La frustrada construcción de la controvertida central termoeléctrica Barrancones en las cercanías de una zona protegida de Coquimbo, una región del norte de Chile, reabrió el debate sobre otros proyectos basados en el carbón, rechazados por sus efectos contaminantes.
"Ahora se habla de Barrancones como si no existiera ningún otro proyecto más", se quejó ante IPS Lorenzo Núñez, presidente del Comité de Defensa de la Madre Tierra de la región de Tarapacá, más de 1.700 kilómetros al norte de Santiago.
El Comité se opone desde hace años a la construcción de dos plantas termoeléctricas a carbón cerca de la costera Caleta Chanavayita, a 54 kilómetros al sur de Iquique, capital de la también norteña región de Tarapacá.
Se trata de las centrales Pacífico, un proyecto de la firma chilena Río Seco, y Patache, de la Compañía Eléctrica Tarapacá, controlada por la trasnacional española Endesa.
Integrado por juntas de vecinos y agrupaciones sociales de la zona, el Comité organizó el Encuentro Nacional de Movimientos Nacionales en Contra de las Termoeléctricas a Carbón, que se realiza entre el jueves 26 y este sábado en Iquique, a 1.853 kilómetros de Santiago.
Entre las centrales cuestionadas aparece Castilla, de MPX Energía de Chile, ligada al empresario brasileño Eike Batista, y Punta Alcalde, de Endesa, ambas en la norteña región de Atacama. También hay rechazo a proyectos en la septentrional ciudad de Arica y la sureña Coronel.
La construcción de la Central Campiche, de AES Gener, de capital estadounidense, en el municipio de Puchuncaví, en la central región de Valparaíso, se detuvo hace un año por una serie de recursos judiciales presentados por los ciudadanos.
Recién este mes un acuerdo entre la empresa y el municipio permitió retomar los trabajos, pero las organizaciones ciudadanas aseguran que seguirán combatiendo.
Casi una decena de otras plantas se encuentran en edificación o a punto de iniciarla en otros puntos del país.
El encuentro en Iquique coincide con el debate abierto por la frustrada construcción del proyecto Barrancones, de la franco-belga GDF Suez, aprobado el miércoles 25 por las autoridades de Coquimbo.
Las protestas populares en contra y el rechazo de sectores políticos ante la decisión, condujo al presidente derechista Sebastián Piñera a acordar un día después la reubicación de la planta proyectada para generar 540 megavatios.
Inicialmente iba a emplazarse a pocos kilómetros de la turística Caleta de Punta de Choros y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
Pero este viernes trascendió que GDF Suez decidió abortar por completo el proyecto.
No obstante, las poblaciones afectadas por proyectos de centrales a carbón siguen en alerta en todo el país. Ni siquiera los tranquilizan los anuncios de Piñera de "planificación territorial" y de prohibición de desarrollar proyectos contaminantes cerca de áreas protegidas.
Tampoco que pretenda aumentar la participación de las energías renovables no convencionales (ERNC) en la matriz eléctrica, del actual 3,4 por ciento a 20 por ciento en 2020.
La capacidad instalada total de Chile bordea los 13.000 megavatios, de la que 31,8 por ciento es de origen hidráulico. De aprobarse los proyectos en tramitación, la generación a carbón pasaría de 17 por ciento a 30 por ciento en las próximas décadas, según estimaciones oficiales.
Organizaciones ecologistas saludaron la decisión del mandatario en torno a Barrancones, calificándola de "triunfo ciudadano", pero indicaron que se mantendrán alerta ante los nuevos pasos de la empresa. Otras voces señalaron que el jefe de Estado actuó "al margen de la institucionalidad".
Preocupa, además, que en la misma zona de Punta de Choros se pretenda construir otra central a carbón, actualmente en tramitación ambiental: Cruz Grande, de la empresa chilena CAP.
"Nosotros convocamos a este encuentro porque creemos que la lucha que ha ido dando a nivel individual cada comunidad costera o urbana no es suficiente. Necesitamos una coordinación nacional, que sea capaz de trabajar desde el punto de vista social, ambiental, legal, político y de movilizaciones", dijo Núñez.
"Las centrales térmicas a carbón son las más baratas, pero emiten importantes contaminantes locales, con impactos en la población y la fauna, y gases de efecto invernadero", causantes del recalentamiento planetario, dijo a IPS el investigador del Centro de Medio Ambiente de la Universidad Católica, Luis Cifuentes.
No obstante, el debate por la seguridad de la matriz eléctrica parece imponerse.
Para Cifuentes, si no se instalan las centrales a carbón proyectadas, en lugares donde los impactos sean mínimos, se debe optar por mega centrales hidroeléctricas o plantas nucleares, alternativas también cuestionadas por ecologistas y parte de la ciudadanía.
Ni la eficiencia energética ni las ERNC son suficientes en lo inmediato, aseguró.
"Es verdad que las ERNC no son una opción masiva hoy día, pero esto es porque nunca se las ha tomado en serio", planteó a IPS el director del Centro de Investigaciones en Sustentabilidad de la privada Universidad Andrés Bello, Marcelo Mena, quien también ve difícil evitar la entrada de nuevos complejos carboníferos.
Mena dijo que para impedir consecuencias ambientales mayores, urge que se active cuanto antes una norma que apunta a reducir las emisiones de estas centrales, que dejó preparada el gobierno anterior, que concluyó sus funciones en marzo.
El aumento del consumo eléctrico está determinado por la demanda industrial, particularmente de la minería del cobre del norte de Chile, explicó el experto. "Esa demanda no está siendo evaluada con una visión estratégica por parte del gobierno", apuntó.
"Hasta ahora ha primado el criterio económico, mientras las consecuencias ambientales locales y globales por la contaminación han estado ausentes de la discusión", dijo Mena.
"La pregunta de fondo es ¿energía para quién? Si nosotros dejáramos de alimentar a las mineras seguramente alcanzaría para el resto del país", criticó Núñez, quien llamó a cambiar el carbón por las ERNC.
Para desarrollarlas más rápidamente, Mena propuso que Chile se convierta en fabricante de equipos destinados a estas fuentes, como aspas para las turbinas de viento o paneles solares, con miras a ser además el proveedor del Cono Sur de América.
Un aspecto positivo es que la mayoría de los analistas creen que la reciente reforma a la institucionalidad ambiental, aún en perfeccionamiento, contribuirá a minimizar en el futuro conflictos derivados de proyectos energéticos y productivos y sus impactos negativos.
