El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, parecía blindado por sus adustos generales cuando salió por televisión para atacar la decisión de una jueza que condenó a un influyente ex alto oficial por crímenes cometidos hace casi 25 años.
Más temprano expresó que "los derechos humanos no se pueden invocar para cometer abusos contra la fuerza pública".
Al tiempo, militares retirados descalificaron el fallo contra Plazas como "guerra jurídica y guerra política" promovida por "el terrorismo", "nacional e internacional".
Además, exigieron generalizar el fuero militar, suspendido desde 1997 para violaciones a los derechos humanos, casos que son competencia de la justicia ordinaria.
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"No veo conveniente que las discusiones sobre los procesos se hagan fuera de los procesos", dijo el Fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza, y llamó a esperar el fallo de segunda instancia.
La víspera, la jueza María Stella Jara condenó a 30 años de prisión a Plazas por secuestro y desaparición forzada de 11 personas que sobrevivieron a la cruenta toma guerrillera del Palacio de Justicia en 1985.
El fallo, considerado histórico, es el primero contra los uniformados que dirigieron la sangrienta recuperación del Palacio. El episodio dejó más de 100 muertos. La Corte Suprema de Justicia quedó entonces desintegrada tras perecer la mitad de sus miembros.
La justicia dio credibilidad plena a testigos que presenciaron o participaron en torturas a personas que salieron vivas de la batalla, pero fueron trasladadas subrepticiamente a instalaciones militares y luego desaparecidas, porque los militares sospecharon de ellas.
Jara comenzó a recibir amenazas de muerte en septiembre, que se acrecentaron al acercarse la fecha de la sentencia.
El mismo jueves se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos, decretó el 2 de este mes medidas cautelares a favor de la jueza Jara y de su hijo menor.
La Corte Suprema de Justicia terció al atardecer del jueves con un comunicado.
"Con preocupación observa la Corte que las decisiones de jueces y fiscales vienen siendo descalificadas por otras autoridades públicas en lenguaje deplorable con grave peligro para la institucionalidad, para la supervivencia del estado social de derecho y para la vida e integridad de los funcionarios", dice.
La Corte reclamó "enérgicamente de las demás ramas del poder público la sensatez y la defensa del estado de derecho, de la independencia judicial y del sistema jurídico colombiano".
Además pidió a la sociedad "defender sus instituciones" y manifestar "apoyo a sus jueces que son el cimiento de la democracia"; y llamó a la comunidad internacional a rodear a la judicatura colombiana.
Plazas está casado con una hija del entonces ministro de Defensa, Miguel Vega. En 1985 era comandante de la Escuela de Caballería. Fue nombrado por el presidente Uribe al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes, de donde salió en medio de escándalos.
"La autoridades colombianas trataron de enterrar la verdad sobre el Palacio de Justicia a pesar de la abrumadora evidencia de que los miembros de las fuerzas de seguridad orquestaron la desaparición forzada, tortura y ejecución de algunos de los que estaban dentro", dijo en Londres Marcelo Pollack, de la organización no gubernamental Amnistía Internacional.
Pollack atribuyó "en gran parte" los avances en varias investigaciones penales de alto perfil por violación a los derechos humanos a "una intensa presión internacional".
La sentencia contra Plazas era esperada por las familias de los desaparecidos "de manera ansiosa", dijo en rueda de prensa René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de las desaparecidas que había salido viva del Palacio, según lo demuestra un video.
"Representa un reconocimiento a la lucha de todos los que durante 25 años hemos asistido de manera ininterrumpida con fotos a la Plaza de Bolívar (corazón político del país y donde está el Palacio de Justicia) a reclamar verdad, justicia y reparación", añadió Guarín, quien tuvo que exiliarse varios meses el año pasado.
Guarín recordó que en 1998 fue asesinado el abogado Eduardo Umaña Mendoza, que los acompañó los primeros 13 años.
Las familias de los desaparecidos consideraron "irrespetuosas de la rama judicial las palabras que ha expresado el presidente Uribe".
"Consideramos que la sentencia al coronel Plazas obra en derecho, no vulnera la integridad de las fuerzas militares, marca un hito en la historia de lucha contra la impunidad y muestra que el país puede estar a la altura de los estándares internacionales de justicia", escribieron al mandatario.
Héctor Jaime Beltrán, padre del desaparecido del mismo nombre, quien tenía 30 años y dejó cuatro hijas, describió el clamor más sentido de las familias: "que nos los entreguen así sean hechos polvo", para darles cristiana sepultura.
Juan Francisco Lanao Anzola tenía un año cuando su madre, la abogada Gloria Anzola, desapareció tras la tragedia. Está de acuerdo con la condena a Plazas Vega, "pero, en fin de cuentas, no nos va a devolver a nuestras víctimas", dijo a IPS. "La sensación es de comienzos de justicia", añadió.
Con los ataques al fallo "estamos viendo que todavía no hay una democracia. Hay particulares que pueden aprovechar sus influencias. Una cadena de amigos, de mando, que no dejan respetar a la justicia", añadió.
"Pensando hacia el futuro, lo importante sería que Colombia deje de tener esa mala fama de que su Estado está manchado de crimen y de victimarios. También hay soldados buenos", subrayó, "pero hay que hacer justicia para que la sociedad progrese".
Para este joven a punto de graduarse como profesional, justicia es "saber la verdad, para pensar en una reconciliación. Si no hay responsables, nunca llegaremos a la verdad".
En cambio, "la reparación es imposible", dijo.
