«Hay vínculos preocupantes entre el aumento de denuncias por ejecuciones extrajudiciales y las unidades militares colombianas asistidas con financiamiento militar estadounidense», denunció a IPS John Lindsay-Poland, coordinador de una investigación de dos años sobre el tema.
El llamado Informe FOR analiza la aplicación en los acuerdos Bogotá-Washington de la llamada Ley Leahy, vigente desde 1996 y donde se fijan las pautas en Estados Unidos del uso de la ayuda militar en el extranjero.
"Si se cumpliera el sentido de la Ley Leahy, habría que suspender la asistencia a casi todas las brigadas territoriales, y a la mayoría de brigadas móviles del Ejército colombiano", aseguró Lindsay-Poland.
El desarrollo de la investigación incluyó la revisión de información en casi 500 unidades asistidas por Estados Unidos en Colombia desde el año 2000, así como de las más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales, en las que fueron identificados como autores miembros de las Fuerzas Militares.
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"Encontramos que en muchas unidades militares aumentaron las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales durante y después de altos niveles de asistencia estadounidense", aseguró el investigador.
El resultado se obtuvo comparando el número de denuncias presentadas en los dos años anteriores al comienzo en 2000 del Plan Colombia de asistencia militar estadounidense, con lo sucedido posteriormente.
También se constató que las denuncias cayeron al recortarse la asistencia.
"El gobierno de Estados Unidos tendrá que responder" a las preguntas que se hace el informe, dijo su coordinador.
Entre esas preguntas, citó el porqué "sus funcionarios descuidan las obligaciones que ordena la Ley Leahy", no solo en Colombia sino en países como Paquistán, "donde la situación es muy compleja".
La presencia militar de Estados Unidos en Colombia se remonta a la década de los 40 en el siglo XX, cuando comenzaron a operar las guerrillas izquierdistas en el país. Pero adquirió un nuevo nivel en 1999 con el Plan Colombia, firmado por los gobiernos del conservador Andrés Pastrana (19982002) y el demócrata Bill Clinton (19932001).
Ese programa se complementó en 2004 con el llamado Plan Patriota entre los derechistas presidentes Álvaro Uribe (2002-2010) y el republicano George W. Bush (20012009).
Los dos planes fueron concebidos bajo el argumento de colaborar a acabar con la guerrilla y el cultivo y tráfico de drogas ilícitas.
En paralelo, se integraron a la estrategia de Washington de incrementar su presencia militar en las distintas regiones del mundo, tras los ataques del grupo islamista radical Al Qaeda contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.
Los dos planes sufrieron cambios radicales a partir de 2009, según Lindsay-Poland, porque desde entonces "se trascendió la contrainsurgencia y el narcotráfico, en aras de cumplir el interés de control regional".
Documentos del Comando Sur estadounidense afirman la importancia de establecer una base con "alcance de movilidad aérea al continente sudamericano y capacidad para operaciones anti-narcóticos hasta el año 2025", explicó.
A cambio, Uribe, cuyo mandato culmina el 7 de agosto, ofreció la posibilidad de mantener o instalar un total de siete bases militares en puntos estratégicos de la geografía colombiana, que incluyen las costas Atlántica y Pacífica, el amazónico Caquetá, y el centro del país con presencia en los departamentos de Meta, Tolima y Cundinamarca.
La base de Palanquero en Cundinamarca, una de las siete, fue visitada el miércoles 28 por Lindsay-Poland y otros miembros de FOR. Pero, dijo, "no nos permitieron el acceso. Exigieron autorización de la embajada de Estados Unidos". Entonces, ¿de qué autonomía hablamos?", se preguntó.
Además, la presencia militar estadounidense no está legalizada porque Uribe no consultó al Congreso legislativo como ordena la legislación.
Por ello, el 22 de julio la Corte Constitucional consideró inconstitucional el acuerdo, y dio un plazo de un año al parlamento para pronunciarse.
Una vez que el Poder Legislativo lo haga, la Corte volverá a considerar su concordancia con la Constitución.
Al planteamiento que han hecho FOR y la Coalición no Bases, se sumarían las consecuencias de una investigación recién iniciada.
Se trata de la denuncia de la existencia de fosas irregulares en el cementerio de La Macarena, colindante con un batallón del Ejército, según una Audiencia Pública realizada el día 22 en esa población del central departamento de Meta, a la que asistieron legisladores opositores y observadores internacionales.
Hay versiones encontradas aún sobre la denuncia. Pero testigos aseguraron que helicópteros oficiales llegaban a La Macarena, a 340 kilómetros al sur de Bogotá, cargados de restos de lo que algunas organizaciones humanitarias aseguran que eran víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
"Esto sucede al final de un gobierno signado por muy graves violaciones a los derechos humanos, con mayor afectación de poblaciones vulnerables, manifestadas en miles de falsos positivos como se han denominado popularmente las ejecuciones extrajudiciales", dijo a IPS Alberto Yepes, director del Observatorio de Derechos Humanos DIH.
El número de estas ejecuciones es incierto, pero según el Informe FOR superaría las 3.000 víctimas en la última década.
Entre ellos, 16 jóvenes habitantes de la vecina población de Soacha, al sur de Bogotá, atraídos con falsas promesas de trabajo en 2007 y 2008.
Esos asesinatos fueron denunciados por la agrupación Madres de Soacha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.
"Una forma de presionar al Estado para transformar ese tipo de conductas", dijo Yepes.
"A la par que la movilización impulsa el cumplimiento de la Constitución por las Fuerzas Armadas colombianas, Estados Unidos debe asumir su responsabilidad con mayor vigilancia, pidiendo cuentas y asumiendo correctivos, para que los impuestos de los ciudadanos estadounidenses no terminen financiado muertes en Colombia", concluyó.
