Expertos legales y activistas por los derechos civiles critican al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por haber mantenido las comisiones militares para juzgar a sospechosos de terrorismo, y eligieron a Omar Khadr como su estandarte.
Crédito: Departamento de Defensa de EEUU Khadr es un canadiense detenido en Afganistán en junio de 2002, cuando contaba apenas 15 años de edad. Se encuentra encarcelado desde entonces y será el primero en ser juzgado por las comisiones militares en la base estadounidense de Guantánamo, Cuba, desde que Obama asumió el cargo en enero de 2009.
El mandatario promulgó el mes pasado la Ley de Autorización para la Defensa Nacional, que permite el funcionamiento de "nuevas y mejoradas" comisiones. La norma incluye algunos cambios en los procedimientos para juzgar a los sospechosos de terrorismo.
El gobierno arguye que de esta forma se mejoran las reglas establecidas en la Ley de Comisiones Militares de 2006, aprobada por la administración de George W. Bush (2001-2009) y que la Suprema Corte declaró inconstitucional el año pasado.
Grupos de derechos humanos y expertos legales señalan que, si bien las nuevas regulaciones mejoran las comisiones hasta cierto punto, éstas no sólo siguen siendo innecesarias, sino peligrosas, pues establecen un sistema judicial paralelo de segunda clase.
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Además, señalan, los procedimientos en las comisiones militares podrían demorar años.
Gran parte de la campaña contra las comisiones militares se centra en el caso de Khadr.
Éste es acusado de haber lanzado una granada que mató a un médico del ejército estadounidense. Fue enviado a la cárcel de Guantánamo en 2002, donde se encuentra desde entonces sin haber sido sometido a juicio. Washington se ha negado a aplicar en este caso reglas universalmente reconocidas para procesar a menores de edad.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó su preocupación por el proceso a Khadr, señalando que establecería un peligroso precedente para niños y niñas víctimas del reclutamiento forzado en conflictos armados.
El director ejecutivo de Unicef, Anthony Lake, señaló en una declaración que el reclutamiento y uso de niños y niñas en hostilidades es un crimen de guerra, y los responsables deben ser juzgados.
"Los niños y niñas involucrados son víctimas y actúan bajo coerción", indicó, señalando que los ex niños soldado necesitan asistencia para su rehabilitación y reintegración a las comunidades, no condenas ni juicios.
"El proceso contra Omar Khadr podría establecer un peligroso precedente internacional para otros niños que son víctimas del reclutamiento en conflictos armados", añadió.
Lake fue asesor de seguridad nacional en el gobierno de Bill Clinton (1993-2001).
Se espera que el juicio a Khadr comience en agosto.
Según la organización Human Rights First, ningún tribunal internacional desde los Juicios de Núremberg (contra las principales figuras del nazismo y sus colaboradores) ha procesado a un menor de edad por supuestos crímenes de guerra.
Unicef señaló que Estados Unidos tenía detenidos a niños soldados en Guantánamo sin hacer la debida consideración de su condición, y concluyó que "se debían evitar los procedimientos penales contra niños y niñas dentro del sistema judicial militar".
El gobierno de Canadá no ha pedido la extradición de Khadr, el único occidental que permanece detenido en Guantánamo, a pesar de los llamados de Unicef, Amnistía Internacional, la Asociación de Abogados Canadienses y otras organizaciones importantes.
Una revisión del caso en 2009 concluyó que el Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad no tomó en cuenta la condición de menor de edad de Khadr ni sus repetidas denuncias de haber sido víctima de abusos. También determinó que el canciller canadiense Lawrence Cannon mintió cuando señaló que Khadr había fabricado bombas para matar a soldados de su país.
La fiscalía de las comisiones militares cree que las reformas adoptadas por el Congreso legislativo garantizarán que los procesos sean justos y que se obtengan sentencias firmes. Además, anunció que algunos sospechosos de terrorismo serían juzgados en tribunales civiles federales.
Pero muchos discrepan. Uno de ellos es Chip Pitts, presidente del Comité en Defensa de la Declaración de Derechos y conferencista en la Escuela de Leyes de la Universidad de Stanford.
"Es una muy mala señal que la administración de Obama decida comenzar los juicios con el caso del niño soldado, a quien sus interrogadores lo amenazaron con violarlo: el ciudadano canadiense Omar Khadr, quien ni siquiera ha sido acusado de ningún crimen de guerra", dijo a IPS.
"La ausencia de limitaciones de edad, juzgando a menores que aún no han desarrollado plenamente su cerebro, es sólo uno de los problemas de esas comisiones", sostuvo.
"Su existencia, su operativa y procedimientos contradicen claramente las leyes, los tratados y las políticas en las que Estados Unidos se ha comprometido a proteger los derechos humanos", añadió.
