienda Luisita, el establecimiento azucarero de 6.500 hectáreas ubicado en la norteña provincia de Tarlac que fue propiedad de la familia de su madre. Aquino ha adoptado una política de no intervención en esas tierras, aunque va allí los fines de semana.
También hay otro intento de negociaciones de paz con un grupo separatista en el sur, donde vive la mayoría de los filipinos musulmanes, reclamos de una autonomía auténtica por parte de comunidades indígenas en el norte, y una insurgencia comunista armada que persiste desde 1969.
Aquino ha designado un nuevo panel negociador con el Frente Moro de Liberación Islámica para discutir una autonomía expandida de una patria para los moros. En vista de esto, los líderes de comunidades originarias dicen que también consideran revivir intentos fallidos de obtener una región autónoma en el norte.
Pero la región autónoma del sureño Mindanao experimenta problemas de gobernanza y el Frente Moro, uno de varios grupos rebeldes, continúa enfrentándose con las fuerzas armadas.
Estos desafíos que ahora se presentan ante Aquino tieen que ver con cuestiones de equidad social y justicia que el gobierno de su madre intentó abordar luego de la revolución de 1986.
Sin embargo, el asunto más sensible es el de Hacienda Luisita, y cómo el nuevo presidente actuará o no en relación a este minado campo político. Ante la Corte Suprema hay pendiente una demanda que cuestiona su acuerdo de propiedad de la tierra con sus 10.000 agricultores. Esto se origina en un aspecto controvertido de la Ley de Reforma Agraria de 1988, aprobada por el gobierno de Corazón Aquino (1986-1992).
Esa ley permitió repartir las acciones de Hacienda Luisita entre los agricultores, como una opción de ser dueños de la tierra. Los críticos sostienen que ese mecanismo atenúa la reforma agraria en un país donde vastos sectores del territorio han sido propiedad de unas pocas familias y han sido trabajados por varias generaciones de agricultores sin tierra, además de impulsar a la insurgencia comunista.
Hacienda Luisita Inc (HLI) había ofrecido la opción accionaria en 1989, pero el consejo gubernamental encargado de la reforma agraria la archivó, diciendo que no beneficiaría a los agricultores.
Ahora HLI sostiene que 70 por ciento de los trabajadores que el 6 de este mes participaron en un referendo eligieron ser dueños de acciones en vez de recibir una parte del terreno que ocupa el establecimiento.
Sin embargo, algunos de los agricultores presentaron otra demanda cuestionando esto ante la Corte Suprema.
"Si me involucro, parecerá que estoy interfiriendo", dijo Aquino, agregando que se deshizo de la parte de HLI que le pertenecía. En cuanto a los agricultores, señaló: "Ellos tienen intereses allí y deberían decirme qué dirección les gustaría tomar".
Pero resolver no actuar no implica una decisión menor, dicen algunos. Una política de no intervención "es una horrible interpretación de su responsabilidad", escribió el lector César de los Reyes en una carta enviada al periódico Philippine Daily Inquirer, que se publica en inglés.
"Es su responsabilidad moral corregir la injusticia infligida a los agricultores, aún más por pertenecer a la familia que les causó tanto dolor", agregó De los Reyes.
"La gente espera que él haga esto no por ser miembro de la familia que es dueña de Hacienda Luisita, sino por ser el presidente del pueblo", dijo.
Aparte de esto, durante las primeras seis semanas del gobierno de Aquino se presentaron demandas a partir de cuatro de sus primeras órdenes. Entre ellas, la de crear una "comisión de la verdad" para investigar la corrupción del gobierno anterior y otra que hizo que los empleados públicos perdieran sus puestos.
El anuncio de la comisión puede haber acaparado los títulos de la prensa, pero el experto legal Joaquín Bernas señaló que la base legal para su creación está poco clara.
