La nueva primera ministra de Australia, Julia Gillard, estrena cargo enfrentando reclamos de urgentes medidas contra el cambio climático.
"Le solicitamos ( ) que cumpla la promesa de su partido de tomarse en serio la amenaza que plantea el cambio climático", dijo Linda Selvey, presidenta de la filial Australia-Pacífico de Greenpeace, luego que Gillard reemplazó al ex primer ministro Kevin Rudd (2007-2010), el día 24.
Gillard es la primera mujer en ocupar la Presidencia de su país.
Los parlamentarios del gobernante Partido Laborista Australiano perdieron la confianza en la capacidad de Rudd de liderar a su fuerza política hacia otra victoria electoral.
Fue así como lo sustituyeron por Gillard, de 48 años, quien hasta entonces se desempeñó como viceprimera ministra en el gobierno de Rudd.
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Pese a que las encuestas de opinión pública le concedieron una alta popularidad durante los primeros dos años de su gestión, la imagen de Rudd cayó considerablemente en los últimos meses.
Parte de este declive puede atribuirse a errores políticos, entre ellos no haber logrado rebatir los argumentos de la oposición conservadora en cuanto a que el gobierno de Rudd era suave en materia de seguridad fronteriza, y la reciente batalla con las empresas mineras por el aumento de los impuestos.
Sin embargo, lo más decisivo fue la percepción de que Rudd era incapaz de combinar la acción con su propia retórica sobre el cambio climático.
El cambio climático "es el mayor desafío moral de nuestra generación", dijo Rudd en una célebre declaración. El político llevó al Partido Laborista Australiano a la victoria en las elecciones de 2007, en parte por considerarse que él proponía mejores políticas sobre cambio climático y ambiente que su antecesor, John Howard (1996-2007).
Rudd fue muy aplaudido por tomar medidas inmediatas para ratificar el Protocolo de Kyoto (firmado en 1997 y en vigor desde 2005) para la reducción de gases de efecto invernadero, que Howard se había negado a respaldar.
Pero su gobierno fue muy criticado cuando anunció, en diciembre de 2008, que su objetivo para 2020 era reducir apenas cinco a 15 por ciento de los gases contaminantes en relación a los registros de 2000.
Esta meta fue incluso menor que el recorte de entre 10 y 25 por ciento que antes había recomendado Ross Garnaut, principal asesor del gobierno de Rudd sobre cambio climático, y que también había sido rechazado.
Las cosas fueron de mal en peor para Rudd, que contaba con un programa de comercio de emisiones de carbono para cumplir el objetivo de reducción para 2020.
Ese tipo de programas les ponen un precio a las emisiones de carbono para alentar a los principales contaminantes a reducir esas emisiones.
La legislación sobre el comercio de carbono intentó ser aprobada tres veces, pero no lo logró. Tanto la oposición como el Partido Verde Australiano se manifestaron en contra del programa, aunque por motivos bastante diferentes.
La oposición se mostró dividida en torno a las políticas sobre el cambio climático, mientras que los verdes consideraron que el programa de comercio de carbono era demasiado débil para ser efectivo.
Esto hizo que en abril Rudd retrasara ese programa, declarando que su gobierno no buscaría implementarlo hasta que expirara el actual periodo de compromiso del Protocolo de Kyoto, en 2012.
Rudd se había promovido a sí mismo como un líder genuino. Pero en noviembre pasado rechazó las sugerencias de que Australia debería esperar hasta después de la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en diciembre en Copenhague, antes de actuar para reducir sus emisiones contaminantes.
Esas políticas debilitaron su propia imagen, sumándose a la inquietud entre los votantes.
"El electorado se sintió traicionado por Kevin Rudd cuando se retiró de ese compromiso tan fundamental. Está claro que el gobierno subestimó vastamente el deseo de la comunidad de una acción real contra el cambio climático", dijo Selvey.
Ese deseo parece auténtico. Según una encuesta realizada en marzo y difundida a comienzos de este mes por el Instituto Lowy para las Políticas Internacionales, con sede en Sydney, 72 por ciento de los consultados dijeron querer que Australia, uno de los principales contaminantes mundiales con carbono por persona, tome medidas para reducir sus emisiones incluso si no se llega a un acuerdo mundial posterior al Protocolo de Kyoto.
Y eso es lo que ahora se implora a la primera ministra, que aspira a ser ratificada en su cargo en elecciones que probablemente se celebren en pocos meses.
"Felicito a la señora Gillard y la urjo a liderar un viraje (para que Australia pase) de una economía dependiente del carbono a una economía limpia y un ambiente saludable", dijo Don Henry, presidente de la no gubernamental Fundación Australiana para la Conservación.
En una conferencia de prensa realizada la semana pasada, Gillard señaló que el cambio climático es una prioridad de su gobierno, junto con la situación de los refugiados y un acuerdo sobre el impuesto a la minería.
Agregó que, de ser electa en los próximos comicios, retomará el proyecto del comercio de carbono en el ámbito nacional e internacional.
Gillard también ha planteado que, de no lograr un apoyo amplio al programa de comercio de carbono, posiblemente introduzca un impuesto al carbono, a fin de promover las energías renovables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sea cuales sean las políticas que Gillard adopte en relación al cambio climático, si sus acciones no concuerdan con sus palabras probablemente deberá pagar un costo político tan fatal como el que le valió el puesto a Rudd.
