Cuando en noviembre de 2009 el gobierno de Colombia dio a conocer el tratado de bases militares con Estados Unidos, hubo sorpresa y rechazo, como cuando uno descubre cláusulas leoninas en un contrato firmado a ciegas. Sólo que en este caso no había contrato ni firma conocidos por el pueblo colombiano.
La oposición alegó el artículo 173 de la Constitución, según el cual es atribución del Senado autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el país.
El gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) sostenía que, por ser un "acuerdo simplificado" emanado de un tratado anterior, no requería autorización parlamentaria. Pero el ex magistrado y líder opositor Carlos Gaviria argumentó que no podía considerarse "corolario de un tratado marco".
Como dijo el analista Hernando Gómez Buendía, el tratado "no es parte del programa de ayuda militar de Estados Unidos a Colombia, sino el comienzo de la ayuda militar de Colombia a Estados Unidos".
En su fallo del martes 17, la Corte Constitucional "constató que no se está ante un acuerdo simplificado sino frente a un instrumento que involucra nuevas obligaciones para el Estado Colombiano, así como una extensión de las adquiridas con anterioridad", por lo que debió ser "sometido a la aprobación del Congreso (
) y revisado posteriormente por la Corte Constitucional".
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Por este motivo, lo declaró inconstitucional y lo dejó sin efecto, si bien la Corte no negó la posibilidad de que el gobierno lo remita al parlamento.
El tribunal listó algunos de los compromisos involucrados contraídos por el tratado: "autorización para acceder y utilizar instalaciones militares por personal militar y civil extranjero; facultad de libre circulación de buques, naves, aeronaves y vehículos tácticos extranjeros por el territorio nacional, sin posibilidad de inspección o control por las autoridades nacionales; autorización para el uso y porte de armas en el territorio nacional por personal extranjero".
Además, "extensión de un estatuto personal de inmunidades y privilegios diplomáticos para contratistas y subcontratistas así como personas a cargo del personal de los Estados Unidos; y la previsión de cláusulas indeterminadas en relación con la extensión y prórrogas del Acuerdo, las bases militares e instalaciones objeto del acceso y uso por el personal extranjero".
Bogotá tampoco tuvo en cuenta quejas de países vecinos y de una parte de la opinión pública que veía mal la presencia militar estadounidense en siete bases colombianas.
El fallo, redactado por el magistrado Jorge Iván Palacio, recogió esas voces, argumentos y temores.
Su primer efecto es que fortalece las relaciones de Colombia con la región.
Cuando los países sudamericanos señalaron que el acceso estadounidense a las siete bases era una amenaza, Colombia se convirtió en el país más aislado del continente.
A pesar de los argumentos tranquilizadores del gobierno colombiano, las bases fueron miradas como una plataforma de vigilancia de Estados Unidos.
La promesa de que desde ellas se actuaría solamente "contra el narcotráfico, contra el terrorismo y otras amenazas" no convenció, sobre todo después del ataque colombiano al campamento del guerrillero colombiano Raúl Reyes en Ecuador de marzo de 2008, cuando un avión estadounidense se mantuvo en vuelo sobre la zona.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cree que esa nave y la asesoría prestada a las Fuerzas Armadas colombianas provenían de la base ecuatoriana de Manta sobre el océano Pacífico, cedida a Estados Unidos entre 1999 y 2009.
Los opositores a las bases razonan que si se trata de perseguir al narcotráfico, Estados Unidos ya dispone de las bases de Tres Esquinas y Larandia, en el sudoeste, y Arauca, en el noreste, y de la red de estaciones de radar instaladas después de la salida de los militares estadounidenses que operaban desde Panamá, en 1999.
Los términos del tratado, leídos con lupa por los gobernantes de la región, no tranquilizan. Entre sus objetivos se menciona la lucha contra el terrorismo —cualquier cosa que esta palabra signifique—, y se mantiene la inmunidad de oficiales y militares regulares que operen desde las bases colombianas.
Todos estos hechos, contemplados desde afuera, hacían ver a Colombia como un aliado servil de Estados Unidos en contra de la seguridad regional y de las nuevas políticas exteriores de los países latinoamericanos.
Así como el flanco internacional se despejó con los acuerdos logrados este mes con el gobierno venezolano, que permitieron reanudar las relaciones bilaterales, este fallo podría contribuir a despejar de desconfianzas las relaciones de Bogotá con sus otros vecinos.
El tratado fue un intento del gobierno Uribe de involucrar a Estados Unidos en el conflicto interno con la guerrilla izquierdista. Llamar terroristas a los guerrilleros, cuando el presidente George W. Bush (2001-2009) convocaba al mundo a su guerra contra el terrorismo, fue una de las tácticas para ese objetivo.
En el discurso oficial aparecieron los argumentos para "vender" a Estados Unidos la guerra contra las guerrillas colombianas: son comunistas, son narcotraficantes, han cometido delitos atroces.
La tecnología militar de Estados Unidos inquieta a gobiernos de los que depende la selva amazónica sudamericana, muy rica en recursos naturales y el potencial petrolero de la región. El discurso del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, contra el tratado está en parte inspirado en el temor por la suerte de la venezolana Faja del Orinico.
La declaratoria de inconstitucionalidad alivia esos temores y se ve como una buena noticia para los gobiernos vecinos.
La base militar de Manta es recordada por los ecuatorianos por los 300 conflictos que generaron los militares estadounidenses en sus relaciones con la población nativa.
Se intentó acallar el temor de que esos conflictos se multiplicaran por siete en Colombia prometiendo no brindar impunidad a los militares.
Pero la realidad es más compleja: Estados Unidos tiene 735 bases en el mundo y cada una de ellas es un foco potencial de conflictos que, si se resolvieran de acuerdo con las instancias judiciales de cada país, harían inane el deber constitucional de las autoridades estadounidenses de proteger a sus ciudadanos.
El humillante sentimiento de ver impunes a los militares estadounidenses, o apenas sometidos a una lejana justicia, podría aventarse con el fallo de la Corte Constitucional.
Pero no hay que apresurarse. El presidente Juan Manuel Santos, coautor del tratado siendo ministro de Defensa del gobierno anterior, podría insistir con la iniciativa de las bases ante el parlamento. Uribe lo haría.
