Las relaciones de Bolivia y Estados Unidos siguen un cauce errático dos años después de la expulsión del embajador estadounidense y en medio de nuevas amenazas del presidente Evo Morales de expulsar a la principal agencia de cooperación del país norteamericano.
A comienzos de este mes, el canciller boliviano, David Choquehuanca, anunció un avance de 99 por ciento en las negociaciones para restablecer el vínculo pleno entre su país y Estados Unidos, incluyendo la restitución de embajadores.
Pero señalamientos de injerencia lanzados por Morales contra Washington parecen indicar lo contrario.
En la inauguración de un congreso de cultivadores de coca en la central ciudad de Cochabamba, Morales denunció el 5 de este mes que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) financia a organizaciones no gubernamentales y fundaciones que se enfrentan al gobierno.
"Si Usaid sigue trabajando así, no me va a temblar la mano para expulsar a Usaid porque somos dignos, soberanos y no vamos a permitir ninguna injerencia", expresó el mandatario.
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Cuatro días después, Morales pidió nuevamente a la Usaid que corrigiera su conducta.
"En materia de política internacional no existen amigos ni enemigos, solamente intereses. Es una frase famosa en las relaciones internacionales que se puede aplicar a este caso, una especie de pragmatismo sin importar ideologías", señaló a IPS el diplomático Iván Camarlinghi.
Aparentemente, Washington mostró interés en reconstruir las bases de la debilitada relación bilateral, enviando a funcionarios de mayor jerarquía del Departamento de Estado (cancillería) para América Latina.
En 2009, Thomas Shannon, entonces subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y el 2 de este mes su sucesor, el chileno nacionalizado estadounidense Arturo Valenzuela, intentaron reencauzar acuerdos con la cancillería boliviana.
Pero la recepción a Valenzuela no fue la mejor. Un día antes de su llegada, Morales aseguró que Estados Unidos, el principal mercado consumidor de drogas, era contemplativo con el narcotráfico y que su política en la materia representaba un pretexto para intervenir en Colombia, Perú y Bolivia, tres grandes productores de cocaína.
Con todo, Camarlinghi ve coincidencias.
Washington adopta un enfoque de interdicción a las drogas, mientras el gobierno boliviano mantiene una orientación social, cultural y ritual en defensa de la coca, materia prima de la cocaína, destacó. "La responsabilidad compartida (en la lucha contra el narcotráfico) es uno de los puntos de coincidencia", indicó.
Pero la cuestión tiene dimensiones internas.
"Las acusaciones a organismos internacionales representan un mecanismo de salida" al conflicto que enfrenta el gobierno de Bolivia con organizaciones sociales y sindicales, y demuestran "falta de claridad política", aseguró a IPS el sociólogo y disidente del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Patzi.
A principios de mayo, sindicatos de la educación, la industria y la minería rechazaron la política salarial del gobierno con un paro de 24 horas, y ahora pueblos nativos del oriente, rico en reservas petroleras, chocan con el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de convenios para la creación de autonomías indígenas y la protección del ambiente en áreas de exploración de hidrocarburos.
La influyente Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que nuclea a etnias de las tierras bajas, iniciará este jueves una marcha de protesta de 1.400 kilómetros desde la norteña ciudad de Trinidad hasta la sede del gobierno en La Paz.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, sospecha que detrás de ese movimiento se encuentra la Usaid, a la que responsabiliza de financiar actividades de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, entidad afiliada a la Cidob.
"Puede haber influencias de ONG (organizaciones no gubernamentales), puede haber algunos actores externos", expresó Romero el lunes.
La Usaid invierte unos 85 millones de dólares por año en áreas rurales de Bolivia, a través de acuerdos bilaterales y programas ejecutados por ONG, el sector privado y la sociedad civil, según la representación diplomática estadounidense.
El coordinador nacional indígena de Áreas Protegidas de la Cidob, Jorge Tomicha, replicó que las organizaciones indígenas no admiten injerencia externa en sus decisiones sectoriales y tampoco obtienen financiamiento para sus demandas.
En una reunión nacional realizada la semana pasada en La Paz, líderes indígenas expresaron preocupación por la violación de derechos de los pueblos originarios y de sus territorios en el uso de los recursos naturales, y "por ello pedimos hablar directamente con el presidente Morales para reclamar por nuestros derechos consagrados en convenios internacionales", dijo Tomicha a IPS.
Morales es de origen aymara, pueblo que junto al quechua habitan las zonas altas y empobrecidas de la cordillera de los Andes, en el centro y oeste del país, y son más numerosos que los aborígenes de tierras bajas.
Patzi, ex ministro de Educación de Morales y ex candidato a la gobernación de La Paz por el gobernante MAS, considera que el desencanto de ciertos sectores populares con Morales se debe al incumplimiento de promesas de transformaciones económicas y sociales profundas.
"No hubo eso, solo vieron el control a las organizaciones y eso genera la reacción de los sectores populares" dijo Patzi, quien acusa a un "grupo de elite blancoide" (sic) de arrebatar el poder al pueblo.
La falta de reflexión en el diálogo con Washington es un defecto que salta a la vista, opinó el ex aliado de Morales.
Hasta 2009, La Paz reclamaba a Washington "mutuo respeto, principio de igualdad de derechos entre los Estados y responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico".
"Si el gobierno boliviano tiene elementos objetivos (que demuestren la injerencia estadounidense en organizaciones indígenas) está en todo su derecho de llevar adelante una investigación, pero hacerlo de manera agresiva no contribuye a restablecer relaciones diplomáticas", dijo a IPS el presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Franklin Pareja.
El ataque de Morales a la Usaid también puede ser interpretado como "un cálculo político para cohesionar y volver a liderar a las organizaciones sociales" que ahora cuestionan sus políticas salariales, ambientales y de exploración petrolera, según el analista.
Desde 2008, Washington castiga a Bolivia por su presunta falta de colaboración en la lucha contra las drogas con la suspensión de los beneficios de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA, por sus siglas en inglés), que conllevó la pérdida de unos 63 millones de dólares en exportaciones de manufacturas.
