Aquella madrugada, los vecinos de la colonia Loma Linda, en el oriental municipio de Esquipulas, en Guatemala, dormían tranquilamente hasta que unos gritos desgarradores que provenían de la calle rompieron la calma.
Era José Gómez Ramírez, de 12 años, quien suplicaba por su vida.
El 15 de junio, mientras el niño dormía, delincuentes irrumpieron en su casa, lo sacaron de la cama y lo arrastraron hasta una calle cercana. A continuación se oyeron varios disparos y su voz se apagó para siempre.
Según la policía, Gómez era testigo de un crimen, cuyos autores lo persiguieron para silenciar su testimonio.
El caso representa la violencia que viven niños, niñas y jóvenes en el llamado Triángulo Norte de América Central, conformado por El Salvador, Honduras y Guatemala, con muertes que se cuentan por cientos.
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Solo en Guatemala, entre enero y mayo de este año fueron asesinados 189 niños y adolescentes de hasta 17 años de edad, 7,8 por ciento de las 2.413 muertes violentas,16 diarias, de ese período, según la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil.
"Estas muertes hacen que en cualquier país desarrollado del mundo la gente salga a las calles a protestar, pero aquí no hacemos nada", dijo a IPS la defensora de la Niñez y la Juventud, Nidia Aguilar.
A su juicio, la gente está tan desesperada que cuando mueren menores de edad los acusan de pertenecer a pandillas o bandas de delincuentes, lo cual constituye una "terrible indiferencia".
La participación de la población para incidir en las políticas y presionar al gobierno a cumplir con sus obligaciones es fundamental para revertir esta situación, apuntó Aguilar.
El país cuenta con las leyes de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, de Adopciones y contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, pero "se van quedando en papel", señaló.
El fortalecimiento de la justicia en un país donde la impunidad alcanza casi al cien por ciento de los delitos "es elemental, porque de esta situación se aprovechan los grupos criminales para cometer sus fechorías", enfatizó.
Marco Antonio Castillo, director del no gubernamental Grupo Ceiba, que trabaja desde hace 20 años en la prevención de la delincuencia juvenil, dijo a IPS que la violencia desbordada es el efecto de un problema estructural de injusticia.
La impunidad, la pobreza y la falta de oportunidades son factores determinantes que se deben combatir para luchar contra la violencia, sostuvo.
Según el reporte anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, difundido el 23 de junio, el Triángulo Norte de América Central tiene "la mayor tasa de homicidios en el mundo", incluso por encima de México. La tasa de homicidios entre 2003 y 2008 fue de 12 por cada 100.000 habitantes en México, de 61 por 100.000 en Honduras, de 52 por 100.000 en El Salvador y de 49 por 100.000 en Guatemala, muchos de ellos cometidos contra niños.
Ismelda Villacorta, de la no gubernamental Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho de El Salvador, dijo a IPS que en ese país de 5,7 millones de habitantes se reportan al menos 12 homicidios diarios, de los cuales dos corresponden a niños o niñas.
Otros factores como la violencia en el hogar y la "violencia estructural" —la imposibilidad de llevar una vida digna con derecho a la salud, la alimentación y la educación— conducen a la explotación laboral, la deserción escolar y otras formas de vulnerar la vida de los infantes, según la investigadora.
En 2009 fueron asesinados 606 niños y niñas menores de 18 años en El Salvador, 284 más muertes que las reportadas en 2008.
"Es necesario hacer una apuesta por la prevención de la violencia, crear políticas integrales que fomenten el respeto de los derechos humanos e impulsar el rescate de los jóvenes y su reinserción a la sociedad", según Villacorta.
Ubaldo Herrera, de la no gubernamental Casa Alianza de Honduras, dijo a IPS que la violencia contra la niñez y juventud también ha aumentado por el incremento del crimen organizado, las pandillas y la debilidad del sistema de justicia.
Según Casa Alianza, hasta mayo al menos 157 niños y jóvenes menores de 23 años fueron asesinados en ese país, donde un promedio de 14 personas mueren violentamente cada día.
De hecho, una iniciativa de ley para reducir de 18 a 16 años la edad para castigar a los menores infractores permanece estancada en ese país debido a la oposición social.
En su lugar, Herrera cree en programas de prevención de la delincuencia juvenil y el consumo de drogas, y en una justicia penal juvenil que garantice la reinserción social de los menores infractores.
