Mientras las autoridades de Brasil cuentan los muertos y perjuicios económicos causados por las lluvias en el nordeste, un proyecto a discusión en el parlamento para modificar el Código Forestal podría potenciar los eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes.
La propuesta, cuya votación en una comisión especial del Congreso legislativo está prevista para el lunes próximo, fue presentada por el diputado Aldo Rebelo, del Partido Comunista de Brasil.
Ante el avance de esta iniciativa, 13 organizaciones ambientales manifiestan su preocupación en una carta abierta dirigida a los candidatos a la presidencia de Brasil para las elecciones del 6 de octubre.
Es "un retroceso histórico" respecto del código de 1965 aún en vigor, advirtió en entrevista con IPS Rafael Cruz, de la organización ambientalista Greenpeace.
Los activistas alertan sobre los posibles perjuicios de declarar la amnistía, como se propone en la iniciativa, para las talas ilegales en más de 40 millones de hectáreas de sabanas y bosques de la Amazonia, a verificadas después de 1996.
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Una amnistía que advierten corresponde a 14.600 millones de toneladas de CO2 emitidas ilegalmente.
Rebelo argumenta que es necesario reformar el Código Forestal porque perjudica la agricultura y con ello la provisión de alimentos para los mas necesitados.
El proyecto de reforma también propone que cada estado de Brasil pueda, a su criterio, reducir hasta en 50 por ciento los límites definidos por la legislación federal en las áreas de preservación permanente (APP) que corresponden a los bosques protectores de cursos de agua en márgenes de ríos, lagos y manantiales.
Otra modificación considerada "grave" por los críticos es la despensa de la exigencia de reserva legal para inmuebles de hasta cuatro módulos fiscales (hasta unas 150 hectáreas) en todo el país.
"Eso puede significar, solamente en la floresta amazónica, la eliminación de la reserva legal hasta en 70 millones de hectáreas", señala la carta.
En base a la suposición de que la mitad de esas áreas ya estén deforestadas, "aún así el proyecto de ley retira la protección legal de por lo menos 35 millones de bosques", se agrega en la misiva.
Según las organizaciones, si la iniciativa prospera se habrá permitido liberar 12.800 millones de toneladas de C02 almacenados en la selva amazónica.
Una emisión que corresponde a tres veces la meta brasileña de reducción de emisiones de gases contaminantes que causan el recalentamiento planetario por vía de la deforestación. Esa pauta fue presentada por Brasil en diciembre en Copenhague en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
La movilización contra la propuesta comenzó antes de la llegada de las fuertes lluvias que causaron desbordes de ríos, inundaciones y derrumbes esta semana en los estados nororientales de Alagoas y Pernambuco. Hasta este jueves, la catástrofe dejó un saldo parcial de 44 personas muertas y cientos de miles afectadas de distintas formas.
Cruz sostuvo que las modificaciones propuestas "abren brechas de deforestación del principio al fin".
Tragedias como las del nordeste "son un ejemplo de lo que puede ocurrir con el aumento de la deforestación, y en el caso de Brasil con las florestas tropicales como un todo", destaca.
El ambientalista recordó que la deforestación en Brasil es responsable por 75 por ciento de las emisiones de gases invernadero del país que provocan el recalentamiento global.
Con lo que Cruz califica como un "código de deforestación" la tendencia sería de aumento "de estos evento climáticos extremos", como lluvias torrenciales fuera de época y cantidad de precipitaciones fuera del promedio habitual.
Un cálculo de Greenpeace, que Cruz considera "conservador", alerta que, en caso de ser aprobados los cambios, se deforestarían 85 millones de hectáreas.
La opinión es compartida por Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza, superintendente de conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-Brasil).
El especialista en ecología llama la atención a IPS sobre el agravamiento de desastres naturales del tipo de desmoronamientos de tierra y más precipitaciones, como ocurrió en el sureño estado de Santa Catarina, en años recientes.
En caso de que la iniciativa de reforma del Código prospere, se anticipan "eventos climáticos extremos con más frecuencia y fuerza".
Marcia Hirota, de la no gubernamental SOS Mata atlántica, subrayó a IPS que precisamente las áreas más afectadas de Pernambuco, en el sur de Brasil, y de Halagaos, en el norte, están ubicadas en la región de la Mata Atlántica.
El bioma de la Mata Atlántica (un bosque tropical húmedo) ocupa 1,3 millones de kilómetros cuadrados, que equivale a casi 15 por ciento del territorio brasileño, englobando 17 estados.
Datos de SOS Mata Atlántica y del gubernamental Instituto de Investigaciones Espaciales indican que originalmente ese ecosistema llegaba a ocupar 18 por ciento del estado de Pernambuco, mientras que hoy apenas resta un 13 por ciento.
Asimismo, 53 por ciento del estado de Alagoas estaba cubierto por ese bosque, que se redujo en 10 por ciento.
Hirota, quien acaba de regresar del nordeste, destacó que las poblaciones más afectadas por las lluvias están precisamente a orillas de ríos totalmente deforestados, pese a que el Código Forestal vigente establece 30 metros desde la costa de protección.
Eso contribuyó al desborde de ríos y represas, con barrios enteros que desaparecieron bajo las aguas.
La ambientalista manifestó su tristeza por las escenas trágicas que presenció. Mucha gente desaparecida, familias sin casa que perdieron todo, detalló.
Por eso considera que la propuesta de Rebelo "está totalmente a contramano de la realidad que vivimos y va a empeorar aún más la situación".
Recuerda otras catástrofes como las que azotaron este año a Río de Janeiro y Niteroi, donde las poblaciones más afectadas fueron las que ocupaban irregularmente áreas de laderas y deforestadas.
"Es importante estar alertas porque no podemos perder mas vidas", advirtió, al aclarar que en situaciones como éstas se confirma que la legislación ambiental no es "para proteger árboles y bichitos sino también para garantizar la seguridad y el derecho a la vida de las personas".
Considera que en tales circunstancias no basta que el gobierno retire a las personas de las áreas de riesgo sino trasladarlos a "lugares seguros donde vivan con dignidad".
Por su parte, Scaramuzza propone adicionalmente que se invierta en acciones como reforestar las áreas de los ríos.
Datos del Ministerio de Medio Ambiente, citados por la abogada Paula Lavratti, del Instituto El derecho por un planeta verde (IDPV), indican que más de un millón de personas fueron afectadas por algún tipo de desastre natural entre 2000 y 2007.
Los ambientalistas atribuyen la ofensiva contra el Código Forestal a la "bancada ruralista", como se define en Brasil al grupo de diputados que responden a los intereses de los terratenientes y empresario agropecuarios.
Por eso quieren postergar hasta después de las elecciones la votación en el Congreso. "El temor es que negocien la floresta por votos", teme Cruz al advertir que "ya hay gente esperando encender la motosierra si el nuevo código es aprobado".
