Armar en Bolivia el rompecabezas de las autonomías de los departamentos, municipios y territorios indígenas y lograr que cada pieza encaje sin entorpecerse es un juego delicado, en que habrá que superar pugnas por fondos, competencias e ideología, coincidieron analistas consultados por IPS.
Un ejemplo: las autoridades del rico departamento de Santa Cruz, en el este de Bolivia, plantean que sean ellas quienes establezcan 80 por ciento del programa educativo básico, lo que dejaría solo 20 por ciento del pensum al gobierno nacional.
Eso restaría al Estado boliviano una competencia central que la Constitución vigente desde 2009 declara "función suprema" en su artículo77, y muestra el tipo de batallas que se librarán en los próximos años, dijo a IPS Mario Galindo, experto en descentralización, un proceso que en el país se expresa en las autonomías.
"Ni siquiera un gobierno conservador cedería aquellas competencias que relegarían a segundo plano al Órgano Ejecutivo", planteó Galindo.
Los gobernadores de los nueve departamentos en que está dividido políticamente el país, entre ellos tres opositores conservadores, fueron juramentados por el presidente izquierdista Evo Morales en la capital oficial de Bolivia, Sucre, el 30 de mayo, tras las elecciones regionales y municipales del 4 de abril.
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Morales está convencido que en 2008 hubo una conspiración para derrocarlo, impulsada por sectores radicales de la derecha del departamento de Santa Cruz, y vincula a ese movimiento al reelegido gobernador de esa región, Rubén Costas.
El día 2, Morales y Costas re reunieron en la sede de la Presidencia en La Paz, para buscar dejar atrás las tensiones de su anterior gestión y restablecer canales de comunicación. Ambos dijeron que el encuentro resultó positivo.
Pero aún quedan abiertas las diferencias entre el presidente y los gobernadores Ernesto Suárez, del norteño departamento de Beni, y Mario Cossío, del sureño departamento de Tarija.
Morales, un dirigente aymara de 50 años, fue reelecto también en diciembre para un segundo mandato iniciado el 27 de enero, tras llegar al poder en 2006 y refundar el país mediante una Constitución que reconoce el carácter plurinacional boliviano y establece un régimen de autonomías que debe desarrollarse.
Los tres gobernadores opositores reelectos temen una suspensión en sus funciones, porque se han abierto investigaciones sobre el presunto uso discrecional de recursos financieros durante su primera gestión, iniciada en 2006.
El 24 de mayo la Asamblea Plurinacional Legislativa probó una Ley Transitoria para el Funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas, que regirá hasta que el 22 de julio se apruebe la Ley Marco de las Autonomías, que regirá la descentralización boliviana.
En su artículo 8 la norma provisional dispone la interrupción del mandato de los gobernadores en caso de una "acusación formal en materia penal", una medida que la oposición criticó como un intento de control del poder central.
En el acto de juramentación de los gobernadores, también se instalaron las asambleas legislativas de los departamentos y se transfirieron a sus ejecutivos 36 competencias.
Los gobiernos departamentales planificarán el desarrollo humano, promoverán el empleo, realizarán planes de ordenamiento territorial y de uso de suelos, administrarán las carreteras de la red departamental, las líneas ferroviarias y los terminales aéreos.
También tendrán a su cargo las políticas de turismo, de promoción y conservación de la cultura, así como el patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible.
La actividad de las gobernaciones, las 11 autoridades originarias, las 337 municipales y una regional será de un permanente "tira y afloja" por la dificultad del gobierno central para soportar el costo que demandará su funcionamiento, explicó Galindo.
"Lo fundamental es avanzar con la Ley de Autonomías y la aprobación de proyectos de desarrollo que muestren a cada gobierno autonómico con un compromiso para entregar resultados y bienes materiales", comentó a IPS el analista en temas constitucionales Franco Gamboa.
Si la respuesta de los nuevos gobiernos no es clara, "podría surgir una discrepancia entre las sociedades civiles de cada departamento y sus nuevos gobiernos autonómicos. La decepción en la sociedad civil es algo que debe evitarse, y lo importante es tener planes realistas para mostrar resultados", afirmó.
Galindo anticipó que además de las diferencias entre Morales y tres gobernadores opositores, habrá que sortear los problemas que se presentarán en Tarija por la creación de una autonomía regional en su territorio, y los conflictos que se generarán entre los gobiernos municipales y las autoridades indígenas.
"Se debe cambiar la mentalidad de los políticos para que aprendan a gobernar con la oposición. No tendrán todo el control y siempre estará presente la oposición en todos los niveles de gobierno", dijo.
"Ello requiere una reingeniería en la mentalidad de los ciudadanos y gobernantes", concluyó Galindo.
"Esta es una oportunidad sin igual para un despegue de desarrollo político, social y económico desde las bases regionales y locales. La sociedad tiene ante sus ojos el escenario para convertirse en otra Bolivia con identidades regionales, lo que significa mirarse en el espejo de sus proyecciones de futuro, planificar sus ambiciones y encontrar en las fuerzas locales las raíces de reestructuración del Estado", expresó Gamboa.
El analista reclama para Bolivia el reconocimiento de la capacidad de su sistema político de incorporar cada vez más demandas populares con mayor complejidad, si bien su puesta en funcionamiento puede representar un desafío para los distintos poderes.
La Constitución otorga autonomía especial a una región localizada en la provincia del Gran Chaco, en el departamento de Tarija, con facultades para que su parlamento elabore un estatuto autonómico.
Las 11 autonomías indígenas aún requieren el establecimiento de sus estatutos, en una labor que debe ser compatible con las autonomías de los departamentos, los municipios y del Chaco, y que el gobierno estima que llevará un año.
