El terremoto de enero de este año dejó en Haití más de 230.000 muertos y 300.000 heridos, así como a 1,5 millones de personas sin hogar. En respuesta a esta tragedia, la comunidad internacional prometió 5.500 millones de dólares para ayudar a reconstruir Haití. Hasta hoy, sólo el 10% de los fondos ha llegado a este país.
Comprensiblemente, los haitianos se sienten escépticos acerca de la ayuda extranjera. Casi 1.500 millones de dólares les habían sido prometidos durante las últimas dos conferencias de donantes efectuadas en 2004 y 2009, la última después de las crisis alimentarias agravadas por los huracanes Fay, Gustav y Hanna, que devastaron Haití. Gran parte de ese dinero nunca fue entregado y los haitianos afectados no tienen idea de cómo fueron gastadas las reducidas sumas que llegaron.
Demasiado a menudo la comunidad internacional considera la distribución de provisiones básicas como un acto de caridad, pero eso es un error. El acceso a los alimentos, el agua, el alojamiento, la educación y el cuidado de la salud son derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Durante demasiado tiempo la comunidad internacional también fracasó en involucrar a las comunidades locales en la planificación de la ayuda y en brindar información pública de modo que los interesados locales pudieran ver cómo se gastó el dinero y en cuales proyectos.
Durante los últimos ocho años, el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (RFK) ha abogado por un enfoque de la ayuda transparente, responsable y con participación local.
Estos últimos días el personal del RFK viajó a Haití para evaluar la situación seis meses después del terremoto. Nos unimos a Wyclef Jean y su grupo, Yele Haití, que distribuyó agua a 300 personas que viven en un atestado poblado de tiendas de campaña. Jean recibió del RFK el Premio Onda de Esperanza 2009 por su audaz trabajo humanitario, que fortalece e inspira cambios en su nativa Haití. Él nos presentó a líderes de la comunidad, quienes hablaron apasionadamente sobre la necesidad de más alimentos, alojamientos, cuidados médicos y puestos de trabajo.
Visitamos un pobrísimo barrio marginal en Grand Ravine prácticamente gobernado por gangsters juveniles, donde ni la policía ni las fuerzas de la ONU para el mantenimiento de la paz se atreven a entrar. Los adolecentes asumieron la tarea de remover los escombros en busca de maderas y otros materiales de desecho utilizables para construir una escuela con cinco aulas. En ese lugar, nueve maestros no remunerados y que no se dejan intimidar por nada dan clases a más de 500 estudiantes en dos turnos sin contar casi con elementos básicos para la enseñanza, como por ejemplo libros, papel y lápices. Los jóvenes con los que hablamos rogaron que se pongan a disposición fondos para la adquisición de útiles escolares y una clínica médica en ese barrio.
Seis meses después del terremoto, la gente de Haití tiene el derecho de saber quién prometió ayuda, cuando llegará y que recursos tiene si no se cumplan los plazos fijados o los proyectos resultan ineficaces o no se realizan.
La comunidad internacional tiene el deber de respetar los derechos de los haitianos y de actuar responsablemente. Aunque el RFK elogia la actuación de la Comisión Interina de Reconstrucción de Haití, del Ministerio de Planificación y del Programa de Desarrollo de la ONU para crear sitios web globales que or primera vez rastrean los fondos y proyectos de ayuda, esto es sólo el comienzo de la tarea a cumplir. Esos mismos sitios web deben mantenerse actualizados para que los donantes puedan escuchar directamente a las víctimas del terremoto.
Al hacer que esta información esté a disposición de todos se podría también hacer frente a las extendidas críticas sobre la lentitud de la entrega de la ayuda. Por ejemplo, USAID, el organismo estadounidense a cargo de la ayuda externa, ha gastado más de 1.000 millones de dólares en asistencia humanitaria inmediata durante los últimos seis meses, proporcionando, por ejemplo, agua potable, tabletas de alimentos altamente nutritivos, así como carpas, letrinas, elementos y servicios de seguridad y de remoción de escombros. Sin embargo, son pocos fuera del USAID los que pueden monitorear el destino de ese dinero. En consecuencia, USAID recibe poco crédito por su contribución. Sin transparencia, no está en condiciones de ser elogiado por sus éxitos ni ser considerado responsable de sus fracasos.
Los líderes mundiales, entre ellos el presidente Barack Obama, la Secretaria de Estado Hillary Clinton, y el administrador de USAID, han hablado elocuentemente sobre la necesidad de que Estados Unidos trabaje con el pueblo de Haití para reconstruir las vidas de las personas afectadas por el terremoto. Si se quiere que esas palabras se conviertan en hechos es preciso que desde ya, los fondos y los mecanismos de transparencia se transformen en una realidad palpable. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Kerry Kennedy es Presidente y Monika Kaira Varma es directora del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (RFK)
