Al denunciar que comandantes guerrilleros de su país se ocultan en Venezuela, el presidente colombiano Álvaro Uribe puede estar legando una ruptura diplomática a Juan Manuel Santos, quien lo sucederá desde el 7 de agosto.
Uribe "parece querer rematar las controversias personales, políticas y económicas que han marcado la relación bilateral desde hace cinco años, quizá considerando que, ya de retirada, no tiene mucho que perder", dijo a IPS Carlos Romero, profesor de la maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela.
El presidente colombiano entregará el cargo a su sucesor, Juan Manuel Santos, el próximo 7 de agosto. Ambos son del Partido Social de Unidad Nacional o Partido de la U, y Santos fue ministro de Defensa de Uribe durante años de enérgico combate a la guerrilla, que el gobierno bautizó como "política de seguridad democrática".
Su par venezolano, Hugo Chávez, criticó duramente a Santos cuando fue ministro y, luego, candidato presidencial de la "U", pero después de que el abanderado uribista se impuso en la segunda vuelta de la elección presidencial, el 20 de junio, se inició un ping-pong de declaraciones contemporizadoras.
Santos expresó su voluntad de "limar asperezas", para establecer con Venezuela una relación "basada en la paciencia y la diplomacia" e invitó a Quito y a Caracas a "abrir caminos de cooperación hacia el futuro". Entre tanto, Chávez habló de "tender la mano al nuevo gobierno" y evaluó asistir a la investidura del nuevo presidente colombiano.
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"Comenzaba a soplar, hasta esta semana, un viento favorable, no para unas relaciones plenamente armoniosas, por las diferencias de conceptos sobre democracia, economía o relación con Washington, pero sí hacia un modus vivendi de tolerancia y respeto entre ambos gobiernos. Hasta la jugada de Uribe para desnudar a Chávez", opinó Romero.
La Presidencia colombiana declaró el jueves que tiene pruebas y coordenadas de la presencia en Venezuela de cuatro comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de uno del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Ellos serían los miembros de la cúpula de las FARC Luciano Marín (alias "Iván Márquez"), Rodrigo Londoño ("Timochenko"), Rodrigo Granda ("Ricardo González") y Germán Briceño ("Grannobles", hermano del jefe militar Jorge Briceño o "Mono Jojoy"), así como Carlos Marín Guarín ("Pablito"), del ELN.
Según el ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, también Eliécer Chamorro ("Antonio García"), jefe del ELN, se ocultaría en Venezuela.
La cancillería venezolana rechazó la acusación de Bogotá como una "nueva arremetida del presidente saliente de Colombia en su afán por llevar a término la labor de destrucción de las relaciones colombo-venezolanas que ha emprendido con enfermiza obsesión en los últimos años".
Las relaciones bilaterales entraron en una suerte de montaña rusa desde que en enero de 2005 agentes de Colombia secuestraron en Caracas a Rodrigo Granda y se lo llevaron a Bogotá.
Cuando en marzo de 2008 fuerzas colombianas incursionaron en Ecuador y dieron muerte al número dos de las FARC, Luis Edgar Devia Silva, alias "Raúl Reyes", y a una veintena de acompañantes, Chávez ordenó movilizar efectivos militares y tanques hacia la frontera.
Después de que Colombia abrió en 2009 siete bases a fuerzas militares de Estados Unidos, Chávez congeló las relaciones con el vecino país, y el comercio bilateral, que en 2008 superó los 7.000 millones de dólares, es ahora seis veces menor.
En los intermedios, Uribe y Chávez se han atacado y reconciliado verbal y personalmente varias veces, y los epítetos han abundado. Según el gobernante venezolano, su vecino es "un mafioso, lacayo, peón del imperio y jefe paramilitar".
"A una relación ya difícil se le dio un manejo complicado, asiéndose ambos gobiernos de la cuestión ideológica y con un exceso de protagonismo y de diplomacia de micrófono, obviando que cada tema, comercial, de límites o de seguridad, debió tener su manejo específico e institucional", dijo a IPS Félix Arellano, director de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central.
El resultado es que podría darse "una situación grave: que se rompan las relaciones entre ambos países antes de la toma de posesión de Santos, con sus secuelas para la integración y la estabilidad regionales", apuntó Romero.
Chávez anunció no sólo que se abstendrá de acudir a la investidura de Santos, a la que se le había invitado. "Si siguen con sus locuras, yo en las próximas horas voy a romper las relaciones con Colombia y eso haría muchísimo más difícil la restitución de relaciones con el nuevo gobierno", dijo.
La respuesta de Bogotá fue anunciar que llevará el próximo jueves a la Organización de Estados Americanos las denuncias y pruebas de la presencia de jefes guerrilleros colombianos en territorio venezolano.
El ex presidente liberal colombiano Ernesto Samper (1994-1998) se declaró "preocupado porque haya detrás de esto algún interés en obstaculizar el proceso de normalización, que comenzó el presidente (electo) Santos cuando de una manera clara y enfática invitó al presidente Chávez a que viniera a su (toma de) posesión".
Samper enfatizó que cuando faltan poco más de 20 días para la asunción del nuevo mandatario se hace un "escándalo mediático con estas supuestas pruebas que deben estar en poder del gobierno desde hace muchísimos meses, por no decir años".
En Venezuela, el director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, dijo que "resulta extraño que con tanta facilidad los servicios de inteligencia del ejército colombiano detecten a los jefes guerrilleros aquí, pero sean incapaces de descubrir dónde están allá, en territorio colombiano".
A ese respecto, cuatro reporteros y camarógrafos de la cadena colombiana de televisión RCN y de la emisora Sarare Estéreo que buscaban la ubicación de un campamento del ELN develada por Bogotá, fueron detenidos en el suroeste venezolano y conducidos a Caracas.
Eduardo Márquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, llamó a las autoridades venezolanas a liberar a sus colegas "que ante la magnitud de la información presentada por el ministro de Defensa, Gabriel Silva, hicieron lo que cualquier reportero: ir al lugar para corroborar o negar lo afirmado".
