Las llamadas parapolítica, parainstitucionalidad y paraeconomía «tienen su puesto en el banquillo de los acusados» en Colombia, advirtieron ocho ex jefes de grupos armados ultraderechistas, desmovilizados e incursos en crímenes contra la humanidad en la longeva guerra civil.
El antecedente del mensaje fue una reunión de Petro con el derechista presidente electo de Colombia, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien ha declarado que pretende un "gobierno de unidad nacional".
Petro planteó a Santos abordar conjuntamente la solución de temas álgidos de la guerra interna, como la reparación de las víctimas y la devolución de la tierra usurpada a millones de campesinos desplazados de sus hogares, que según conteos privados suman más de 10 por ciento de los 42 millones de colombianos.
Los paramilitares ultraderechistas pactaron con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, la desmovilización y confesión parcial de sus crímenes a cambio de que se los condenara a un máximo de ocho años de prisión, bajo un marco legal conocido como Ley de Justicia y Paz.
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Pero la Corte Constitucional condicionó el acuerdo a que los desmovilizados sólo podrían acceder a los beneficios judiciales si confesaban "la verdad completa", y el asunto se complicó.
Ahora esos ex combatientes no están dispuestos a cargar solos con la culpa. Además dicen estar verdaderamente arrepentidos y querer la reconciliación, como lo exige dicha ley.
"Estamos muy atentos y muy interesados en participar y aportar", señalan acerca de la propuesta de Petro a Santos.
Los ex paramilitares advierten en su carta que aún no se conoce la "verdad verdadera" de la guerra a la que ellos ingresaron hace más de 25 años. Su archienemigo, la guerrilla izquierdista, surgió hace 46.
Prevén que "de nada valdrá" su desmovilización y desarme ni "la verdad y la justicia a medias si quienes personifican el fenómeno paramilitar" siguen "agazapados" en el poder político y económico, "evadiendo, a cualquier precio", su responsabilidad.
Afirman que los grupos armados apenas son "la fuerza de choque", "la punta del iceberg" del "fenómeno macro del paramilitarismo".
Mientras no sea exhibida su "real dimensión", "el paramilitarismo, hijo de la impunidad consentida", se reproducirá, agregan. Al pie de sus firmas ponen sus huellas dactilares, al estilo de los mensajes del extinto capo colombiano de la droga Pablo Escobar (1949-1993).
Concuerdan en que la paz se construirá con justicia, verdad y reparación, pero rechazan que el compromiso recaiga únicamente sobre los autores materiales.
El "acaparamiento de la tierra, la usurpación y concentración de la propiedad agraria, la violencia y desplazamiento en el campo, y la consiguiente injusticia social contra el campesino, atienden y comportan situaciones no conocidas", advierten.
Puntualizan que el "reducido número de dos docenas de ex comandantes" de las fuerzas paramilitares no pueden ser los "dueños en la sombra" de por lo menos cuatro millones de hectáreas "del más alto valor comercial" hoy en manos de la mafia. Agregan que deben ser devueltas a los desplazados.
Los ex jefes subrayan que en el paramilitarismo "campean políticos, empresarios, funcionarios de alto nivel, grandes contratistas, inversionistas extranjeros y miembros de la fuerza pública" de seguridad, que también deben someterse a la justicia.
La Ley de Justicia y Paz requiere ajustes para incluir a esos sectores, enfocada a los ex combatientes, pero no a poner fin al fenómeno paramilitar, lo cual "no estuvo en el orden del día de la mesa de negociación" con el gobierno de Uribe.
Siendo senador, Petro fustigó en agosto del año pasado la concesión de bases militares a Estados Unidos para combatir las drogas y aboga constantemente por la devolución de las tierras a los campesinos que debieron dejar sus tierras por el conflicto armado interno.
"Necesitamos justicia y que devuelvan las tierras fértiles que les han quitado a los desplazados", dijo Petro, ese sería "el gran reto político de la sociedad colombiana".
"Una verdadera política antidrogas debería quitarle el Estado y el poder político a la mafia", argumentó el político, y "para eso no se necesitan militares estadounidenses dándoles órdenes a soldados colombianos".
En tanto, el Movice aún sigue en consultas sobre la reacción que merecerá la misiva. En todo caso, Cepeda subrayó a IPS que en ella "hay afirmaciones muy significativas sobre el fenómeno paramilitar y sobre la toma de tierras".
"Muestra que la verdad sobre el fenómeno paramilitar en Colombia todavía está por conocerse en buena parte, y que los verdaderos dirigentes del paramilitarismo son quienes ejercen el poder político actualmente", añadió.
"Lo que ellos dicen es cierto. Eran solamente el brazo armado del paramilitarismo", señaló, sobre los firmantes de la carta, el ex ministro Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
"Aquí ha habido un monstruo de varias cabezas, donde se ha tenido el brazo armado, el político y el económico. Se interrelacionan y cada uno tiene un pedacito del otro", apuntó.
Para González, "la desmovilización solamente desmontó una parte del aparato armado" y "el paraestatismo y la paraeconomía son asuntos no resueltos".
El reto bajo el gobierno de Santos, que asumirá el 7 de agosto, será destapar la paraeconomía.
"La paraeconomía no es la plata de los paramilitares sino las redes económicas que se han beneficiado, para sus negocios, de la violencia política y paramilitar. Y en eso también entran sectores de la economía legal", dijo González a IPS.
Los sectores más favorecidos son la agroindustria, el sector financiero y la minería, según el historiador Jaime Zuluaga, portavoz de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.
